*Catálogo Colectivo de Bibliotecas Judiciales – Consejo General del Poder Judicial de España
*Libro incorporado al Catálogo Colectivo de Bibliotecas Judiciales (Consejo General del Poder Judicial de España):
«Maltrato Familiar y Discriminación Múltiple» -un enfoque humanista de mujeres ancianas, discapacitadas, indígenas, niñas y adolescentes.
Autora Roberta LÍDICE.
J.M. Bosch Editor – Barcelona.
*BOOK DETAILS
Disponible en la Librería Bosch – Barcelona, así como en las principales librerías de España, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.
Book: «MALTRATO FAMILIAR Y DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE» – UN ENFOQUE HUMANISTA DE MUJERES ANCIANAS, DISCAPACITADAS, INDÍGENAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Author: Roberta LÍDICE
Publisher: J.M. Bosch Editor
Publication City/Country Barcelona, Spain
Language: Spanish
Edition Year: 2023
ISBN paperback: 9788419580405
ISBN digital: 9788419580412
*Sinopsis: En este libro se pretende promover la reflexión y sensibilización para la prevención del maltrato familiar y la discriminación múltiple perpetrados contra el colectivo de mujeres, desde una perspectiva jurídico-social y bajo un enfoque humanista, orientado hacia este fenómeno delictivo que significa la violencia perpetrada en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares, afectivas y de convivencia, haciéndose especial hincapié a las mujeres ancianas, discapacitadas, indígenas, niñas y adolescentes. Por otra parte, se subraya que, en este trabajo de investigación, se propone demostrar la importancia de la implementación de políticas públicas y medidas efectivas del Estado para hacer frente a la violencia contra la mujer practicada en el entorno familiar, basada en múltiples factores, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar esta lacra social, que puede ser considerada como una cuestión de salud pública y seguridad ciudadana.
A este propósito, cumple consignar la gran relevancia del tema de investigación propuesto, puesto que se hace urgente una acción efectiva del Estado para combatir la violencia y discriminación ejercidas hacia las mujeres dentro y fuera del hogar, ya sea basada en género o cualquier otro factor de exclusión u opresión, no olvidando que la sociedad también asume plena responsabilidad en romper el silencio, denunciando el maltratador a las autoridades competentes, lo que resulta evidente que esta causa no es contra el hombre, sino contra los agresores, valiéndose así de los derechos y garantías fundamentales, los cuales son inherentes a todos los ciudadanos, sin cualquier distinción por motivos de edad, raza, religión o cualquier otro factor concerniente al orden estructural.
*LÍDICE, Roberta. «Maltrato Familiar y Discriminación Múltiple» – un enfoque humanista de mujeres ancianas, discapacitadas, indígenas, niñas y adolescentes. Barcelona: J.M. Bosch Editor, marzo 2023, 298p. ISBN 9788419580405.
Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España, habiendo obtenido la calificación de «Sobresaliente Cum Laude». Investigadora y Consultora Jurídica, actuante en el ámbito del Derecho Público y Empresarial (de forma preventiva y consultiva), con énfasis en el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social, y en la implementación y gestión de procesos del Canal de Denuncias e Investigación. Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales.
*Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal. Edição 108. ISSN 2179-1627.
Comentário Síntese: Penal
Violência contra crianças e adolescentes [1]
“A violência contra crianças e adolescentes se faz presente em muitos lares brasileiros, ocorrendo em qualquer dia e horário, principalmente nos fins de semana, quando o agressor encontra-se mais tempo em casa, sendo esta violência física, psicológica, sexual ou moral. Há casos em que as vítimas ou seus parentes não denunciam o crime; sendo assim, os praticantes da violência continuam agindo livremente, como se nada tivesse acontecido. O silêncio é motivado pelo constrangimento ou pelo trauma de relatar a ocorrência. Também pela certeza que muitas vítimas têm de que nada vai acontecer com o criminoso. Não são poucas as denúncias de abusos sexuais em casa, castigos corporais e, até mesmo, humilhações e discriminações na escola, cabendo às autoridades e à sociedade um posicionamento firme e combativo contra esses crimes”.
Assunto como esse, caro leitor, de autoria da Dra. Roberta LÍDICE[2], você poderá encontrar na Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal.
[1] LÍDICE, Roberta. “Violência contra crianças e adolescentes: implicações jurídicas e psicológicas do crime”. In: Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual. Porto Alegre: Editorial SAGE – IOB, ed. 108, ano 2018, p. 206-211. ISSN 2179-1627.
[2] ROBERTA LÍDICE:Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora Jurídica, atuante no âmbito do Direito Público e Empresarial (de forma preventiva e consultiva), com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social, e na implementação e gestão de processos do Canal de Denúncias e Investigação. *Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais
Roberta Lídice Consultoria Jurídica, Pesquisa e Desenvolvimento | Research and Development/Investigación y Desarrollo
*Libro incorporado al acervo de la prestigiosa Biblioteca Francisco de Vitoria, perteneciente a la Universidad de Salamanca: “Violencia Contra la Mujer y Maltrato Familiar” – Autora: Roberta LÍDICE.
Estimados lectores:
Les informamos que la prestigiosa Biblioteca Francisco de Vitoria, perteneciente a la Universidad de Salamanca, ha incorporado a su importante y notable acervo bibliográfico el libro Violencia Contra la Mujer y Maltrato Familiar, de la autora Roberta LÍDICE.
*BOOK DETAILS
Disponibleen la Librería Bosch – Barcelona, así como en las principales librerías de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Australia, Corea, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.
Libro: Violencia Contra La Mujer y Maltrato Familiar.
Author: Roberta LÍDICE
Publisher: J.M. Bosch Editor
Publication City/Country Barcelona, Spain
Language Spanish
Edition Year: 2019.
ISBN papel: 978-84-120770-0-1
ISBN digital: 978-84-120770-1-8
Prologue: Dr. Mariem De la Rosa Bedriñana – Supreme Court Judge (Supreme Court of Justice of Peru)
*Sinopsis: Este libro aproxima al lector a un estudio del grave problema social de la violencia contra la mujer y el maltrato familiar, así como señala la necesidad de romper el silencio de la sociedad ante una situación de violencia contra las mujeres y los miembros del grupo familiar, bajo una óptica global. La violencia intrafamiliar es considerada una violencia de género, una vez que está basada en las desigualdades de poder que existen entre hombres y mujeres, contribuyendo a perpetuar la discriminación, opresión y los maltratos cometidos en el hogar. Es urgente una sanción efectiva de los Estados, a fin de que por medio de instrumentos nacionales e internacionales sea posible prevenir y erradicar este tipo de violencia, siendo evidente que esta causa no es contra el hombre, sino contra los agresores. Así pues, es imprescindible una toma de conciencia social de la gravedad de este flagelo social para que se pueda combatir.
Así pues, se puede indicar este libro como una herramienta muy útil para jueces, abogados y sociedad en general, siendo una llamada de atención al Estado dando a fin de desterrar este fenómeno delictivo que constituye un atentado contra los derechos humanos y un problema crónico de salud pública global.
Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España, habiendo obtenido la calificación de «Sobresaliente Cum Laude». Investigadora y Consultora Jurídica, actuante en el ámbito del Derecho Público y Empresarial (de forma preventiva y consultiva), con énfasis en el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social, y en la implementación y gestión de procesos del Canal de Denuncias e Investigación. Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales.
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España, habiendo obtenido la calificación de «Sobresaliente Cum Laude», ha defendido su Tesis Doctoral titulada «El Estado Brasileño frente a la lucha contra la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género: la importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas».
Calificación: Sobresaliente «Cum Laude» Puntuación a efectos de Premio Extraordinario : 30 Ámbito de conocimiento asignado por el Tribunal: Derecho
*Tesis Doctoral: «El Estado Brasileño frente a la lucha contra la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género: la importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas».
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad.
Línea de Investigación: Transversalidad Jurídica y Políticas de Género (Políticas de Igualdad, Violencia de Género, Conciliación de la Vida Familiar y Laboral).
RESUMEN
En este trabajo de investigación, se presenta las discusiones extraídas desde la propuesta de abordaje de este importante, complejo, crítico y siempre actual tema de la violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer basada en género, enfocándose en un análisis no solamente en el ámbito del sistema jurídico normativo, sino también en las discusiones actuales en el estudio de las políticas públicas que respondan de manera adecuada y efectiva a los actos de discriminación y violencia dirigidos, específicamente, a esta población particularmente vulnerable, desde una perspectiva interdisciplinar aplicada al escenario brasileño, con miras a la elaboración de un texto disertativo y argumentativo como forma de elección del método de investigación utilizado.
Por otro lado, se debe tener presente que el machismo es uma lacra histórica y endémica que no se elimina de la noche a la mañana, lo que llega a incidir en la impunidad de los agresores en un sistema de justicia todavía tolerante y patriarcal, que hace caso omiso de la violencia contra la mujer practicada en el entorno familiar o en una relación íntima de afecto, lo que se ha conformado como una construcción social.
En este orden de ideas, resulta oportuno recalcar que las acciones de los movimientos de mujeres y feministas, a través de las prácticas de advocacy, impulsan cambios significativos en la legislación brasileña y las políticas nacionales, por medio de iniciativas y propuestas orientadas a mejorar las convenciones y los instrumentos normativos, de manera que se supriman los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, incluido el derecho a vivir sin violencia.
De esta manera, se destacan como características importantes de los objetivos a ser alcanzados en esta investigación científica los siguientes: plantear un análisis del marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos en materia de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer basada en género, tanto en el ámbito universal como regional; examinar la legislación y la eficacia del ordenamiento jurídico brasileño, con la finalidad de elaborar un estudio amplio y detallado sobre las intervenciones del Estado para enfrentar este fenómeno delictivo que significa la violencia contra la mujer basada en género practicada en su entorno familiar, subrayándose la imperiosa necesidad de promover la innovación en la lucha contra esta lacra social; analizar la aplicación y eficacia de la Ley Maria da Penha (Ley Nº 11.340/2006) por el sistema de justicia brasileño, haciendo especial hincapié en el amparo y la reparación integral del daño sufrido como consecuencia de un delito y/o violación a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar basada en género; identificar los delitos perpetrados contra la mujer en el ámbito doméstico, familiar o en una relación íntima de afecto; examinar y considerar las medidas de protección para las mujeres en situación de violencia doméstica e intrafamiliar; analizar las políticas e intervenciones del Estado brasileño orientadas a la prevención, protección, sanción, investigación y erradicación de la violencia contra la mujer perpetrada en el seno de la familia, así como sus avances, retos y desafíos para enfrentar los efectos negativos de esta modalidad delictiva; y, analizar y sistematizar los factores que influyen en la implementación del programa de buenas prácticas para la sensibilización, concienciación y prevención de la violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer basada en género, tanto en el ámbito público como el privado.
En tal sentido, inicialmente, en el capítulo I se ha planteado un análisis del marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos en materia de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer basada en género, tanto en el ámbito universal como regional, aplicable al derecho de las mujeres a acceder a recursos judiciales idóneos, sencillos y efectivos, enfatizando el deber del Estado en la adopción de medidas integrales para actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer practicada en el hogar y sus diferentes formas de manifestación.
También cabe añadir el aumento exponencial de la violencia infligida en el seno de la familia en todo el mundo, debido a la pandemia de COVID-19. A este respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los países que adopten medidas contra el estremecedor repunte de la violencia doméstica a raíz del confinamiento y aislamiento global, con el fin de combatir la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la sociedad.
Téngase en cuenta que la violencia contra la mujer se ha manifestado de forma más severa en razón del confinamiento y aislamiento social, intensificando así el riesgo de los malos tratos perpetrados por compañeros íntimos. Si bien es cierto que, el silencio de las víctimas puede ser un gran aliado del agresor, y por ello la necesidad de que todos los ciudadanos, con independencia de su género y de cualquier otro factor, deben romper el silencio frente a los actos de violencia cometidos contra el colectivo de mujeres, denunciando el maltratador a las autoridades competentes.
De eso se desprende la necesidad de implementar medidas efectivas para hacer frente a la violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia, dentro y fuera del hogar, incluyendo los planes de preparación y respuesta, para así proporcionar un acceso asequible e igualitario a los servicios esenciales en el sector de atención sanitaria, los servicios sociales, y los sectores policial y judicial, los que pueden mitigar de manera significativa las consecuencias que tiene este tipo delictivo sobre la integridad física, psíquica y moral de la mujer.
En este mismo orden y dirección, en el capítulo II se ha abordado el estudio de la legislación brasileña sobre la violencia contra la mujer en el contexto del hogar basada en género, con el fin de conocer, en el contexto histórico y social del marco normativo en Brasil, y cómo los abusos y los malos tratos familiares perpetrados contra la mujer han traspasado la esfera privada, de la familia, a la esfera pública.
Por consiguiente, se analizará la Ley Maria da Penha y su aplicación, eficacia, perspectivas y retos frente a los casos de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer y sus diferentes formas de manifestación, además de comprender las diversas estrategias para abordar el problema, las medidas de protección integral a las víctimas, los servicios de atención, el planteamiento de la red de apoyo a las mujeres y su importancia, teniendo en cuenta la complejidad de la violencia practicada en el hogar, la cual requiere medidas inmediatas, y principalmente un cambio de mentalidad y una concienciación social donde se refuerzan las habilidades empáticas que favorecen el sentido de pertenencia social y de comunidad, con miras a poner fin a esta lacra social de orden global, que sigue siendo responsable del retraso del desarrollo humano, impidiendo así que se establezca una cultura de paz entre hombres y mujeres.
En respuesta a este problema que sufren muchas mujeres brasileñas, la Ley Maria da Penha también ha contribuido para la expansión de la red de combate a la violencia contra la mujer y también de la red de asistencia a la mujer. Sin embargo, cabe advertir que la existencia de los múltiples servicios de atención y asistencia, incluso tratándose de un avance importante, no representa una garantía de efectividad de la red, ya que se exige la responsabilidad en el ofrecimiento de servicios esenciales de calidad y en el diálogo entre los pares, con la intención de prevenir y superar la ruta crítica que afecta de manera desproporcionada a la población femenina.
Por ende, en el capítulo III se ha discutido los avances y desafíos del Estado brasileño frente a la lucha contra la violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer por razón de género, así como la imperiosa necesidad de promover la investigación y la innovación transformativa y positiva orientada a la efectividad de los mecanismos de protección de millones de mujeres brasileñas que sufren actos de violencia y discriminación en su entorno familiar.
Teniendo en cuenta este escenario de violencia practicada contra la mujer en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto, se ha advertido sobre la importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas, desde una perspectiva transversal e interdisciplinar implicada al crítico y complejo contexto brasileño, centrándose en este fenómeno delictivo, persistente, generalizado e inaceptable, que figura como un grave e inminente problema del orden social que insiste en subsistir en nuestra sociedad.
De este modo, se subraya que las políticas y programas deben ser monitoreados constantemente por las autoridades competentes, para evitar que las situaciones de violencia que afectan de manera desproporcionada al colectivo de mujeres sean desconsiderados, aminorados u olvidados. Como hemos podido observar, el Brasil avanza de forma progresiva en la lucha contra la violencia perpetrada hacia esta población particularmente vulnerable, todavía hay mucho por hacer, lo que resulta imprescindible la participación de la mujer en los espacios de poder y toma de decisiones, eliminando así la brecha de género en diversos aspectos de la sociedad, trayendo discusiones transversales, con el apoyo de las autoridades públicas, y contribuyendo para la transformación y evolución ciudadana.
Hecha las consideraciones anteriores, no cabe duda de que los asuntos dirigidos a la seguridad de la mujer brasileña, como su circulación por la ciudad, libre de acosos, abusos y violencia perpetrados dentro y fuera del hogar, deben ser asuntos de primer orden en la formación de la agenda pública y discutidos de manera urgente por el Gobierno brasileño, con miras a impulsar acciones legislativas que buscan garantizar la integridad del ser humano y la erradicación de la violencia, contribuyendo para la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales.
Yo sostengo, que la dignidad y la justicia deben formar parte de nuestras vidas, y que seamos valientes para denunciar y reivindicar nuestros derechos constitucionales y fundamentales, actuando como agentes de cambios, sin importar su condición o género, en responsabilidad conjunta con las autoridades nacionales y los organismos regionales e internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, en el sentido de alcanzar la plena igualdad, identidad y justicia social.
Y como ya nos ha enseñado Platón: «Podemos perdonar fácilmente a un niño que le teme a la oscuridad; pero la real tragedia de la vida es cuando los adultos le temen a la luz». (PLATÓN, ATENAS, 428/427 a.C. – 348/347 a. C.).
ROBERTA LÍDICE Doctora en Derecho Escuela de Doctorado “Studii Salamantini” Facultad de Derecho | Universidad de Salamanca Correo:robertalidice@usal.es
***
TRIBUNAL EVALUADOR DE TESIS DOCTORAL
*Directora de Tesis Doctoral: Dra. Dª María Mercedes Iglesias Bárez (Universidad de Salamanca) – España.
“Lute para conquistar seus objetivos e colha os resultados: quem não luta, não conquista”
Por Roberta LÍDICE
“Sucesso no Brasil é ofensa pessoal” – Tom Jobim
No decorrer da nossa caminhada pela vida, algumas pessoas tentarão te sabotar, desmotivar, dizer que você “não pode” e ainda assim, especular sobre suas conquistas. Você se esforça, estuda, renuncia a diversas coisas, trabalha incansavelmente para atingir os seus objetivos e então, começam as especulações por parte daqueles que “esperam” oportunidades, ao invés de criá-las.
Outros se afastarão, pois somente somos considerados como “boas pessoas”, quando estamos em um “patamar” que estes julgam ser “abaixo deles”. Nesse sentido, devemos encarar esse tipo de situação como parte de nossa evolução e amadurecimento. Essas pessoas nos ensinam a não sermos como elas.
Que jamais anulemos nossos talentos e quem somos, na tentativa de silenciar nossos críticos. As pessoas “do contra” sempre existirão, mesmo que você dê o seu melhor. Por essa razão, independentemente do que qualquer pessoa diga ou pense ao nosso respeito, devemos seguir em frente e focados em nossos objetivos, dando atenção às nossas próprias necessidades, seguindo as instruções do nosso Criador, a fim de que possamos assumir o que nos foi reservado, na execução do Seu plano, tendo em mente que: não temos que provar nada a ninguém, mas sim, para nós mesmos.
Enfim, aquele que se esforça, colhe o resultado de seus esforços – Lei do Universo. Portanto, sonhe alto, trabalhe duro e colha os resultados, lembrando que, você é a única pessoa que pode ter uma visão ampla de si mesmo e para o Universo jamais seremos invisíveis…
*Evento | Filiação do Vereador Aurélio Nomura ao PSD (março/2024)
Sinto-me honrada e agradecida pelo recebimento do convite para participar do evento de filiação do Vereador Aurélio Nomura ao PSD, realizado em 15 de março de 2024, na Associação Cultural e Assistencial Mie Kenjin do Brasil (Vila Mariana, São Paulo).
Cumpre ressaltar que o Ilustre Vereador Nomura é uma referência, no que tange a atuação parlamentar responsável, transparente e honesta.
Vereador Aurélio Nomura, parabéns por este importante momento de sua trajetória política e vida pública!!
Dra. Roberta Lídice.
*Com o Ilmo. Sr. Vereador Aurélio Nomura, no evento de filiação ao PSD.
*Com o Ilmo. Sr. Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo, no evento de filiação do
Vereador Aurélio Nomura ao PSD.
*Prefeito Ricardo Nunes e Dra. Celma Lídice, no evento de filiação do
Vereador Aurélio Nomura ao PSD.
*Evento de Filiação do Vereador Aurélio Nomura ao PSD,
realizado em 15 de março de 2024,
na Associação Cultural e Assistencial Mie Kenjin do Brasil
(Vila Mariana, São Paulo).
*Evento de Filiação do Vereador Aurélio Nomura ao PSD (março/2024) –
Associação Cultural e Assistencial Mie Kenjin do Brasil
(Vila Mariana, São Paulo).
*Evento de Filiação do Vereador Aurélio Nomura ao PSD (março/2024) –
Associação Cultural e Assistencial Mie Kenjin do Brasil
(Vila Mariana, São Paulo).
Dra. Roberta Lídice e Vereador Aurélio Nomura (PSD).
*Evento de Filiação do Vereador Aurélio Nomura ao PSD (março/2024) –
Associação Cultural e Assistencial Mie Kenjin do Brasil
(Vila Mariana, São Paulo).
*Créditos de imagens: Roberta LÍDICE, São Paulo, março/2024.
Roberta Lídice Consultoria Jurídica, Pesquisa e Desenvolvimento | Research and Development/Investigación y Desarrollo
“LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL CANAL DE DENUNCIAS”
UNA CUESTIÓN DE CIUDADANÍA
(“A Função Social da Ouvidoria e o Canal de Denúncias” – Uma questão de cidadania)
Autora: Roberta LÍDICE.
(Versión impresa y digital)
*BOOK DETAILS
Disponible en la Librería Bosch – Barcelona, así como en las principales librerías de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Australia, Corea, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.
Libro: La Función Social de la Defensoría del Pueblo y El Canal de Denuncias – Una Cuestión de Ciudadanía.
Author: Roberta LÍDICE
Publisher: J.M. Bosch Editor
Publication City/Country Barcelona, Spain
Language: Spanish
Edition Year: 2020.
ISBN papel: 978-84-122314-7-2
ISBN digital: 978-84-122314-8-9
Prologue:Horacio Alfano – Forensic Doctor in the Judicial Authority of Santiago del Estero, Argentina Republic.
*Sinopsis: Este libro pretende ofrecer al lector una muestra amplia y detallada acerca de la función social de la Defensoría del Pueblo y las actuaciones del Canal de Denuncias en la gestión de los procesos, con el enfoque en la solución end-to-end, para una actuación efectiva del Case Management en instituciones públicas y privadas. En ese sentido, se puede constatar que las actividades de estos canales están centrados en la recepción, análisis, investigación y tratamiento de las quejas recibidas, asumiendo la responsabilidad de apertura, cierre y demás actos relativos a los casos presentados, desarrollando así un trabajo eficiente y efectivo, con la búsqueda de evidencias y producción de elementos probatorios, cumpliendo con los principios y derechos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, con el objetivo de detectar y manejar casos que presentan conductas criminales, comportamiento poco ético, estafadores y detentores de informaciones, de modo que las prácticas y actitudes que no cumplan con el Código de Conducta y Ética Organizacional sean informadas de manera responsable y analizadas por los canales de quejas y denuncias.
En este contexto, se puede afirmar que se trata de un instrumento de control interno en el ámbito de la administración pública, y una herramienta estratégica de inteligencia empresarial, siendo un gran aliado para la gestión de riesgos en las organizaciones. Así pues, se destaca la importancia de los canales de atención al ciudadano, cuya finalidad es estimular la participación social para la concreción del ejercicio pleno de la ciudadanía y promover la toma de consciencia respecto a sus derechos y garantías fundamentales, tales como: igualdad, libertad y dignidad, independientemente de raza, color, religión o clase social. A su vez, el referido canal debe actuar de modo que proporcione una comunicación accesible a todos, basado en el respeto a la diversidad, libre de racismo y discriminación, y sobre todo, con el compromiso de fomentar la inclusión social y promover la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es la utilización de la ciencia con conciencia.
Para conocer el prólogo, resumen e índice de este libro, puede consultar el siguiente enlace:
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España. Professora-Pesquisadora e Consultora Jurídica, atuante no âmbito do Direito Público e Empresarial (de forma preventiva e consultiva), com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social, e na implementação e gestão de processos do Canal de Denúncias e Investigação. *Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta LÍDICE. Palestra disponível em: https://youtu.be/ZpdHnwWcYxU(Canal YouTube – Roberta Lídice)
“16 de março: Dia Nacional do Ouvidor”
Por Roberta LÍDICE¹
Texto: “16 de março: Dia Nacional do Ouvidor”
Autora: Dra. Roberta LÍDICE
*(Texto original publicado no site Jus Navigandi, em março/2017. Atualizado em: março/2020).
Conforme dispõe a Lei Nº 12.632, de 14 de maio de 2012, fica instituído o Dia Nacional do Ouvidor, a ser comemorado no dia 16 de março de cada ano. Em relação a função social do Ouvidor, a Ouvidoria Geral da Cidade de São Paulo, assim conceitua:
O reconhecimento legal fortalece o papel do ouvidor, cujo objetivo é garantir e dar voz, tanto interna quanto externamente, ao cidadão, ao consumidor e ao funcionário. Desta forma, o ouvidor transforma cada manifestação em importante ferramenta de gestão, recurso precioso para garantir um serviço ou produto de excelência. O ouvidor dimensiona cada demanda de forma a garantir o exercício da cidadania e, com isso, garantir um Estado Democrático.
Nesse sentido, a Ouvidoria, na sua compreensão atual – que não se confunde com aquela antiga figura do Ouvidor no Brasil Colonial, uma espécie de juiz ou auxiliar direto dos donatários das capitanias hereditárias -, estabelece-se como um canal de manifestação do cidadão, configurando-se, assim, como um mecanismo de exercício da cidadania e meio estratégico de apoio à gestão das organizações, seja na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, seja para atender às crescentes necessidades de transparência, arejamento e revisão de processos impostos às organizações pela nova ordem social globalizada. Senão veja-se:
Em 1995: A primeira Ouvidoria Pública no Brasil foi instalada na cidade de Curitiba;
Em 1989: O Jornal Folha de São Paulo, de forma pioneira, instituiu a sua figura do Ombudsman;
Em 1993: Na iniciativa privada, também se destacou o Grupo Pão de Açúcar, o qual lançou seu Ombudsman;
Em 2004: A TV Cultura tornou-se a primeira emissora de TV pública do país a estabelecer um Ombudsman;
Área Pública Estadual Paulista:
Em 1992: Implantação da Ouvidoria do PROCON;
Em 1993: Implantação da Ouvidoria do IPEM;
Em 1995: Implantação da Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública, por meio de um decreto do então governador Mário Covas;
Em 1996: Implantação de um piloto de Ouvidoria na Secretaria da Saúde.
OUVIDORIA NO BRASIL
A emenda aprovada, durante a elaboração da Constituição Brasileira de 1988, descentralizou a Ouvidoria. A partir dela, qualquer poder executivo pode, por lei ou decreto, estabelecer a sua Ouvidoria. Se fosse instituída apenas como Ouvidoria Geral, como se pretendeu, ela se reportaria ao parlamento, ficando presa, longe do cidadão e politicamente não cumpriria o seu papel. Da forma como ficou estabelecido, o Ouvidor torna-se representante direto do cidadão. Funciona ao contrário das origens, quando o ouvidor controlava os súditos em prol do rei. Hoje ele defende o cidadão e a pressão exercida sobre o ouvidor, identifica o bom ou mau serviço do setor Público ou Privado.
Neste contexto, cumpre salientar que este é um dos objetivos básicos de nossa Constituição de 1988, onde se prevê a norma para proteger o cidadão perante o Estado – Norma Garantista. A partir deste momento, o processo de criação de Ouvidorias começou a ser difundido em todo país.
OUVIDORIA EM SÃO PAULO
De acordo com a Lei Estadual 10.924, de 20 de abril de 1999, de defesa do usuário do serviço público, e o decreto 44.074, 1º de julho de 1999, que regulamenta a composição e define as competências das Ouvidorias de Serviços Públicos, o Estado de São Paulo estabeleceu que todas as organizações ligadas ao Estado tenham as suas Ouvidorias, formando uma rede.
Assim, a lei determina que todos os Órgãos Públicos do Estado nomeiem seus Ouvidores e que as empresas de economia mista e as concessionárias subordinem-se à mesma lei. No Governo do Estado de São Paulo, a Ouvidoria mais antiga é a da Polícia, criada em janeiro de 1995, por meio de um decreto do então governador Mario Covas.
Cumpre ressaltar que, no total, só na área pública, o Estado de São Paulo agrega, segundo informações oficiais do Governo Estadual, cerca de 165 ouvidorias, sendo 26 entre as concessionárias de serviços públicos. Recentemente foi lançado decreto reforçando a lei, que determina a apresentação de relatórios a cada seis meses.
Já no Setor Privado, observamos que as empresas percebem a necessidade de avançarem além dos serviços básicos de atendimento ao consumidor e agregam a Ouvidoria/Ombudsman, a fim de melhorarem os produtos e serviços oferecidos aos clientes, garantindo a fidelização e boa imagem no mercado.
Nessa ordem de ideias, vale também mencionar que o Ouvidor deve estar atento a tudo que ocorre dentro e fora da empresa ou instituição a qual atue, com o devido cuidado de preservar a qualidade de serviços e produtos prestados ao cliente/consumidor, investigando e detectando as falhas existentes, apresentando as propostas de melhorias à Diretoria Administrativa, podendo corrigir e implementar novos procedimentos, que terão o condão de agregar valor, eficiência e celeridade aos processos.
Por fim, pode-se concluir que a Ouvidoria é um instrumento fundamental para a consolidação da cultura de transparência, garantindo a fidelização dos cidadãos, trazendo fortalecimento da imagem e distinção às Instituições Públicas, com o reconhecimento de suas ações pela transparência e responsabilidade social. Sendo assim, é dever do Ouvidor prestar um atendimento de excelência, com foco em relacionamento, não como um sistema meramente operacional, e, sim, na busca pela qualidade e melhor estratégia de negócios, bem como para a preservação da imagem da instituição pública ou privada.
ÉTICA:
“A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos os que fazemos repetidamente. Ou seja: nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura” –
Aristóteles.
[1] ROBERTA LÍDICE: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora jurídica. Ouvidora, com certificado expedido pela Ouvidoria-Geral da União (OGU) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para o exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social. Especialista de Case Management, com atuação end-to-end na gestão de processos do Canal de Denúncias e Ética Corporativa. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta Lídice. Professora Conferencista, Advogada e Consultora Jurídica. Ouvidora/Ombudsman, devidamente certificada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para o exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social – PROFOCO. “A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência. Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – Roberta Lídice. Palestra disponível no Canal YouTube – Roberta Lídice: https://youtu.be/ZpdHnwWcYxU
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta Lídice. Professora Conferencista, Advogada e Consultora Jurídica. Ouvidora/Ombudsman, devidamente certificada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para o exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social – PROFOCO. “A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência. Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – Roberta Lídice. Palestra disponível em: Canal YouTube – Roberta Lídice: https://youtu.be/ZpdHnwWcYxU
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta Lídice. “A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – Roberta Lídice. Canal YouTube Roberta Lídice:https://www.youtube.com/watch?v=ZpdHnwWcYxU&list=PLwM_elekCaP0wpKc7YVVjC68Ry3yZH_OI&index=2
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ROMPENDO O SILÊNCIO. Expositora: Dra. Roberta Lídice. Autora do livro “Violencia Intrafamiliar: Rompiendo el Silencio”. A Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º, do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
*SEMANA DO CONSUMIDOR
*Foto: LÍDICE, Roberta. El Contrato de Adhesión. Chile: Ediciones Olejnik, 2018.
*15 de Março: Dia Internacional do Consumidor
Por Roberta LÍDICE¹
O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado, pela primeira vez, em 15 de março de 1983. Esta data foi escolhida em razão do famoso discurso feito, em 15 de março de 1962, pelo então presidente dos EUA, John Kennedy. Em seu discurso, Kennedy salientou que, todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. Isto provocou debates em vários países e estudos sobre a matéria, sendo, por isso, considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores.
No Brasil, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990, com a Lei nº 8.078, mas entrou em vigor apenas em 11 de março de 1991. Sua necessidade nasceu da luta do movimento de defesa do consumidor no País, que começou com a vigência da Lei Delegada nº 4, de 1962, e se fortaleceu em 1976, com a criação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo. Isso serviu de incentivo e modelo para a criação dos demais PROCON´s do País, inclusive o de Santa Catarina, em 1988.
Nesse sentido, cumpre destacar que os PROCON´s e os movimentos de defesa do consumidor pressionaram o Congresso Constituinte, o qual aceitou a proposta de inserir na Constituição Federal de 1988 a defesa do consumidor. Sendo assim, o inciso XXXII, do art. 5º da CF 88 diz que:
“O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
Neste contexto, frisa-se que, no título que trata da Ordem Econômica e Financeira, a defesa do consumidor foi incluída como um dos princípios gerais da atividade econômica, nos termos do artigo 170, inciso V, da Carta Magna de 1988. A partir de então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) disciplinou todas as relações de consumo, com dispositivos de ordem Civil, Processual Civil, Penal e de Direito Administrativo.
Pelo exposto, pode-se constatar que um dos maiores avanços do CDC é o do reconhecimento da vulnerabilidade de todo o consumidor no mercado de consumo que em concurso com outros princípios -igualdade, liberdade, boa-fé objetiva, repressão eficiente dos abusos-, visa atender as necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.
Por fim, o que faz do Código de Defesa do Consumidor uma das leis mais avançadas do mundo não é o fato dele nascer de um processo de elaboração legislativa de iniciativa do Governo Federal ou do Congresso Nacional e sim, da pressão da sociedade representada no movimento consumerista, pressionando, discutindo, exigindo, tornando-se presente. Em razão disso, conclui-se que mais importante que a lei é o movimento de defesa do consumidor.
[1] ROBERTA LÍDICE: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora Jurídica, atuante no âmbito do Direito Público e Empresarial (de forma preventiva e consultiva), com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social, e na implementação e gestão de processos do Canal de Denúncias e Investigação. *Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
ARTIGO: “O MOVIMENTO CONSUMERISTA E A LEI 8.078/90: PELA DEFESA E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NO BRASIL”
Por ROBERTA LÍDICE [¹]
O que faz do Código de Defesa do Consumidor uma das leis mais avançadas do mundo não é o fato dele nascer de um processo de elaboração legislativa de iniciativa do Governo Federal ou do Congresso Nacional e sim, da pressão da sociedade.
O MOVIMENTO CONSUMERISTA
O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado, pela primeira vez, em 15 de março de 1983. Esta data foi escolhida em razão do famoso discurso feito, em 15 de março de 1962, pelo então presidente dos EUA, John Kennedy. Em seu discurso, Kennedy salientou que, todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. Isto provocou debates em vários países e estudos sobre a matéria, sendo, por isso, considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores.
No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990, com a Lei nº 8.078, mas entrou em vigor apenas em 11 de março de 1991. Sua necessidade nasceu da luta do movimento de defesa do consumidor no País, que começou com a vigência da Lei Delegada nº 4, de 1962, e se fortaleceu em 1976, com a criação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo. Isso serviu de incentivo e modelo para a criação dos demais PROCONs do País, inclusive o de Santa Catarina, em 1988.
Os PROCONs e os movimentos de defesa do consumidor pressionaram o Congresso Constituinte que aceitou a proposta de inserir na Constituição Federal de 1988 a defesa do consumidor. Sendo assim, o inciso XXXII, do art. 5º da CF 88 diz que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. No título que trata da Ordem Econômica e Financeira, a defesa do consumidor foi incluída como um dos princípios gerais da atividade econômica, nos termos do art. 170, V, da CF 88. A partir de então, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplinou todas as relações de consumo, com dispositivos de ordem civil, processual civil, penal e de direito administrativo.
Um dos maiores avanços do CDC é o do reconhecimento da vulnerabilidade de todo o consumidor no mercado de consumo que em concurso com outros princípios, como da igualdade, liberdade, boa-fé objetiva, repressão eficiente dos abusos, visa atender as necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.
O que faz do Código de Defesa do Consumidor uma das leis mais avançadas do mundo não é o fato dele nascer de um processo de elaboração legislativa de iniciativa do Governo Federal ou do Congresso Nacional e sim, da pressão da sociedade, representada no movimento consumerista, pressionando, discutindo, exigindo, tornando-se presente. Por isso, mais importante que a lei é o movimento de defesa do consumidor.
LEI 8078/90: PELA DEFESA E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NO BRASIL
As reclamações mais comuns realizadas pelos consumidores brasileiros são: produtos com defeito e cobranças indevidas.
O Código de Defesa do Consumidor – Lei N. 8.078/90 prevê duas espécies de vícios dos produtos ou serviços: o vício por insegurança, previsto nos artigos 12 e seguintes; o vício por inadequação, previsto nos artigos 18 e seguintes. Ambos estabelecem responsabilidades para o fornecedor.
O vício por insegurança decorre do fato de o produto ou serviço não oferecer a segurança que dele legitimamente se espera, o que pode ocasionar acidentes de consumo. Todos os danos que sejam causados ao consumidor pelo produto ou serviço com vício de insegurança devem ser reparados pelo fornecedor. O prazo legal para que o consumidor exija a reparação desses danos é de cinco anos, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento, pelo consumidor, do dano e de sua autoria.
Já o vício por inadequação, é aquele que torna o produto ou serviço impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor (vícios de diminuição do valor), ou, ainda que seja decorrente de falhas na informação ou publicidade do produto ou serviço (vício de disparidade informativa). No caso de produtos com esse tipo de defeito (vício por inadequação), o varejista que adquiriu a mercadoria do fabricante responde perante o consumidor solidariamente. Portanto, se o varejista comprou o produto com defeito, ainda que ignore tal fato, por não ter conhecimento da existência do defeito, ele é o primeiro responsável por esse defeito perante o consumidor, devendo buscar posteriormente com o fabricante (ou distribuidor) seu ressarcimento. A responsabilidade do fornecedor nesses casos decorre de expressa previsão legal, não podendo ser exonerada ou atenuada por disposição contratual, ainda que com a concordância do consumidor. O consumidor tem o direito de reclamar pelo vício de inadequação pelo prazo de 30 dias, tratando-se de fornecimento de produto durável, e pelo prazo de 90 dias, tratando-se de fornecimento de produto não durável.
De acordo com o artigo 26 do CDC, o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos e serviços, caduca em:
.30 (trinta) dias para produtos ou serviços não duráveis.
Por exemplo: alimentos, serviço de lavagem de roupa numa lavanderia.
.90 (noventa) dias para produtos ou serviços duráveis.
Por exemplo: eletrodomésticos, reforma de uma casa, pintura de carro.
Estes prazos são contados a partir da data que o consumidor recebeu o produto ou que o serviço terminou.
Se o defeito for difícil de notar (vício oculto), os prazos começam a ser contados da data em que o vício apareceu.
O artigo 18 do CDC, assim preceitua:
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1º – Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III – o abatimento proporcional do preço.
§ 2º – Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 (sete) nem superior a 180 (cento e oitenta) dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.
§ 3º – O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do
§ 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
§ 4º – Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.
§ 5º – No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.
§ 6º – São impróprios ao uso e consumo:
I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.”
No Código de Defesa do Consumidor, existem dois tipos de garantia: a legal e a contratual.
A garantia legal não depende do contrato que foi feito, pois já está prevista na lei, conforme dispõe os artigos 26 e 27 do CDC.
A garantia contratual completa a legal e é dada pelo próprio fornecedor. Chama-se termo de garantia, conforme dispõe o artigo 50 do CDC.
O consumidor, quando adquire bens duráveis ou não duráveis, tem garantias estabelecidas por lei, independente da garantia que o fornecedor possa oferecer.
Ainda no artigo 49 do CDC, o consumidor poderá valer-se do Direito de arrependimento, ou seja, quando o consumidor compra um produto ou contrata um serviço, e depois resolve não ficar com o produto ou não deseja mais fazer o serviço.
Vale ressaltar que, o consumidor somente terá o direito de arrepender-se e desistir do contrato, se o negócio foi feito fora do estabelecimento comercial (vendas por telefone, telemarketing, Internet, etc.)
O prazo é de 7 (sete) dias para arrependimento, em compras feitas por reembolso postal, por telefone ou em domicílio.
O referido prazo será contado a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço.
No caso de arrependimento, o consumidor deverá devolver o produto ou mandar parar o serviço.
Assim terá direito a receber o que você já pagou com juros e correção monetária, inclusive o reembolso das despesas pagas pelo envio do produto à sua residência.
Como e onde reclamar:
Diretamente ao fornecedor: muitas empresas já possuem o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, que atende às reclamações e procuram resolver o problema.
O telefone do SAC, normalmente, encontra-se nas embalagens dos produtos.
Para fazer valer seus direitos, o consumidor deverá sempre guardar a nota fiscal dos produtos que comprou e os recibos dos valores que pagou em caso de prestação de serviços. Somente com estes documentos, poderá reclamar, por exemplo, de um produto com defeito ou de um serviço mal feito.
PROCON: quando o consumidor não resolver seu problema com o fornecedor de um produto ou serviço, deverá procurar o PROCON. Existem PROCONS em todas as capitais e em diversas cidades do interior. Os PROCONS auxiliam na resolução de problemas, na tentativa de conciliar consumidor e fornecedor. Os PROCONS atendem o consumidor com problemas relacionados à Alimentos, Assuntos Financeiros, Habitação, Educação, Produtos, Saúde e Serviços.
Justiça: Alguns problemas de compra de produto ou pagamento de serviços têm de ser encaminhados à Justiça.
De acordo com o artigo 81 do CDC, a defesa do consumidor poderá ser exercida em juízo individualmente, ou por ação coletiva.
Se o valor da causa não exceder 40 salários mínimos, o consumidor poderá recorrer ao Juizado Especial Cível (Lei 9099/95).
O Juizado Especial dedica-se exclusivamente ao julgamento de ações movidas por pessoas físicas e tem o objetivo de simplificar e diminuir o tempo de alguns tipos de processos.
A sua competência abrange regiões ou bairros da cidade. Por isso, o consumidor que desejar acessar o Juizado Especial para solucionar um problema deve procurar o mais próximo da residência da pessoa contra quem pretende mover uma ação, do lugar onde comprou um produto ou mesmo da sua casa. É importante levar a Carteira de Identidade (RG), o CPF e cópias, Xerox autenticada, de todos os documentos relacionados à questão: notas fiscais, cheque, ordem de serviço de entrega do produto, folheto de publicidade, contrato, etc.
Nos casos de indenização que excederem 40 salários mínimos, se faz necessário recorrer à Justiça Comum, mediante a contratação de um advogado.
Se o dano for coletivo ou a um grupo, os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público ou as associações de consumidores podem, em nome próprio, entrar com uma ação em defesa dos prejudicados.
Com fulcro no artigo 6º, inciso VIII e Art. 38 CDC, podemos concluir que o Código de Defesa do Consumidor auxilia de várias maneiras a fazer valer os direitos dos consumidores na justiça.
Diversamente das normas do Código de Processo Civil no que concerne a obrigação de quem alega tem que provar, com documentos, fotografias, testemunhas etc., O Código de Defesa do Consumidor permite ao Juiz determinar ao fornecedor que providencie as provas. Quer dizer, a obrigação de provar será do fornecedor do produto ou do prestador de serviço e não daquele que reclama, no caso, o consumidor.
Vale ressaltar que, apesar da morosidade da Justiça, no que tange a resolução de problemas, sabe-se que o CDC, especialmente, abriu a possibilidade de utilização de instrumentos de administração do tempo do processo (execução específica), existentes agora no processo civil de modo amplo. Porém, a resolução definitiva ainda continua demorada, apesar dos Juizados Especiais, o que causa insegurança jurídica para o consumidor.
Dentre os procedimentos mais comuns adotados pelos grandes fornecedores para suprir a demanda de reclamações, como por exemplo, o serviço e atendimento ao consumidor, têm-se a prática do RECALL.
No site do Ministério da Justiça é possível realizar acompanhamento de Recalls realizados,desde o ano de 2000, no qual, é possível conferir se um determinado produto está sendo objeto de RECALL.
A referida prática, demonstra uma preocupação dos fornecedores de produtos – item de maior volume de reclamações no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas -, com os defeitos nos referidos bens de consumo.
É importante frisar que, os acidentes de consumos, eventos que atingem o consumidor em virtude de defeito do produto ou serviço, podem ser evitados pelo Recall, como medida preventiva.
Por outro lado, quando tratar-se de serviços, não é possível o Recall, uma vez que está relacionado a produtos, pois há, nesta modalidade de consumo, uma característica denominada de “inseparabilidade” (consumo concomitante à produção).
Tal qualidade ressalta a necessidade de:
1. Educação e acompanhamento do consumidor na utilização dos serviços disponíveis
2. Aprimoramento do fornecedor no relacionamento com o consumidor, com a abertura de canais de comunicação que possam determinar a evolução do serviço disponibilizado.
Nesse sentido, como ressaltam Ada Pellegrini Grinover e A. Herman de Vasconcelos e Banjamin:
O mercado, (…), não apresenta, em si mesmo, mecanismos eficientes para superar tal vulnerabilidade do consumidor. Nem mesmo para mitigá-la. Logo, imprescindível a intervenção do Estado nas suas três esferas: o Legislativo, formulando as normas jurídicas de consumo; o Executivo, implementando-as; e o Judiciário, dirimindo os conflitos decorrentes dos esforços de formulação e de implementação.
CONCLUSÕES FINAIS
Diante desses aspectos, conclui-se que, o CDC vem sendo aplicado, embora com muito ainda por fazer. O executivo, através do Ministério da Justiça, tem realizado importante trabalho, apesar de contar com pouca divulgação. No que tange as associações, essas tentam cumprir o seu papel, fazendo convergir às individualidades (consumidores) a um ponto central coletivo das relações de consumo.
Notas e Referências:
ADCON- Associação de Defesa do Consumidor, da Vida e dos Direitos Civis. www.adcon.org.br.
GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.], CódigoBrasileirode Defesado Consumidor: Comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998.
[1] ROBERTA LÍDICE:Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora Jurídica, atuante no âmbito do Direito Público, especificamente no que tange o Direito Administrativo, o Direito Penal e os Direitos Humanos (de forma preventiva e consultiva), com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social, e na gestão de processos do Canal de Denúncias e Investigação. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
| +55 11 91483-6289
| +55 11 91483-6289
ROBERTA LÍDICE 