*Véase la lista de las principales Bibliotecas Universitarias del mundo que han incorporado a sus catálogos el libro “La Función Social de la Defensoría del Pueblo y El Canal de Denuncias” – Una Cuestión de Ciudadanía, de la autora Roberta LÍDICE.
*Libro incorporado a los acervos de las principales Bibliotecas Universitarias, de los siguientes países: Spain, United States, United Kingdom, Australia, Canada, United Arab Emirates, Turkey, Puerto Rico, Trinidad and Tobago.
“LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL CANAL DE DENUNCIAS” – UNA CUESTIÓN DE CIUDADANÍA
(“A Função Social da Ouvidoria e o Canal de Denúncias” – Uma questão de cidadania)
Autora: Roberta LÍDICE.
(Versión impresa y digital).
*DESTACADO DE J.M. BOSCH EDITOR – BARCELONA:
Disponibleen la Librería Bosch – Barcelona, así como en las principales librerías de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Australia, Corea, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.
*BOOK DETAILS
Libro: La Función Social de la Defensoría del Pueblo y El Canal de Denuncias – Una Cuestión de Ciudadanía.
Author: Roberta LÍDICE
Publisher: J.M. Bosch Editor
Publication City/Country Barcelona, Spain
Language: Spanish
Edition Year: 2020.
ISBN papel: 978-84-122314-7-2
ISBN digital: 978-84-122314-8-9
Prologue:Horacio Alfano – Forensic Doctor in the Judicial Authority of Santiago del Estero, Argentina Republic.
*Sinopsis: Este libro pretende ofrecer al lector una muestra amplia y detallada acerca de la función social de la Defensoría del Pueblo y las actuaciones del Canal de Denuncias en la gestión de los procesos, con el enfoque en la solución end-to-end, para una actuación efectiva del Case Management en instituciones públicas y privadas. En ese sentido, se puede constatar que las actividades de estos canales están centrados en la recepción, análisis, investigación y tratamiento de las quejas recibidas, asumiendo la responsabilidad de apertura, cierre y demás actos relativos a los casos presentados, desarrollando así un trabajo eficiente y efectivo, con la búsqueda de evidencias y producción de elementos probatorios, cumpliendo con los principios y derechos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, con el objetivo de detectar y manejar casos que presentan conductas criminales, comportamiento poco ético, estafadores y detentores de informaciones, de modo que las prácticas y actitudes que no cumplan con el Código de Conducta y Ética Organizacional sean informadas de manera responsable y analizadas por los canales de quejas y denuncias.
En este contexto, se puede afirmar que se trata de un instrumento de control interno en el ámbito de la administración pública, y una herramienta estratégica de inteligencia empresarial, siendo un gran aliado para la gestión de riesgos en las organizaciones. Así pues, se destaca la importancia de los canales de atención al ciudadano, cuya finalidad es estimular la participación social para la concreción del ejercicio pleno de la ciudadanía y promover la toma de consciencia respecto a sus derechos y garantías fundamentales, tales como: igualdad, libertad y dignidad, independientemente de raza, color, religión o clase social. A su vez, el referido canal debe actuar de modo que proporcione una comunicación accesible a todos, basado en el respeto a la diversidad, libre de racismo y discriminación, y sobre todo, con el compromiso de fomentar la inclusión social y promover la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es la utilización de la ciencia con conciencia.
*Para conocer con mayor detalle la lista de Bibliotecas, por favor consulte el siguiente enlace:
*Biblioteca Ararteko – Defensoría del Pueblo del País Vasco
*Libro incorporado al acervo de la prestigiosa Biblioteca Ararteko – Defensoría del Pueblo del País Vasco: “La Función Social de la Defensoría del Pueblo y El Canal de Denuncias” – Una Cuestión de Ciudadanía. Autora: Roberta LÍDICE.
Estimados lectores:
Les informamos que la prestigiosa Biblioteca Ararteko – Defensoría del Pueblo del País Vasco ha incorporado a su importante y notable acervo la obra «La Función Social de la Defensoría del Pueblo y El Canal de Denuncias – Una Cuestión de Ciudadanía»de la autora Roberta LÍDICE.
*BOOK DETAILS
Disponible en la Librería Bosch – Barcelona, así como en las principales librerías de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Australia, Corea, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.
Libro: La Función Social de la Defensoría del Pueblo y El Canal de Denuncias – Una Cuestión de Ciudadanía.
Author: Roberta LÍDICE
Publisher: J.M. Bosch Editor
Publication City/Country Barcelona, Spain
Language: Spanish
Edition Year: 2020.
ISBN papel: 978-84-122314-7-2
ISBN digital: 978-84-122314-8-9
Prologue:Horacio Alfano – Forensic Doctor in the Judicial Authority of Santiago del Estero, Argentina Republic.
*Sinopsis: Este libro pretende ofrecer al lector una muestra amplia y detallada acerca de la función social de la Defensoría del Pueblo y las actuaciones del Canal de Denuncias en la gestión de los procesos, con el enfoque en la solución end-to-end, para una actuación efectiva del Case Management en instituciones públicas y privadas. En ese sentido, se puede constatar que las actividades de estos canales están centrados en la recepción, análisis, investigación y tratamiento de las quejas recibidas, asumiendo la responsabilidad de apertura, cierre y demás actos relativos a los casos presentados, desarrollando así un trabajo eficiente y efectivo, con la búsqueda de evidencias y producción de elementos probatorios, cumpliendo con los principios y derechos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, con el objetivo de detectar y manejar casos que presentan conductas criminales, comportamiento poco ético, estafadores y detentores de informaciones, de modo que las prácticas y actitudes que no cumplan con el Código de Conducta y Ética Organizacional sean informadas de manera responsable y analizadas por los canales de quejas y denuncias.
En este contexto, se puede afirmar que se trata de un instrumento de control interno en el ámbito de la administración pública, y una herramienta estratégica de inteligencia empresarial, siendo un gran aliado para la gestión de riesgos en las organizaciones. Así pues, se destaca la importancia de los canales de atención al ciudadano, cuya finalidad es estimular la participación social para la concreción del ejercicio pleno de la ciudadanía y promover la toma de consciencia respecto a sus derechos y garantías fundamentales, tales como: igualdad, libertad y dignidad, independientemente de raza, color, religión o clase social. A su vez, el referido canal debe actuar de modo que proporcione una comunicación accesible a todos, basado en el respeto a la diversidad, libre de racismo y discriminación, y sobre todo, con el compromiso de fomentar la inclusión social y promover la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es la utilización de la ciencia con conciencia.
Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España. Professora-Pesquisadora e Consultora Jurídica, atuante no âmbito do Direito Público e Empresarial (de forma preventiva e consultiva), com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social, e na implementação e gestão de processos do Canal de Denúncias e Investigação. *Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
“Benchmarking: uma perspectiva às melhores práticas organizacionais”
Por Roberta LÍDICE¹
O Benchmarking é uma importante ferramenta de gestão organizacional – Instituições Públicas e Privadas/Empresas -, focado em um processo contínuo e sistemático de obtenção de informação e comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, entre organizações, na busca da excelência em suas ações e padrões de referência.
Trata-se de um instrumento voltado à troca de conhecimento estratégico entre Instituições e Empresas, sendo um aliado à concorrência, no que tange a implementação de melhores práticas nas Organizações.
Nesse diapasão, verifica-se que é possível definir o Benchmarking em três modalidades. Senão, veja-se:
Benchmarking Interno: avalia as melhoras práticas nas organizações, bem como sua circulação interna. Cria padrões internos de referência e desempenho.
Benchmarking Externo: aplicação de práticas, após avalição entre organizações que atuam no mesmo segmento.
Benchmarking Funcional ou Genérico: organizações de segmentos diferentes, porém algumas práticas comuns.
Em suma, vale ressaltar que qualquer ferramenta de gestão pode apresentar vantagens e desvantagens, quando executada, sendo a principal dificuldade, a falta de interesse na troca de práticas e informações em ambientes competitivos, com incompreensão das diferenças de cultura e estrutura organizacional, impactando de forma negativa no crescimento da Instituição ou Empresa.
Diante o exposto, conclui-se que o Benchmarking é um instrumento de gestão fundamental, na busca constante pela excelência nos serviços e atendimento prestados, objetivando o aprimoramento do padrão de desempenho nas organizações.
[1] ROBERTA LÍDICE: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora Jurídica, atuante no âmbito do Direito Público e Empresarial (de forma preventiva e consultiva), com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social, e na implementação e gestão de processos do Canal de Denúncias e Investigação. *Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta LÍDICE. Palestra disponível em: https://youtu.be/ZpdHnwWcYxU(Canal YouTube – Roberta Lídice)
“16 de março: Dia Nacional do Ouvidor”
Por Roberta LÍDICE¹
Texto: “16 de março: Dia Nacional do Ouvidor”
Autora: Roberta LÍDICE
*(Texto original publicado no site Jus Navigandi, em março/2017. Atualizado em: março/2020).
Conforme dispõe a Lei Nº 12.632, de 14 de maio de 2012, fica instituído o Dia Nacional do Ouvidor, a ser comemorado no dia 16 de março de cada ano. Em relação a função social do Ouvidor, a Ouvidoria Geral da Cidade de São Paulo, assim conceitua:
O reconhecimento legal fortalece o papel do ouvidor, cujo objetivo é garantir e dar voz, tanto interna quanto externamente, ao cidadão, ao consumidor e ao funcionário. Desta forma, o ouvidor transforma cada manifestação em importante ferramenta de gestão, recurso precioso para garantir um serviço ou produto de excelência. O ouvidor dimensiona cada demanda de forma a garantir o exercício da cidadania e, com isso, garantir um Estado Democrático.
Nesse sentido, a Ouvidoria, na sua compreensão atual – que não se confunde com aquela antiga figura do Ouvidor no Brasil Colonial, uma espécie de juiz ou auxiliar direto dos donatários das capitanias hereditárias -, estabelece-se como um canal de manifestação do cidadão, configurando-se, assim, como um mecanismo de exercício da cidadania e meio estratégico de apoio à gestão das organizações, seja na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, seja para atender às crescentes necessidades de transparência, arejamento e revisão de processos impostos às organizações pela nova ordem social globalizada. Senão veja-se:
Em 1995: A primeira Ouvidoria Pública no Brasil foi instalada na cidade de Curitiba;
Em 1989: O Jornal Folha de São Paulo, de forma pioneira, instituiu a sua figura do Ombudsman;
Em 1993: Na iniciativa privada, também se destacou o Grupo Pão de Açúcar, o qual lançou seu Ombudsman;
Em 2004: A TV Cultura tornou-se a primeira emissora de TV pública do país a estabelecer um Ombudsman;
Área Pública Estadual Paulista:
Em 1992: Implantação da Ouvidoria do PROCON;
Em 1993: Implantação da Ouvidoria do IPEM;
Em 1995: Implantação da Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública, por meio de um decreto do então governador Mário Covas;
Em 1996: Implantação de um piloto de Ouvidoria na Secretaria da Saúde.
OUVIDORIA NO BRASIL
A emenda aprovada, durante a elaboração da Constituição Brasileira de 1988, descentralizou a Ouvidoria. A partir dela, qualquer poder executivo pode, por lei ou decreto, estabelecer a sua Ouvidoria. Se fosse instituída apenas como Ouvidoria Geral, como se pretendeu, ela se reportaria ao parlamento, ficando presa, longe do cidadão e politicamente não cumpriria o seu papel. Da forma como ficou estabelecido, o Ouvidor torna-se representante direto do cidadão. Funciona ao contrário das origens, quando o ouvidor controlava os súditos em prol do rei. Hoje ele defende o cidadão e a pressão exercida sobre o ouvidor, identifica o bom ou mau serviço do setor Público ou Privado.
Neste contexto, cumpre salientar que este é um dos objetivos básicos de nossa Constituição de 1988, onde se prevê a norma para proteger o cidadão perante o Estado – Norma Garantista. A partir deste momento, o processo de criação de Ouvidorias começou a ser difundido em todo país.
OUVIDORIA EM SÃO PAULO
De acordo com a Lei Estadual 10.924, de 20 de abril de 1999, de defesa do usuário do serviço público, e o decreto 44.074, 1º de julho de 1999, que regulamenta a composição e define as competências das Ouvidorias de Serviços Públicos, o Estado de São Paulo estabeleceu que todas as organizações ligadas ao Estado tenham as suas Ouvidorias, formando uma rede.
Assim, a lei determina que todos os Órgãos Públicos do Estado nomeiem seus Ouvidores e que as empresas de economia mista e as concessionárias subordinem-se à mesma lei. No Governo do Estado de São Paulo, a Ouvidoria mais antiga é a da Polícia, criada em janeiro de 1995, por meio de um decreto do então governador Mario Covas.
Cumpre ressaltar que, no total, só na área pública, o Estado de São Paulo agrega, segundo informações oficiais do Governo Estadual, cerca de 165 ouvidorias, sendo 26 entre as concessionárias de serviços públicos. Recentemente foi lançado decreto reforçando a lei, que determina a apresentação de relatórios a cada seis meses.
Já no Setor Privado, observamos que as empresas percebem a necessidade de avançarem além dos serviços básicos de atendimento ao consumidor e agregam a Ouvidoria/Ombudsman, a fim de melhorarem os produtos e serviços oferecidos aos clientes, garantindo a fidelização e boa imagem no mercado.
Nessa ordem de ideias, vale também mencionar que o Ouvidor deve estar atento a tudo que ocorre dentro e fora da empresa ou instituição a qual atue, com o devido cuidado de preservar a qualidade de serviços e produtos prestados ao cliente/consumidor, investigando e detectando as falhas existentes, apresentando as propostas de melhorias à Diretoria Administrativa, podendo corrigir e implementar novos procedimentos, que terão o condão de agregar valor, eficiência e celeridade aos processos.
Por fim, pode-se concluir que a Ouvidoria é um instrumento fundamental para a consolidação da cultura de transparência, garantindo a fidelização dos cidadãos, trazendo fortalecimento da imagem e distinção às Instituições Públicas, com o reconhecimento de suas ações pela transparência e responsabilidade social. Sendo assim, é dever do Ouvidor prestar um atendimento de excelência, com foco em relacionamento, não como um sistema meramente operacional, e, sim, na busca pela qualidade e melhor estratégia de negócios, bem como para a preservação da imagem da instituição pública ou privada.
ÉTICA:
“A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos os que fazemos repetidamente. Ou seja: nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura” –
Aristóteles.
[1] ROBERTA LÍDICE: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora jurídica. Ouvidora, com certificado expedido pela Ouvidoria-Geral da União (OGU) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para o exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social. Especialista de Case Management, com atuação end-to-end na gestão de processos do Canal de Denúncias e Ética Corporativa. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta Lídice. Professora Conferencista, Advogada e Consultora Jurídica. Ouvidora/Ombudsman, devidamente certificada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para o exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social – PROFOCO. “A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência. Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – Roberta Lídice. Palestra disponível no Canal YouTube – Roberta Lídice: https://youtu.be/ZpdHnwWcYxU
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta Lídice. Professora Conferencista, Advogada e Consultora Jurídica. Ouvidora/Ombudsman, devidamente certificada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para o exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social – PROFOCO. “A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência. Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – Roberta Lídice. Palestra disponível em: Canal YouTube – Roberta Lídice: https://youtu.be/ZpdHnwWcYxU
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta Lídice. “A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – Roberta Lídice. Canal YouTube Roberta Lídice:https://www.youtube.com/watch?v=ZpdHnwWcYxU&list=PLwM_elekCaP0wpKc7YVVjC68Ry3yZH_OI&index=2
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ROMPENDO O SILÊNCIO. Expositora: Dra. Roberta Lídice. Autora do livro “Violencia Intrafamiliar: Rompiendo el Silencio”. A Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º, do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Artigo: “Da Intervenção do Estado no Controle do Equilíbrio Contratual nas Relações de Consumo”
Autora: Roberta LÍDICE
O Estado tem um papel intervencionista sobre as relações de consumo, a fim de que possa proteger o consumidor, quando este está sendo lesado, tornando nulas as cláusulas abusivas no instrumento negocial. No entanto, reputam-se abusivas aquelas cláusulas, notoriamente, desfavoráveis à parte mais fraca na relação contratual, o que torna inválido o contrato, pela nítida quebra do equilíbrio entre as partes estipulantes.
Nesse sentido, os contratos de adesão são fundamentais nas relações consumeristas e empresariais, possibilitando a redução de custos, celeridade nas negociações e a racionalização dos contratos. Porém, como ponto desfavorável, é possível verificar em alguns desses instrumentos, as cláusulas abusivas, tornando-se um inconveniente para o consumidor, o colocando em desvantagem perante o fornecedor, quando este não respeita a parte aderente.
O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor trata dessa matéria, quando o legislador não apenas define juridicamente o que são cláusulas abusivas, como também delimita um rol exemplificativo de algumas dessas cláusulas, conforme segue:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;
II – subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;
III – transfiram responsabilidades a terceiros;
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
V – (Vetado);
VIII – imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;
IX – deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;
XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;
XIV – infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.
§ 3° (Vetado).
§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.”
Nesse mesmo entendimento, sempre que for constatado o desequilíbrio entre as partes, o juiz poderá reconhecer a abusividade de uma cláusula, pautando nos princípios da boa-fé e da observância do Sistema de Proteção ao Consumidor. Devido à impossibilidade de o aderente discutir as bases do contrato, nos contratos de adesão, as cláusulas abusivas são muito frequentes.
Ao que se refere o artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), este trata do princípio da boa-fé e da proteção contratual. Em consonância a este princípio, todos os contratos celebrados nas relações de consumo, devem possuir um aspecto geral de boa-fé, mesmo que, indiretamente, determinada.
Salienta-se que, toda cláusula que afrontar este princípio, será considerada abusiva e portanto, nula de pleno direito, sendo que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável àquele que não redigiu o contrato, conforme preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Com fulcro no artigo 51, § 2º, inciso XV, a cláusula que estiver escrita em desacordo, ou seja, cláusula abusiva será nula de pleno direito, porém, não acarretará a nulidade do contrato. Destaca-se que, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor Brasileiro determina que os contratos de adesão devam ser com letras de fácil leitura e linguagem simples, de maneira a facilitar a compreensão do consumidor, bem como as cláusulas que limitem os direitos do consumidor, sejam devidamente destacadas, conforme dispõe o artigo 46 do C.D.C:
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de se conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
Dessa forma, o consumidor deve exigir seu direito, principalmente, nos casos de reembolso de valor pago, no que tange à rescisão do contrato, não sendo possível a transferência de responsabilidade contratual a terceiros, caracterizando prática abusiva por parte do fornecedor.
A seguir, cito algumas considerações relevantes do Código Civil Brasileiro (Lei n º 10.406 de 10 de janeiro de 2002):
“Artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”
“Artigo 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipule, a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.”
A Portaria n º 5/2002, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE/MJ, está em pleno vigor, regulamentando o artigo 51 do C.D.C, como a seguir verifica-se:
“É abusiva a cláusula que: autorize o envio do nome do consumidor e/ou seus garantes ao banco de dados e cadastros de consumidores, sem comprovada notificação prévia;
. Imponha ao consumidor, nos contratos de adesão, a obrigação de manifestar-se contra a transferência, onerosa ou não, para terceiros, dos dados cadastrais confiados ao fornecedor;
. Autorize o fornecedor a investigar a vida privada do consumidor.
. Imponha em contratos de seguros-saúde, firmados anteriormente à Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, limite temporal para internação hospitalar;
. Prescreva em contrato de plano de saúde ou seguro-saúde, a cobertura de doenças de notificação compulsória.”
Haverá vantagem exagerada de uma das partes na relação contratual, quando:
. Ofender os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
. Restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza jurídica do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
. Mostrar-se excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
A idéia de lesar o consumidor, como causa de rescisão contratual e que contribui para compreensão de do conceito de abusividade, remonta na Antiguidade a uma constituição de Dioclesiano e na modernidade nas Ordenações Filipinas, que possui igualmente disposição acerca do instituto da lesão.
O Direito Canônico contribuiu para a fisionomia clássica do contrato, pelo valor e pelo respeito à vontade humana, vindo a igreja a manifestar-se no século XIX, pelos seu Papas, decisivamente, em prol do papel social do direito, como se observa na Encíclica Populorum Progressio, n º 59, na qual o Papa Paulo VI expressava:
“A lição de Leão XIII na Rerum Novarum conserva sua validade: o consentimento das partes, se estão em demasiado desiguais, não basta para garantir a justiça do contrato; e a regra do livre consentimento resta subordinada às exigências do direito natural” (ALTERINI, 1995, p. 12).
“Na França pós-revolucionária, fortalecida pelos princípios da autonomia da vontade e da pacta sunt servanda, permaneceu a possibilidade de rescisão do negócio por lesão, então definida como vício de consentimento, a favor do vendedor do imóvel, se o preço fosse inferior a 7/12″ (AGUIAR JÚNIOR, 1994, p.16).
Diante de um processo histórico, por razões econômicas e pelo fato de o consumidor não possuir conhecimentos técnicos, tornou-se necessário reconhecer a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, com a consequente intervenção Estatal, levando a vedação das causas que levassem uma das partes a uma situação de desequilíbrio, impondo o princípio da boa-fé objetiva a todos os negócios jurídicos, tornando viável a proibição de cláusulas abusivas nas relações de consumo, em nível legal.
O fato de existirem tais cláusulas abusivas deve-se à massificação das relações de consumo, à inexperiência do consumidor, à necessidade de aquisição de certos bens garantidores da subsistência do indivíduo moderno e de sua família e ao fato de ser o comerciante a parte mais forte no contrato de consumo (SCHIMITT, 2000, p.162).
As cláusulas abusivas não são apenas dos contratos de adesão, podem aparecer em outros contratos paritários ou em outros que não envolvam relações de consumo, no entanto, com o surgimento dos contratos de adesão, pelo fato de não permitirem uma prévia discussão acerca de seus termos, pois as condições gerais do contrato são unilateralmente fixadas por uma das partes, muitas vezes trazem em seu bojo uma afronta aos princípios da boa-fé, da lealdade, da tutela da confiança e do equilíbrio contratual. No entanto, a cláusula abusiva é aquela que notoriamente desfavorece ao consumidor. Esta, também pode ser chamada de: opressivas, vexatórias, onerosas ou excessivas.
Nessa seara, o artigo 51 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor não definiu o instituto das cláusulas abusivas, sendo apenas exemplificativo, ou seja, enumerando apenas um elenco, fato que, existem outras cláusulas consideradas abusivas. No que tange as cláusulas abusivas no direito brasileiro, verifica-se que, antes da Constituição de 1988 e do Código de Defesa do Consumidor, não havia uma legislação específica a respeito das cláusulas contratuais gerais. O Poder Judiciário se utilizava das regras gerais contidas nos artigos 4º e 5º da L.I.C.C para suprir essa lacuna, decidindo por analogia, valendo-se do direito comparado e atendendo aos fins sociais e as exigências, em prol do bem comum. O Artigo 85 do Código Civil, também era utilizado, afirmando este que:
“Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem.”
O legislador brasileiro, preocupado com a desigualdade entre fornecedor e consumidor, visando a manter o equilíbrio das posições contratuais, editou inúmeras leis de forte teor social, tentado expurgar o abuso de um contratante sobre o outro.
As cláusulas abusivas estão sujeitas à nulidade de pleno direito, conforme preceitua o artigo 51, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme explícita Nelson Nery Júnior:
“No regime jurídico do C.D.C as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito porque contrariam a ordem pública de proteção ao consumidor. Isto quer dizer que as nulidades podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o juiz ou o tribunal pronunciá-las ex-ofício, porque normas de ordem pública insuscetíveis de preclusão.”
Ressalta-se que, as cláusulas abusivas elencadas, são exemplificativas e não exaustivas.
Nesse diapasão, o artigo 51, inciso IV, que dispõe as cláusulas gerais da boa-fé, equidade, que norteiam o juiz em sua função de julgar se as partes observaram as referidas cláusulas, quando firmaram o contrato. No inciso XV, do mesmo artigo, confere ao juiz condições para considerar abusiva a cláusula que esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.
Com fulcro no artigo 51, §2º, do C.D.C, verifica-se que, a nulidade de uma cláusula não requer a anulação do contrato:
“Exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.”
No contrato, o fornecedor pode ter disposto cláusula abusiva por má-fé, com a intenção de lesar o aderente ou pode ter inserido por boa-fé-subjetiva, ou seja, sem a intenção de prejudicar, por desconhecer a abusividade. Vale destacar que, não se trata de repreender o fornecedor ou buscar um culpado, o que se pretende é avaliar se uma determinada cláusula pode lesar o aderente, na relação negocial estabelecida, a fim de manter o equilíbrio contratual.
No artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o legislador indica um rol exemplificativo para nortear o que se considera abusividade, todavia essa listagem não engessa o conceito, podendo ter outras tipificações, as quais não foram mencionadas, bastando que o teor da cláusula viole o princípio da boa-fé para configurar o abuso.
Cumpre ressaltar que, o fornecedor é responsável pelo vício do produto ou serviço, sendo este, integralmente, responsável. Desta forma, o fornecedor não pode inserir no contrato de adesão uma cláusula que impossibilite, exonere ou atenue sua responsabilidade, conforme preceitua os artigos 18 a 20 do C.D.C.
Em suma, a obrigação de indenizar ou qualquer outra obrigação imputada ao fornecedor pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), não pode ser afastada por cláusula contratual.
Sobre o assunto, o artigo 51, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (C.D.C), assim dispõe:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código.”
Já o artigo 42, parágrafo único, e artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), são exemplos de normas que preveem o reembolso pelo fornecedor de quantia já paga pelo consumidor, sendo abusiva a cláusula contratual que impeça essa devolução.
Sendo assim, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de juros legais e correção monetária, salvo hipótese de engano justificável, com fulcro no artigo 42 do C.D.C. Conforme disposto em lei, o consumidor tem direito à devolução em dobro daquilo que pagou indevidamente. Nenhuma cláusula contratual poderá retirar este direito do consumidor.
De acordo com o artigo 53 do C.D.C, nos contratos de compra e venda de imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.
O artigo 51, inciso III, destaca a nulidade da cláusula contratual que transfira responsabilidade a terceiros:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que transfiram responsabilidade a terceiros.”
Infelizmente, no âmbito empresarial, é muito comum o fornecedor contratar uma seguradora, a fim de garantir-se de eventuais prejuízos causados a um consumidor de sua empresa. Neste caso, o consumidor deverá processar a empresa que lhe causou o dano. Esta que deve ser responsabilizada, podendo chamar a seguradora ao processo.
Ao que se refere à cláusula proibitória, assim dispõe o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”
Esse é um dispositivo que trata da cláusula geral de boa-fé objetiva no C.D.C, conduta que deve ser exigida das partes contratantes, a fim de atuarem com transparência, fidelidade e lealdade e que deve ser inserida nas relações de consumo.
Veja-se o artigo 4 º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor (CDC):
“Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor, com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.”
Dessa forma, considera-se cláusula abusiva, qualquer cláusula que viole a boa-fé objetiva, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada diante do fornecedor. Vale ressaltar que, é abusiva a cláusula que estabeleça obrigatoriedade de somente o consumidor apresentar provas, em um eventual processo judicial, fundamentado pelo artigo 51, inciso VI.
De acordo com o que estabelece o artigo 333 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor da ação, ou seja, àquele que propõe a ação, àquele que alega um fato que constitui, em tese, um direito.
Nas relações de consumo, seguindo a regra supracitada, o ônus de provar seria do consumidor. Porém, o legislador analisando a posição da parte hipossuficiente na relação contratual e verificando que em alguns casos, seria quase impossível a produção de provas por parte deste, apontou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sendo este um direito básico, com fulcro no artigo 6 º, inciso VIII do C.D.C, transferindo a responsabilidade do ônus da prova para o fornecedor, que possui meios técnicos e necessários para a produção de provas.
A Lei 9.307/96 dispõe sobre a arbitragem como meio de solucionar conflitos de âmbito consumerista, extrajudicialmente, sendo esta uma decisão de ambas as partes contratantes. Assim que, a cláusula que prevê a utilização da arbitragem é a compromissória, sendo vedada a utilização compulsória da arbitragem. Se for imposta ao consumidor como única alternativa, sem sua anuência clara e expressa, a cláusula é nula de pleno direito, não produzindo qualquer efeito, conforme preceitua o artigo 51, inciso VII do C.D.C.
Por outra parte, salienta-se que a proibição de acesso à Justiça é inconstitucional. O consumidor poderá ingressar com ação no Judiciário, caso não opte pela solução de conflito em juízo arbitral.
Outra abusividade encontrada nos contratos de adesão é a cláusula que imponha representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico, diferente daquele que está no contrato regido em nome do consumidor (Artigo 51, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). A cláusula mandato, como é conhecida, é muito utilizada por instituições financeiras.
Sobre a matéria, veja-se a Súmula 60 do STJ que proíbe a cláusula mandato:
“É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse deste.”
Conforme o acima exposto verifica-se que, o fornecedor não pode impor ao consumidor um representante para agir em seu nome. Entretanto, todo contrato deve ser pautado no equilíbrio. A cláusula que permite apenas o fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, restando ao consumidor apenas aceitar a imposição, é abusiva, uma vez que traz desequilíbrio na relação contratual e vantagem exagerada ao fornecedor.
De acordo como o disposto no artigo 51, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a referida cláusula é chamada de potestativa, sendo vantajosa apenas a uma das partes, configurando a abusividade, que também é proibida pelo Código Civil, em seu artigo 122, parte final.
Dentre as diversas tipificações de cláusulas abusivas, temos ainda aquela que permite ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço preestabelecido no contrato, de maneira unilateral (Artigo 51, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor). A partir do momento em que o consumidor aceita os termos do contrato, oferecido pelo fornecedor, não pode ocorrer a alteração do preço, sem a concordância do aderente. Estão incluídos taxas de juros e encargos, enfim, qualquer despesa prevista no contrato, que faz parte do preço final.
Como exemplo, pode ser citada a cláusula contratual que dispõe sobre o reajuste com base em um determinado índice, sendo escolhido pelo fornecedor, o que tiver um maior percentual à época do reajuste, configurando a ilegalidade.
No que tange o cancelamento do contrato, são nulas as cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar o instrumento negocial, unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao aderente (Artigo 51, inciso XI do Código de Defesa do Consumidor). No entanto, o cancelamento de um contrato não pode ser apenas opção de uma das partes contratantes. Ambas as partes podem ter o direito de cancelar o contrato, com prévia notificação à parte contrária. Este cancelamento implica na extinção do contrato sem que tenha ocorrido o descumprimento de qualquer obrigação, sendo assim, permitida a rescisão contratual.
Os custos de cobrança da obrigação do consumidor são de responsabilidade do fornecedor, sendo proibido o repasse ao aderente (Artigo 51, inciso XII). Se o consumidor estiver inadimplente e o fornecedor contratar um advogado ou empresa especializa em cobrança, a obrigação de pagar o preço contratado é do fornecedor que contratou o serviço, não sendo permitido o repasse ao consumidor.
Os contratos de consumo são, normalmente, contratos de adesão, com cláusulas impostas pelo fornecedor, sem dar a oportunidade do consumidor discutir as cláusulas contratuais apresentadas. Contudo, uma vez que o consumidor aderir ao contrato, este não pode ser mais modificado pelo fornecedor, sem que haja expressa autorização do aderente. Se autorizada pelo contratante a referida alteração, as prestações do contrato deverão permanecer equilibradas (Artigo 51, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor).
A fim de garantir a preservação do meio ambiente, o inciso XIV, do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais.”
Salienta-se que, não precisa ocorrer um dano concreto, basta que a cláusula ameace prejudicar o meio ambiente, seja este: natural, urbanístico, cultural e do trabalho. O meio ambiente equilibrado é garantia constitucional, prevista no artigo 225 da Constituição Federal.
O sistema de proteção ao consumidor está além do Código de Proteção e Defesa do Consumidor Brasileiro. Desta forma, qualquer cláusula que desrespeitar uma norma do sistema que protege o aderente, será abusiva.
Por derradeiro, verifica-se o disposto no artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor, inciso XVI:
“São nulas de pleno direito, entre outras cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.”
No que concerne o artigo 96 do Código Civil, §3º, este estabelece que são benfeitorias necessárias, as que têm por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Esta é uma cláusula muito comum nos contratos de locação.
Ante o exposto, pode-se concluir que, por tratar-se de matéria de ordem pública, o Estado tem um papel fundamental no controle do equilíbrio contratual nas relações de consumo, a fim de que se produza a mais lídima justiça, respeitando as normas de proteção contratual do aderente ou do consumidor. Caso alguma abusividade seja identificada no instrumento negocial, será considerada nula de pleno direito, ou seja, não produzirá nenhum efeito, sendo passível de discussão extrajudicial ou judicial, conforme o caso concreto, incluindo-se não apenas a legislação que regula a matéria, mas também a atividade do Ministério Público como grande protetor dos interesses dos consumidores.
LÍDICE, Roberta. O Contrato de Adesão nas Relações Consumeristas e Empresariais. 1ª ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017.
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 6ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 267, 268.
PROCON. Decreto 2.181 de 20 de março de 1997: Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor SNDC Estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei N. 8.078/90. Disponível em: < http://www.procon.sp.gov.br/texto.asp?id=2252>.
*ROBERTA LÍDICE: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora Jurídica, atuante no âmbito do Direito Público e Empresarial (de forma preventiva e consultiva), com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social, e na implementação e gestão de processos do Canal de Denúncias e Investigação. *Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
*Véase la lista de las Bibliotecas Universitarias más importantes del mundo, que han incorporado a sus catálogos el libro «O Contrato de Adesão Como Instrumento Regulatório nas Relações Consumeristas e Empresariais» – 2ª edición, de la autora Roberta LÍDICE.
*Libro incorporado a los acervos de las Bibliotecas Universitarias más importantes del mundo, que se encuentran en los siguientes países: Spain, United States, United Kingdom, Australia, Canada, United Arab Emirates, Turkey, Puerto Rico, Trinidad and Tobago.
«O CONTRATO DE ADESÃO COMO INSTRUMENTO REGULATÓRIO NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS E EMPRESARIAIS» – 2ª edição
(«El contrato de adhesión como instrumento de regulación en las relaciones de consumo y empresariales» – 2ª edición)
Autora: Roberta LÍDICE.
(Versión impresa y digital).
*DESTACADO DE J.M. BOSCH EDITOR – BARCELONA:
Disponibleen la Librería Bosch – Barcelona, así como en las principales librerías de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Australia, Corea, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.
*BOOK DETAILS
Libro: O Contrato de Adesão Como Instrumento Regulatório nas Relações Consumeristas e Empresariais – 2ª edición..
Author: Roberta LÍDICE
Publisher: J.M. Bosch Editor
Publication City/Country Barcelona, Spain
Language: Brazilian Portuguese
Edition Year: 2021.
ISBN paperback: 978-84-123671-0-2
ISBN digital: 978-84-123671-1-9
*Sinopsis: Esta segunda edição do livro «O Contrato de Adesão Como Instrumento Regulatório nas Relações Consumeristas e Empresariais» tem como objetivo aproximar o leitor ao estudo do contrato de adesão e sua regulação à luz do Direito do Consumidor e do Direito Empresarial, ressaltando assim a importância das contratações em massa para a consolidação da sociedade de consumo neste mercado atual e dinâmico. Neste contexto, pretende-se demonstrar as possíveis cláusulas abusivas no referido contrato, a fim de que o fornecedor não seja favorecido em detrimento do consumidor, buscando estabelecer o equilíbrio entre as partes contratantes, destacando que a cláusula contratual deve ser interpretada sob a ótica de ser mais favorável àquele que não redigiu o contrato.
*Para conocer con mayor detalle la lista de Bibliotecas, por favor consulte el siguiente enlace:
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España, habiendo obtenido la calificación de «Sobresaliente Cum Laude». Profesora-Investigadora y Consultora Jurídica, actuante en el ámbito del Derecho Público y Empresarial (de forma preventiva y consultiva), con énfasis en el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social, y en la implementación y gestión de procesos del Canal de Denuncias e Investigación. *Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales.
Repertório de Jurisprudência IOB – SÍNTESE (ISSN 2179-1651)
Texto: “A ouvidoria pública como instrumento de participação social e defesa dos direitos humanos”[¹].
Autora: Roberta LÍDICE[²].
A ouvidoria tem como finalidade estimular a participação e a conscientização da população sobre o direito de receber serviços públicos de qualidade. Trata-se de um canal de manifestação do cidadão, com comunicação acessível a todos, pautado no respeito à diversidade e livre de preconceitos, sendo um importante instrumento de participação social e defesa dos direitos humanos, como demonstra o texto a seguir.
Palavras-chave: Controle Interno. Direito e Gestão. Ouvidoria Pública. Direitos Humanos.
DA OUVIDORIA PÚBLICA
A ouvidoria tem como finalidade aprimorar a Gestão Pública e estimular a participação e a conscientização da população sobre o direito de receber serviços públicos de qualidade, prestando informações claras e objetivas aos cidadãos, mantendo a privacidade das manifestações acolhidas, sendo um importante canal de comunicação acessível a todos.
No que tange a acessibilidade, os canais de atendimento devem estar adequados de acordo com o público e as adaptações necessárias para pessoas com deficiência, pessoas idosas e as de mobilidade reduzida.
O ouvidor deve atuar em prol do cidadão, bem como repudiar veementemente qualquer violação de direitos, abuso de poder, omissões e negligências, com base nos princípios constitucionais da legitimidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, pelo quanto reza o artigo 37 da Carta Magna.
A Constituição Cidadã de 1988 garante a livre manifestação do pensamento, porém proíbe o anonimato, conforme o disposto no artigo 5º, inciso IV. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) relativizou a referida proibição, com a decisão de que as autoridades públicas não podem iniciar processo punitivo na esfera penal ou disciplinar, respaldando-se em denúncias anônimas. O STF entende que, diante do recebimento de uma denúncia anônima, o Poder Público pode adotar medidas para apurar a possível ocorrência de um ato ilícito.
Nesse sentido, cumpre salientar que as ouvidorias públicas podem receber denúncias anônimas e dar-lhes encaminhamento, desde que sejam apresentados elementos probatórios para a apuração dos fatos.
DA ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO
A ouvidoria é um importante instrumento de comunicação. Ela é a voz do cidadão perante o Poder Público.
Uma comunicação adequada deve ser premissa da ouvidoria, estabelecendo uma relação de empatia, utilizando-se de uma linguagem fácil e acessível, com o objetivo de assistir às necessidades dos cidadãos. Senão, veja-se:
Linguagem Cidadã: o uso adequado da linguagem no atendimento tem a finalidade de aproximar o cidadão e o Estado. Portanto, deve-se evitar o uso de termos técnicos e jargões.
Empatia: trata-se de uma habilidade de identificar o sentimento de outra pessoa e compreendê-lo, colocando-se no lugar no outro, caso estivesse na mesma circunstância.
Linguagem Inclusiva: é aquela que não utiliza expressões ofensivas ou preconceituosas direcionadas a um determinado grupo ou indivíduos. Expressões de origem racista e termos pejorativos não são admitidos.
Contudo, ressalta-se que a expressão “pessoa com deficiência” é adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU), devendo ser esta a referência de linguagem cidadã. Para os transexuais que utilizam o nome social, o qual difere do nome que consta em documentos oficiais, é de bom tom perguntar como a pessoa gostaria de ser chamada.
Um atendimento de qualidade é pautado no respeito à diversidade e livre de preconceitos.
DOS DIREITOS HUMANOS – DISQUE 100
A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos tem a competência de receber, examinar e encaminhar denúncias e reclamações, atuando de forma efetiva nos casos que envolvam conflitos sociais e violações de direitos humanos, podendo agir de ofício e diretamente ou em articulação com outros órgãos públicos e organizações da sociedade.
O Disque 100 é um serviço de utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, vinculado a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, com funcionamento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, o qual está destinado a receber ligações de todo o Brasil, de forma gratuita, de qualquer terminal telefônico ou móvel. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo das informações garantido, quando solicitado pelo demandante.
CONCLUSÕES FINAIS
Isto posto, conclui-se que a Ouvidoria Pública está focada e comprometida com o atendimento às necessidades dos cidadãos, sendo um agente de mudanças, incentivando a prestação de serviços públicos de qualidade, sendo um importante instrumento de participação social e defesa dos direitos humanos, a serviço da cidadania, constituído no Estado Democrático de Direito.
[1] LÍDICE, Roberta. “A ouvidoria pública como instrumento de participação social e defesa dos direitos humanos”. In: Repertório de Jurisprudência IOB, n.16, 2017, vol. I – Tributário,Constitucional e Administrativo. Ementa 1/35944657 – pp. 656-657. ISSN 2179-1651.
[2] ROBERTA LÍDICE:Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora Jurídica, atuante no âmbito do Direito Público e Empresarial (de forma preventiva e consultiva), com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social, e na implementação e gestão de processos do Canal de Denúncias e Investigação. *Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
Les informamos que la prestigiosa Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) – España, recientemente ha incorporado a su importante catálogo el Libro «El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer» – La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas, de la autora Roberta LÍDICE.
*Disponible en la Librería Bosch (Barcelona), así como en las principales librerías de España, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.
*BOOK DETAILS
Book: El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer – La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas.
Author:Roberta LÍDICE
Publisher: J.M. Bosch Editor
Publication City/Country Barcelona, Spain
Language: Spanish
Edition Year: 2022
ISBN paperback: 9788419045287
ISBN digital: 9788419045294
Prologue:Prof.ª Dra. María Mercedes Iglesias Bárez, Profesora de la Universidad de Salamanca (USAL).
*Sinopsis: Este libro pretende sensibilizar e invitar al lector a reflexionar sobre el crítico y complejo problema social que significa la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género, así como se enfatiza la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, juzgar y ofrecer reparación integral frente a los actos de violencia, abuso y discriminación practicados contra las mujeres en el seno de la familia, no solamente basado en género, sino también a múltiples factores que se sustentan en las persistentes desigualdades históricas y estructurales existentes en nuestra sociedad y en las comunidades.
Asimismo, se señala la importancia de implementar políticas públicas de protección adecuadas, dignas y efectivas, que respondan al reclamo de la población femenina, postulando así la urgencia de un cambio de conciencia social para hacer frente a este fenómeno persistente, generalizado e inaceptable, que aqueja diariamente a millares de hogares en todo el mundo, independientemente de la cultura, religión, etnias o razas, clases sociales, niveles de educación o edad.
En este contexto, vale recalcar el aumento exponencial de la violencia hacia las mujeres perpetrada en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto, debido a la pandemia de COVID-19. A este respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los países que adopten medidas contra el estremecedor repunte de la violencia doméstica a raíz del confinamiento y aislamiento global, con el fin de combatir la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la sociedad.
De ahí se infiere con mayor claridad que, la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género no se trata de un problema privado, pero, sí es eso, una cuestión de orden público y una grave violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que afecta de manera desproporcionada a este colectivo especialmente vulnerable. Además, conviene advertir que, incluso antes de instaurada la actual situación de pandemia, las cifras mundiales con relación a esta modalidad delictiva eran realmente muy alarmantes.
Es más, la violencia practicada contra las mujeres sigue siendo una gran amenaza para la salud pública mundial frente a la situación actual de pandemia, lo que ha incrementado los casos de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer perpetrada por compañeros íntimos. De eso se desprende la necesidad de poner en marcha medidas urgentes de lucha contra la violencia infligida hacia la mujer en tiempos de pandemia, incluyendo los planes de preparación y respuesta, para así proporcionar un acceso asequible e igualitario a los servicios esenciales en el sector de atención sanitaria, servicios sociales, y los sectores policial y judicial, los que pueden mitigar de manera significativa las consecuencias que tiene este tipo delictivo sobre la integridad física, psíquica y moral de las víctimas.
Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo.
Palestra: “O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos”
Expositora: Dra. Roberta LÍDICE
“A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência. Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – (Roberta LÍDICE, 2016).
*ROBERTA LÍDICE: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora Jurídica, atuante no âmbito do Direito Público, especificamente no que tange o Direito Administrativo, o Direito Penal e os Direitos Humanos (de forma preventiva e consultiva), com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social, e na gestão de processos do Canal de Denúncias e Investigação. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta Lídice. Professora Conferencista, Advogada e Consultora Jurídica. Ouvidora/Ombudsman, devidamente certificada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para o exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social – PROFOCO. “A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência. Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – Roberta Lídice. Palestra disponível no Canal YouTube – Roberta Lídice: https://youtu.be/ZpdHnwWcYxU
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta Lídice. Professora Conferencista, Advogada e Consultora Jurídica. Ouvidora/Ombudsman, devidamente certificada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para o exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social – PROFOCO. “A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência. Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – Roberta Lídice. Palestra disponível em: Canal YouTube – Roberta Lídice: https://youtu.be/ZpdHnwWcYxU
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: O Papel da Ouvidoria na Solução de Conflitos. Expositora: Dra. Roberta Lídice. “A Ouvidoria é um instrumento fundamental para consolidar a cultura de transparência Com o advento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. A Lei de Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado” – Roberta Lídice. Canal YouTube Roberta Lídice:https://www.youtube.com/watch?v=ZpdHnwWcYxU&list=PLwM_elekCaP0wpKc7YVVjC68Ry3yZH_OI&index=2
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo. Palestra: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ROMPENDO O SILÊNCIO. Expositora: Dra. Roberta Lídice. Autora do livro “Violencia Intrafamiliar: Rompiendo el Silencio”. A Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º, do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Roberta Lídice Consultoria Jurídica, Pesquisa e Desenvolvimento | Research and Development/Investigación y Desarrollo
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España, habiendo obtenido la calificación de «Sobresaliente Cum Laude», ha defendido su Tesis Doctoral titulada «El Estado Brasileño frente a la lucha contra la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género: la importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas».
Calificación: Sobresaliente «Cum Laude» Puntuación a efectos de Premio Extraordinario : 30 Ámbito de conocimiento asignado por el Tribunal: Derecho
*Tesis Doctoral: «El Estado Brasileño frente a la lucha contra la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género: la importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas».
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad.
Línea de Investigación: Transversalidad Jurídica y Políticas de Género (Políticas de Igualdad, Violencia de Género, Conciliación de la Vida Familiar y Laboral).
RESUMEN
En este trabajo de investigación, se presenta las discusiones extraídas desde la propuesta de abordaje de este importante, complejo, crítico y siempre actual tema de la violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer basada en género, enfocándose en un análisis no solamente en el ámbito del sistema jurídico normativo, sino también en las discusiones actuales en el estudio de las políticas públicas que respondan de manera adecuada y efectiva a los actos de discriminación y violencia dirigidos, específicamente, a esta población particularmente vulnerable, desde una perspectiva interdisciplinar aplicada al escenario brasileño, con miras a la elaboración de un texto disertativo y argumentativo como forma de elección del método de investigación utilizado.
Por otro lado, se debe tener presente que el machismo es uma lacra histórica y endémica que no se elimina de la noche a la mañana, lo que llega a incidir en la impunidad de los agresores en un sistema de justicia todavía tolerante y patriarcal, que hace caso omiso de la violencia contra la mujer practicada en el entorno familiar o en una relación íntima de afecto, lo que se ha conformado como una construcción social.
En este orden de ideas, resulta oportuno recalcar que las acciones de los movimientos de mujeres y feministas, a través de las prácticas de advocacy, impulsan cambios significativos en la legislación brasileña y las políticas nacionales, por medio de iniciativas y propuestas orientadas a mejorar las convenciones y los instrumentos normativos, de manera que se supriman los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, incluido el derecho a vivir sin violencia.
De esta manera, se destacan como características importantes de los objetivos a ser alcanzados en esta investigación científica los siguientes: plantear un análisis del marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos en materia de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer basada en género, tanto en el ámbito universal como regional; examinar la legislación y la eficacia del ordenamiento jurídico brasileño, con la finalidad de elaborar un estudio amplio y detallado sobre las intervenciones del Estado para enfrentar este fenómeno delictivo que significa la violencia contra la mujer basada en género practicada en su entorno familiar, subrayándose la imperiosa necesidad de promover la innovación en la lucha contra esta lacra social; analizar la aplicación y eficacia de la Ley Maria da Penha (Ley Nº 11.340/2006) por el sistema de justicia brasileño, haciendo especial hincapié en el amparo y la reparación integral del daño sufrido como consecuencia de un delito y/o violación a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar basada en género; identificar los delitos perpetrados contra la mujer en el ámbito doméstico, familiar o en una relación íntima de afecto; examinar y considerar las medidas de protección para las mujeres en situación de violencia doméstica e intrafamiliar; analizar las políticas e intervenciones del Estado brasileño orientadas a la prevención, protección, sanción, investigación y erradicación de la violencia contra la mujer perpetrada en el seno de la familia, así como sus avances, retos y desafíos para enfrentar los efectos negativos de esta modalidad delictiva; y, analizar y sistematizar los factores que influyen en la implementación del programa de buenas prácticas para la sensibilización, concienciación y prevención de la violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer basada en género, tanto en el ámbito público como el privado.
En tal sentido, inicialmente, en el capítulo I se ha planteado un análisis del marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos en materia de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer basada en género, tanto en el ámbito universal como regional, aplicable al derecho de las mujeres a acceder a recursos judiciales idóneos, sencillos y efectivos, enfatizando el deber del Estado en la adopción de medidas integrales para actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer practicada en el hogar y sus diferentes formas de manifestación.
También cabe añadir el aumento exponencial de la violencia infligida en el seno de la familia en todo el mundo, debido a la pandemia de COVID-19. A este respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los países que adopten medidas contra el estremecedor repunte de la violencia doméstica a raíz del confinamiento y aislamiento global, con el fin de combatir la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la sociedad.
Téngase en cuenta que la violencia contra la mujer se ha manifestado de forma más severa en razón del confinamiento y aislamiento social, intensificando así el riesgo de los malos tratos perpetrados por compañeros íntimos. Si bien es cierto que, el silencio de las víctimas puede ser un gran aliado del agresor, y por ello la necesidad de que todos los ciudadanos, con independencia de su género y de cualquier otro factor, deben romper el silencio frente a los actos de violencia cometidos contra el colectivo de mujeres, denunciando el maltratador a las autoridades competentes.
De eso se desprende la necesidad de implementar medidas efectivas para hacer frente a la violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia, dentro y fuera del hogar, incluyendo los planes de preparación y respuesta, para así proporcionar un acceso asequible e igualitario a los servicios esenciales en el sector de atención sanitaria, los servicios sociales, y los sectores policial y judicial, los que pueden mitigar de manera significativa las consecuencias que tiene este tipo delictivo sobre la integridad física, psíquica y moral de la mujer.
En este mismo orden y dirección, en el capítulo II se ha abordado el estudio de la legislación brasileña sobre la violencia contra la mujer en el contexto del hogar basada en género, con el fin de conocer, en el contexto histórico y social del marco normativo en Brasil, y cómo los abusos y los malos tratos familiares perpetrados contra la mujer han traspasado la esfera privada, de la familia, a la esfera pública.
Por consiguiente, se analizará la Ley Maria da Penha y su aplicación, eficacia, perspectivas y retos frente a los casos de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer y sus diferentes formas de manifestación, además de comprender las diversas estrategias para abordar el problema, las medidas de protección integral a las víctimas, los servicios de atención, el planteamiento de la red de apoyo a las mujeres y su importancia, teniendo en cuenta la complejidad de la violencia practicada en el hogar, la cual requiere medidas inmediatas, y principalmente un cambio de mentalidad y una concienciación social donde se refuerzan las habilidades empáticas que favorecen el sentido de pertenencia social y de comunidad, con miras a poner fin a esta lacra social de orden global, que sigue siendo responsable del retraso del desarrollo humano, impidiendo así que se establezca una cultura de paz entre hombres y mujeres.
En respuesta a este problema que sufren muchas mujeres brasileñas, la Ley Maria da Penha también ha contribuido para la expansión de la red de combate a la violencia contra la mujer y también de la red de asistencia a la mujer. Sin embargo, cabe advertir que la existencia de los múltiples servicios de atención y asistencia, incluso tratándose de un avance importante, no representa una garantía de efectividad de la red, ya que se exige la responsabilidad en el ofrecimiento de servicios esenciales de calidad y en el diálogo entre los pares, con la intención de prevenir y superar la ruta crítica que afecta de manera desproporcionada a la población femenina.
Por ende, en el capítulo III se ha discutido los avances y desafíos del Estado brasileño frente a la lucha contra la violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer por razón de género, así como la imperiosa necesidad de promover la investigación y la innovación transformativa y positiva orientada a la efectividad de los mecanismos de protección de millones de mujeres brasileñas que sufren actos de violencia y discriminación en su entorno familiar.
Teniendo en cuenta este escenario de violencia practicada contra la mujer en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto, se ha advertido sobre la importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas, desde una perspectiva transversal e interdisciplinar implicada al crítico y complejo contexto brasileño, centrándose en este fenómeno delictivo, persistente, generalizado e inaceptable, que figura como un grave e inminente problema del orden social que insiste en subsistir en nuestra sociedad.
De este modo, se subraya que las políticas y programas deben ser monitoreados constantemente por las autoridades competentes, para evitar que las situaciones de violencia que afectan de manera desproporcionada al colectivo de mujeres sean desconsiderados, aminorados u olvidados. Como hemos podido observar, el Brasil avanza de forma progresiva en la lucha contra la violencia perpetrada hacia esta población particularmente vulnerable, todavía hay mucho por hacer, lo que resulta imprescindible la participación de la mujer en los espacios de poder y toma de decisiones, eliminando así la brecha de género en diversos aspectos de la sociedad, trayendo discusiones transversales, con el apoyo de las autoridades públicas, y contribuyendo para la transformación y evolución ciudadana.
Hecha las consideraciones anteriores, no cabe duda de que los asuntos dirigidos a la seguridad de la mujer brasileña, como su circulación por la ciudad, libre de acosos, abusos y violencia perpetrados dentro y fuera del hogar, deben ser asuntos de primer orden en la formación de la agenda pública y discutidos de manera urgente por el Gobierno brasileño, con miras a impulsar acciones legislativas que buscan garantizar la integridad del ser humano y la erradicación de la violencia, contribuyendo para la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales.
Yo sostengo, que la dignidad y la justicia deben formar parte de nuestras vidas, y que seamos valientes para denunciar y reivindicar nuestros derechos constitucionales y fundamentales, actuando como agentes de cambios, sin importar su condición o género, en responsabilidad conjunta con las autoridades nacionales y los organismos regionales e internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, en el sentido de alcanzar la plena igualdad, identidad y justicia social.
Y como ya nos ha enseñado Platón: «Podemos perdonar fácilmente a un niño que le teme a la oscuridad; pero la real tragedia de la vida es cuando los adultos le temen a la luz». (PLATÓN, ATENAS, 428/427 a.C. – 348/347 a. C.).
ROBERTA LÍDICE Doctora en Derecho Escuela de Doctorado “Studii Salamantini” Facultad de Derecho | Universidad de Salamanca Correo:robertalidice@usal.es
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TRIBUNAL EVALUADOR DE TESIS DOCTORAL
*Directora de Tesis Doctoral: Dra. Dª María Mercedes Iglesias Bárez (Universidad de Salamanca) – España.
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