*Obra añadida al acervo bibliográfico de la prestigiosa Biblioteca del Ministerio de Justicia de España: “Violencia Contra la Mujer y Maltrato Familiar” – Autora: Roberta Lídice.

 

*Obra añadida al acervo bibliográfico de la prestigiosa Biblioteca del Ministerio de Justicia de España: “Violencia Contra la Mujer y Maltrato Familiar” – Autora: Roberta Lídice.

 

Estimados lectores:

Les informamos que la prestigiosa Biblioteca del Ministerio de Justicia de España, recientemente ha añadido a su impotante y notable acervo bibliográfico la obra: “Violencia Contra la Mujer y Maltrato Familiar”, de la autora Roberta Lídice.

 

*BOOK DETAILS

Disponible en la Librería Bosch – Barcelona, así como en las principales librerías de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Australia, Corea, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.

Libro: Violencia Contra La Mujer y Maltrato Familiar.

Author: Roberta LÍDICE

Publisher: J.M. Bosch Editor

Publication City/Country Barcelona, Spain

Language Spanish

Edition Year: 2019.

ISBN-10: 8412077008

ISBN-13: 978-8412077001

Prologue: Dr. Mariem De la Rosa Bedriñana – Supreme Court Judge.

Sinopsis: Este libro aproxima al lector a un estudio del grave problema social de la violencia contra la mujer y el maltrato familiar, así como señala la necesidad de romper el silencio de la sociedad ante una situación de violencia contra la mujeres y los miembros del grupo familiar, bajo una óptica global. La violencia intrafamiliar es considerada una violencia de género, una vez que está basada en las desigualdades de poder que existen entre hombre y mujeres, contribuyendo a perpetuar la discriminación, opresión y los maltratros cometidos en el hogar. Es urgente una sanción efectiva de los Estados, a fin de que por medio de instrumentos nacionales e internacionales sea posible prevenir y erradicar este tipo de violencia, siendo evidente que ésta causa no es contra el hombre, sino contra los agresores. Así pues, es imprescindible una toma de conciencia social de la gravedad de este flagelo social para que se pueda combatir.

Así pues, se puede indicar este libro como una herramienta muy útil para jueces, abogados y sociedad en general, siendo una llamada de atención al Estado dando a fin de desterrar este fenómeno delictivo que constituye un atentado contra los derechos humanos y un problema crónico de salud pública global.

 

Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:

.Biblioteca del Ministerio de Justicia de España: https://bibliotecas.mjusticia.gob.es/cgi-bin/abnetopac/O7027/ID493905d7?ACC=131&xsqf01=(Roberta%20L%EDdice)&xsface=on&etapaFace=0&fieldFace=&xindbt=

.Librería Bosch: http://libreriabosch.com/Shop/Product/Details/41509_violencia-contra-la-mujer-y-maltrato-familiar

 

¡Buena Lectura!/ Have a Good Reading!

Roberta Lídice.

 

Author Statement/Declaração de Autoria/Declaración de Derecho de Autor:

© 2014 – 2020 ROBERTA LÍDICE. Author Statement: All copyrights, brand and content of this website belong to Roberta Lídice. All rights reserved.

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*Roberta Lídice: Doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad por la Universidad de Salamanca (USAL) – España.

USAL_LÍDICE Doctorado_Estudios Interd de Género y Políticas de Igualdad 2020 II

 

Escuela de Doctorado “Studii Salamantini”

 

ROBERTA LÍDICE

 

Doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad por la Universidad de Salamanca (USAL) – España.

Línea de Investigación: Transversalidad Jurídica y Políticas de Género (Políticas de Igualdad, Violencia de Género, Conciliación de la Vida Familiar y Laboral).

Facultad de Derecho | Universidad de Salamanca

 

Escuela de Doctorado “Studii Salamantini” | Universidad de Salamanca (USAL)

USAL_L~3

 

ROBERTA LÍDICE CONSULTORIA

Research and DevelopmentPesquisa e Desenvolvimento/ Investigación y Desarrollo.

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*Libro añadido al catálogo bibliográfico de la prestigiosa Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) – España: “Violencia Contra la Mujer y Maltrato Familiar” – Autora: Roberta Lídice.

 

*Libro añadido al catálogo bibliográfico de la prestigiosa Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) – España: “Violencia Contra la Mujer y Maltrato Familiar” – Autora: Roberta Lídice.

 

Estimados lectores:

Les informamos que la prestigiosa Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) – España, recientemente ha añadido a su impotante catálogo bibliográfico el Libro Violencia Contra la Mujer y Maltrato Familiar”, de la autora Roberta Lídice.

 

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Disponible en la Librería Bosch – Barcelona, así como en las principales librerías de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Australia, Corea, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.

Libro: Violencia Contra La Mujer y Maltrato Familiar.

Author: Roberta LÍDICE

Publisher: J.M. Bosch Editor

Publication City/Country Barcelona, Spain

Language Spanish

Edition Year: 2019.

ISBN-10: 8412077008

ISBN-13: 978-8412077001

Prologue: Dr. Mariem De la Rosa Bedriñana – Supreme Court Judge.

Sinopsis: Este libro aproxima al lector a un estudio del grave problema social de la violencia contra la mujer y el maltrato familiar, así como señala la necesidad de romper el silencio de la sociedad ante una situación de violencia contra la mujeres y los miembros del grupo familiar, bajo una óptica global. La violencia intrafamiliar es considerada una violencia de género, una vez que está basada en las desigualdades de poder que existen entre hombre y mujeres, contribuyendo a perpetuar la discriminación, opresión y los maltratros cometidos en el hogar. Es urgente una sanción efectiva de los Estados, a fin de que por medio de instrumentos nacionales e internacionales sea posible prevenir y erradicar este tipo de violencia, siendo evidente que ésta causa no es contra el hombre, sino contra los agresores. Así pues, es imprescindible una toma de conciencia social de la gravedad de este flagelo social para que se pueda combatir.

Así pues, se puede indicar este libro como una herramienta muy útil para jueces, abogados y sociedad en general, siendo una llamada de atención al Estado dando a fin de desterrar este fenómeno delictivo que constituye un atentado contra los derechos humanos y un problema crónico de salud pública global.

Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:

.Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB): http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/O7021/ID27d14929?ACC=161

.Catálogo Colectivo de las Universidades de Catalunya CSUC: https://ccuc.csuc.cat/search~S23*spi/?searchtype=X&searcharg=Roberta+L%C3%ADdice+&searchscope=23&sortdropdown=-

.Librería Bosch: http://libreriabosch.com/Shop/Product/Details/41509_violencia-contra-la-mujer-y-maltrato-familiar

 

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*Artigo: Racismo e Injúria Racial: da distinção dos crimes para a tipificação da conduta delitiva. Autora: Roberta LÍDICE.

 

 

Artigo: “Racismo e Injúria Racial: da distinção dos crimes para a tipificação da conduta delitiva”.

Autora: Roberta LÍDICE¹

 

O presente artigo tem como objetivo abordar a distinção dos crimes racismo e injúria racial, bem como apontar as condutas delitivas que os tipifiquem, como se percebe no texto a seguir.

Preconceito, Discriminação e Racismo são expressões de violência, que devem ser veementemente combatidas pelo Estado, sendo inaceitáveis em uma sociedade que busca justiça, igualdade e fraternidade, porém, ainda nos dias atuais, nos deparamos com indivíduos que acreditam na superioridade do ser humano em razão da cor de sua pele, raça ou origem, discriminando qualquer pessoa que lhe pareça “diferente”, como se alguém pudesse ser definido ou valorizado por suas origens ou estereótipo.

Nenhum ser humano é superior ao outro. Somos todos iguais perante a lei, conforme dispõe o artigo 5º da nossa Carta Magna de 1988:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Ainda nesse sentido, assim dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948:

Artigo I: Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.

Artigo II: Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

A negação de que o preconceito racial existe no Brasil é ainda mais vexatória  que a própria discriminação, uma vez que não é aceitável ocultar esse grave problema que temos no país, o qual traz consequências como: conflitos, violência, pobreza, sofrimento e desigualdades.

 

IDENTIFICANDO O CRIME

.Apelidar a vítima de acordo com as características físicas;

.Inferiorizar as características étnicas de outrem;

.Inferiorizar a vítima intelectualmente;

.Ofender, desprezar, duvidar da honestidade (sem provas);

.Recusa na prestação de serviços para pessoas de etnias diferentes.

.Agredir fisicamente, maltratar a outrem, em razão de sua etnia.

O preconceito é um crime de ódio que atenta à dignidade humana, afetando não somente as vítimas, mas a todo um grupo a que elas pertencem, bem como toda a sociedade.

Esse tipo de violência é direcionada a um determinado grupo social. O agressor escolhe a vítima de acordo com seu preconceito.

Vale ressaltar que, o Código Penal, em  seu artigo 140, § 3º determina a pena de: 1 a 3 anos de prisão e multa, para as injúrias motivadas por “elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. No que tange a Lei 7.716/89 – Lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor -,  engloba os “crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”, também com pena de reclusão de: 1 a 3 anos e multa. A diferença está em classificar ou não como injúria a atitude racista.

O CRIME de discriminação ou preconceito resultante de raça, cor e etnia é INAFIANÇÁVEL – o acusado não pode pagar fiança para responder em liberdade – e IMPRESCRITÍVEL, ou seja, o acusado pode ser PUNIDO a QUALQUER TEMPO.

 

DENUNCIANDO O CRIME

A vítima de crime de racismo deverá registrar boletim de ocorrência na Delegacia, juntando todas as provas possíveis, inclusive com o auxílio de testemunhas. Em caso de agressão física, torna-se indispensável o Exame de Corpo de Delito.

Desrespeito e atitudes de repúdio baseadas em fatores étnicos e culturais, apresentam caráter discriminatório e devem ser firmemente denunciadas e combatidas pelas autoridades.

Só existe uma raça: a raça humana. As diferenças no tom da pele, cabelo, e outras, não definem as pessoas. O que nos define é nosso caráter. O preconceito racial é crime e precisa ser combatido. Não se cale diante do preconceito racial. Denuncie.

 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar” – Nelson Mandela (1918-2013).

 

 

[1] ROBERTA LÍDICE: Professora Conferencista, Advogada e Consultora jurídica, atuante no âmbito preventivo e consultivo nas áreas de Direito Penal, Gestão Pública e Empresarial, com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social e na Gestão de Processos do Canal de Denúncias e Ética Corporativa. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais. Doutoranda em Estudos Interdisciplinares de Gênero e Políticas de Igualdade pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha.


 

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*Google Play – E-book: “Violencia Contra La Mujer Y Maltrato Familiar” – Author: Roberta LÍDICE.

 

*Google Play – E-book:

“Violencia Contra La Mujer Y Maltrato Familiar”

Author: Roberta LÍDICE.

 

*Destacado de J.M. Bosch Editor – Barcelona | Libro: “VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MALTRATO FAMILIAR”, de la autora Roberta LÍDICE.

*Obra incorporada a los acervos de 70 Bibliotecas Universitarias, de los siguientes países: Spain, United States, United Kingdom, France, Greece, Malta, Australia, Canada, New Zealand, United Arab Emirates, Turkey, China, Thailand, Trinidad and Tobago.

*Disponible en la Librería Bosch, así como en las principales librerías de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Australia, Corea, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero. En este libro, cabe destacar que el prólogo fue escrito por la ilustre y distinguida Dra. Mariem De la Rosa Brediñana, Jueza Suprema Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que se ha avalado este trabajo de investigación, razón de gran honor para mí, por el reconocimiento de la labor que he desarrollado.

Book details

Libro: Violencia Contra La Mujer y Maltrato Familiar.

Author: Roberta LÍDICE.

Publisher J.M. Bosch Editor

Publication City/Country Barcelona, Spain

Language Spanish

Edition Year: 2019.

ISBN papel: 978-84-120770-0-1

ISBN digital: 978-84-120770-1-8

Prologue: Dr. Mariem De la Rosa Bedriñana – Supreme Court Judge.

 

Sinopsis: Este libro aproxima al lector a un estudio del grave problema social de la violencia contra la mujer y el maltrato familiar, así como señala la necesidad de romper el silencio de la sociedad ante una situación de violencia contra la mujeres y los miembros del grupo familiar, bajo una óptica global. La violencia intrafamiliar es considerada una violencia de género, una vez que está basada en las desigualdades de poder que existen entre hombres y mujeres, contribuyendo a perpetuar la discriminación, opresión y los maltratros cometidos en el hogar. Es urgente una sanción efectiva de los Estados, a fin de que por medio de instrumentos nacionales e internacionales sea posible prevenir y erradicar este tipo de violencia, siendo evidente que esta causa no es contra el hombre, sino contra los agresores. Así pues, es imprescindible una toma de conciencia social de la gravedad de este flagelo social para que se pueda combatir.

ROBERTA LÍDICE: Profesora Conferenciante, Abogada y Consultora Jurídica, actuante en el ámbito preventivo y consultivo en las áreas de Derecho Penal, Gestión Pública y Empresarial, con énfasis en el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social, y en la Gestión de Procesos del Canal de Denuncias y Ética Corporativa. Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales. Doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad por la Universidad de Salamanca (USAL) – España.

 

Para conocer el prólogo, resumen e índice de este libro, puede consultar los siguientes enlaces:

http://libreriabosch.com/media/public/doc/Lidice_Resumen_Indice_Prologo_Intro.pdf

Librería Bosch: http://libreriabosch.com/Shop/Product/Details/41509_violencia-contra-la-mujer-y-maltrato-familiar

Informations – Google Play: https://play.google.com/store/books/details?id=iAqyDwAAQBAJ&rdid=book

 

¡Buena Lectura!/ Have a Good Reading! 

 

 

*Roberta Lídice – Escritora/Writer

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*Artigo: “Legitimidade do Ministério Público para ingressar em juízo com ação pública: Na defesa de interesses individuais homogêneos” – Autora: Roberta Lídice | Editora LEX MAGISTER (ISSN 1981-1489)

 

 

*Editora LEX MAGISTER

(ISSN 1981-1489)

 

 

.DOUTRINAS JURÍDICAS:

 

“Legitimidade do Ministério Público para ingressar em juízo com ação pública: Na defesa de interesses individuais homogêneos”

 Autora: Roberta Lídice¹

(LÍDICE, Roberta. “Legitimidade do Ministério Público para ingressar em juízo com ação pública: Na defesa de interesses individuais homogêneos”. Doutrinas Jurídicas-Lex Magister. Porto Alegre, out. 2016. ISSN 1981-1489).

O direito de acesso à justiça abrange o direito de representação e o direito de assessoramento e assistência. Este último importa em colocar à disposição do público um serviço ágil para responder objetiva e rapidamente às consultas populares sobre todos os aspectos relativos ao consumo. Já o direito de representação em juízo pode ocorrer através de advogado e das defensorias públicas. Quando se tratar da defesa coletiva de direitos, inclui também as associações de consumidores e o Ministério Público, com fulcro no artigo 6, inciso VII, do CDC.

No que tange a legitimidade para a defesa dos interesses e direitos dos consumidores em juizo, o artigo 82 do CDC, assim preceitua:

Art. 82 – Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

  • 1º – O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
  • 2º – (Vetado).
  • 3º(Vetado). –

 

Distinção Entre os Direitos Difuso, Coletivo e Individual Homogêneo

Nos termos do art. 81, parágrafo único da Lei nº 8.078/90, os interesses ou direitos tuteláveis através da ação civil pública compreendem:

A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único – A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrente de origem comum.

Os direitos individuais são divisíveis, individualizáveis, correspondendo por isso a interesses privados.

Os direitos difusos são transindividuais na medida em que não podem ser mensurados individualmente, ou seja, não podem ser quantificados sob o prisma individual, sendo inviável a definição da abrangência do direito de cada consumidor. Por outro lado, a caracterização do direito difuso requer que seus titulares sejam membros da comunidade, mas, ao mesmo tempo, pessoas indeterminadas, posto que a coletividade das pessoas é que detém a titularidade dos direitos difusos.

Já os direitos coletivos são aqueles direitos transindividuais, ou seja, que não podem ser mensurados individualmente, dos quais são titulares grupos de pessoas determinadas, ligadas entre si por uma relação jurídica base. Trata-se de direitos cuja titularidade não abrange a totalidade dos indivíduos, mas grupos homogêneos, tomados segundo um determinado aspecto.

Destaca ainda o CDC, os direitos individuais homogêneos, os quais não cuidam de direitos transindividuais, pois os direitos individuais homogêneos são quantificáveis e mensuráveis de forma individual, sendo os titulares indivíduos específicos, unidos por uma situação fática, que gera consequências individuais aos diversos consumidores. Seria, por exemplo, o caso de intoxicação alimentar sofrida por diversas pessoas em decorrência do consumo de um determinado produto que não respeita as condições sanitárias mínimas.

Neste caso, cada consumidor sofreu prejuízo singular e mensurável, mas devido à amplitude das consequências, podem ter seus direitos defendidos individualmente ou coletivamente. (Voto do então JUIZ EDUARDO MARINÉ DA CUNHA, Relator da Apelação Cível Nº 2.0000.00.360877-5/000(1) – 5ª Câmara Civil do extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais).

A existência de uma cláusula contratual nula pode ensejar o surgimento de uma pretensão difusa, coletiva e individual homogênea. É equivocado supor que a classe do direito -difuso, coletivo ou individual homogêneo – decorre automaticamente de características intrínsecas ao ilícito praticado. Aferir se o direito inquirido é difuso, coletivo ou individual homogêneo exige-se observar, o pedido formulado. Assim, diante de uma cláusula contratual abusiva, pode-se pedir a veiculação de contrapropaganda (direito difuso, cujos beneficiários são todas as pessoas que, direta ou indiretamente, tiverem acesso àquela informação), a declaração de nulidade da cláusula (direito coletivo, titularizado pelo grupo de clientes que celebraram o contrato), ou ainda a condenação do fornecedor infrator ao ressarcimento dos consumidores lesados (direito individual homogêneo).

 

Legitimidade do Ministério Público

De acordo com o entendimento do STJ, o Ministério Público só é legitimado a tutelar direitos individuais homogêneos quando tais direitos tiverem repercussão no interesse público.

Sendo assim, embora o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 82, inciso I, aliado à Lei 7.347/85 (art. 1, inciso II e 5º, inciso I), atribuam legitimidade ao Parquet de propor ação civil pública na defesa do consumidor, jurisprudencialmente a orientação é no sentido de que em se tratando de interesses individuais homogêneos há que se verificar a efetiva repercussão no interesse público da demanda.

Neste sentido também, é a posição do Ministério Público de São Paulo, cujo Conselho Superior já editou súmula nos seguintes termos:

Súmula nº 7 – O Ministério Público está legitimado à defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos que tenham expressão para a coletividade, tais como: a) os que digam respeito a direitos ou garantias constitucionais, bem como aqueles cujo bem jurídico a ser protegido seja relevante para a sociedade (v.g., dignidade da pessoa humana, saúde e segurança das pessoas, acesso das crianças e adolescentes à educação); b) nos casos de grande dispersão dos lesados (v.g., dano de massa); c) quando a sua defesa pelo Ministério Público convenha à coletividade, por assegurar a implementação efetiva e o pleno funcionamento da ordem jurídica, nas suas perspectivas econômica, social e tributária.

Conforme entendimento doutrinário, Hugo Nigro Mazzilli, assim manifestou:

Na ação civil pública ou coletiva, em defesa do consumidor, a atuação do Ministério Público deverá levar em conta o tipo de interesse e o tipo de pedido.

Tratando-se da defesa de interesses difusos, pela abrangência dos interesses, a atuação do Ministério Público sempre será exigível. Já na matéria de interesses coletivos e interesses individuais homogêneos o Ministério Público atuará sempre que: a) haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou pelas características do dano ( mesmo o dano potencial); b) seja acentuada a relevância do bem jurídico a ser defendido; c) esteja em questão a estabilidade de um sistema social, jurídico ou econômico.

Assim, se a defesa de um interesse, ainda que apenas coletivo ou individual homogêneo convier direta ou indiretamente à coletividade como um todo, não se há de recusar ao Ministério Público de assumir sua tutela. Quando, porém, se tratar de interesses coletivos ou individuais homogêneos, de pequenos grupos, sem característica de indisponibilidade nem suficiente abrangência social, pode não se justificar a iniciativa do Ministério Público.

A atuação do Ministério Público em defesa de interesses individuais de consumidores ocorre quando a questão diga respeito à questões de saúde, educação e outras matérias indisponíveis ou de grande relevância social.

 

Caso Palace II

Relato

Na madrugada de 22 de fevereiro de 1998, desabou parcialmente o edifício residencial Palace II na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O imóvel fora construído pelas empresas SERSAN – Sociedade Terraplanagem, Construção Civil e Agropecuária LTDA e MATERSAN – Materiais de Construção LTDA., cujo sócio majoritário era o então deputado federal Sérgio Augusto Naya.

O acidente ocasionou a morte de oito pessoas e deixou 352 famílias desabrigadas. A partir da investigação, ficou comprovado que o acidente foi gerado pela péssima qualidade do material utilizado na costrução do prédio.

As pessoas atingidas uniram-se e criaram a “Associação das Vítimas do Edifício Palace II” para defender seus interesses. Isso legitima a associação a ingressar com a ação prevista nos termos do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor.

 

Legitimidade do Ministério Público Para o Caso Supracitado

Quando julga uma ação civil pública de repercussão social inegável – como ocorreu no caso Palace II, em que se objetivava sancionar oferta lesiva responsável pela morte de diversas pessoas, ou nas ações destinadas ao ressarcimento de centenas de milhares de contribuintes e consumidores prejudicados por cobranças ilegais -, o Judiciário demonstra à população em geral sua capacidade de resolver eficazmente os conflitos sociais, consolidando assim seu respeito junto à sociedade e a confiança na ordem jurídica. Esta confiança no Estado de Direito, que a tutela coletiva fortalece, enquadra-se na cláusula que comete ao parquet a defesa do regime democrático e da ordem jurídica.

Conforme entendimento doutrinário, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que com pertinência ao tema ora versado, assim se manifestaram:

O que legitima o MP a ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos não é a natureza destes mesmos direitos, mas a circunstância de sua defesa ser feita por meio de ação coletiva. A propositura de ação coletiva é de interesse social, cuja defesa é mister institucional do MP (CF 127 caput), razão por que é constitucional o CDC 82, I, que legitima o MP a mover ação coletiva na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. No mesmo sentido, tese de Nelson Nery Junior aprovada por unanimidade no 9º Congresso Nacional do Ministério Público (Salvador-BA, setembro de 1992).

Ada Pellegrini Grinover, uma das mentoras do Código do Consumidor brasileiro, em célebre parecer redigido por solicitação do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor -, demonstra como a legitimidade do parquet pode ser extraída da cláusula residual do art. 129, IX, CF, desde que se atente para a finalidade institucional de defesa do interesse social:

[…] Muito embora a Constituição atribua ao Ministério Público apenas a defesa de interesses individuais indisponíveis (art. 127), além dos difusos e coletivos (art. 129,III), a relevância social da tutela coletiva dos interesses ou direitos individuais homogêneos levou o legislador ordinário a conferir ao MP a legitimação para agir nessa modalidade de demanda, mesmo em se tratando de interesses ou direitos disponíveis. em conformidade, aliás, com a própria Constituição, que permite a atribuição de outras funções ao MP, desde que compatíveis com sua finalidade (art. 129, IX).

A dimensão comunitária das demandas coletivas, qualquer que seja seu objeto, insere-as sem dúvida na tutela dos interesses sociais referidos no art. 127 da CF. É o que afirmei no artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo de 14.12.91, já citado.

  1. Vale lembrar, a esse respeito, as preciosas colocações de Kazuo Watanabe: “… o legislador claramente percebeu que, na solução dos conflitos que nascem de relações geradas pela economia de massa, quando essencialmente de natureza coletiva, o processo deve operar também como instrumento de mediação dos conflitos sociais neles envolvidos e não apenas como instrumento de solução de lides. A estratégia tradicional de tratamento das disputas tem sido de fragmentar os conflitos de configuração essencialmente coletiva em demandas-átomo. Já a solução dos conflitos na dimensão molecular, como demandas coletivas, além de permitir o acesso mais fácil à Justiça, pelo seu barateamento e quebra de barreiras socioculturais, evitará a sua banalização pela técnica da fragmentação e conferirá peso político mais adequado às ações destinadas à solução desses conflitos coletivos” (Código Brasileiro cit., pp. 501 e 502).

E mais: Em linha de princípio, somente os interesses individuais indisponíveis estão sob a proteção do Parquet. Foi a relevância social da tutela a título coletivo dos interesses ou direitos individuais homogêneos que levou o legislador a atribuir ao Ministério Público e a outros entes públicos a legitimação para agir nessa modalidade de demanda molecular, mesmo em se tratando de interesses e direitos disponíveis (ob. cit., p. 515).

[…]17. Decorre daí que, pelo simples fato de serem tratados numa dimensão coletiva, os direitos individuais assumem relevância social, inserindo-se sua tutela, pela legitimação do MP, no art. 127 da CF, c/c o art. 129, IX. Não é por outra razão que o CDC determinou a atuação obrigatória do MP no processo, se não for ele autor da ação em defesa dos interesses (ou direitos) individuais homogêneos (art. 92 do CDC).

O Código de Defesa do Consumidor e a LACP não pretenderam “esclarecer” o art. 129, III da CF – como pareceu ao eminente Prof. Miguel Reale – mas ampliaram a legitimação do MP, como permitia o art. 129, IX, observada a relevância social dos direitos individuais, quando coletivamente tratados (art. 127 da CF).

Aliás, a Constituição Federal estabelece um patamar mínimo, que o legislador ordinário pode ampliar, desde que não se desvirtuem os objetivos institucionais do órgão. E tal desvirtuamento não houve, como se demonstrou.

[…]É inconstitucional a legitimação do MP às ações coletivas em defesa de interesses individuais homogêneos, outorgada pelo CDC e pela LACP?

Resposta – De forma alguma. Encontra-a perfeito embasamento na Constituição Federal.

 

Entendimento Jurisprudencial

No Rio de Janeiro, diversas Câmaras já se manifestaram sobre a questão. Na ampla maioria dos julgados, especialmente nos mais recentes, têm prevalecido o entendimento favorável à legitimidade ministerial. Exemplificam esta tendência majoritária os acórdãos proferidos pela 1ª Câmara Cível, nos autos do agravo de instrumento nº 014/94 (Ministério Público v. Solange Galdino Bocard e outros, Rel. Des. Ellis Figueira); pela 2ª Câmara Cível, na apelação nº 3.719/97 (Ministério Público v. Fator Agência de Viagens e Turismo Ltda., Rel. Des. João Wehbi Dib), e pela 6ª Câmara Cível, na apelação nº 6.761/96 (Ministério Público. v. Carvalho Hosken S.A. – Engenharia e Construções, Rel. Des. Pedro Ligiéro).

Em 08/04/99, a 7ª Câmara Cível, em decisão unânime, excluiu do pólo ativo de ação civil coletiva destinada à reparação das vítimas do Edifício Palace II o Ministério Público, que havia proposto a ação, diligenciado a obtenção de provas, descoberto bens para satisfação da condenação etc.

Em seu voto, a Relatora Des. Áurea Pimentel assim se manifestou:

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da presente ação, argüida com destaque na primeira apelação, com todas as vênias do douto parecer da Dra. Procuradora de Justiça, na verdade merece ser acolhida, sem embargo do reconhecimento da utilidade da intervenção do M.P. no processo para a solução da demanda de tão grandes repercussões sociais.

Se o litígio em questão possuía “grandes repercussões sociais”, como negar legitimidade ao órgão constitucionalmente destinado à defesa do interesse social? Ressalte-se, aliás, que o processo apenas não foi extinto porque se manteve, no pólo ativo, a Associação das Vítimas do Palace II, entidade com menos de um ano de fundação quando de seu ingresso na ação. Nos termos do art. 5º, § 4º, apenas poderia ser admitida esta Associação recém-fundada se a lide apresentasse “interesse social”. Surge então a perplexidade: existe interesse social para que a Associação seja admitida, mas não para que o Ministério Público tenha legitimidade?

Prossegue a ilustre Desembargadora, linhas adiante:

É certo que o Código de Defesa do Consumidor, no inciso III, do parágrafo único do artigo 81, assegura a defesa, via a ação coletiva, também daqueles interesses de direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Ocorre que, para serem tutelados pelo Ministério Público, os direitos individuais homogêneos têm de ser, também, indisponíveis ante os encêrros do artigo 127 da Constituição Federal.

Direitos indisponíveis, sabidamente, são aqueles a respeito dos quais não se pode transigir.

Dos mesmos constituem exemplos: o direito à vida, à saúde e à educação.

Quando em discussão estiverem tais direitos de grande relevância social, como tais indisponíveis, a legitimação do Ministério Público para a propositura da ação estará sempre presente como adverte Hugo Nigro Mazzilli em sua obra já citada, página 117.

Foi na linha de tal entendimento e citado o magistério de Hugo Nigro Mazzilli que o Egrégio S.T.J. no Recurso Especial nº 108.577 – PI, em hipótese de ação civil pública, movida pelo Ministério Público, para obstar aumento nas mensalidades escolares, tidas como abusivas, entendeu justificada a atuação do Ministério Público, “por se tratar de direito à educação, fundamental à comunidade e definido pela própria Constituição como direito social” (Acórdão publicado in Rev. Sup. Trib. Just. Nº 99, pg. 224/237, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).

No caso dos autos, contudo, com todas as vênias do M.P. não se está, desenganadamente, diante de direitos indisponíveis, embora se reconheça que sejam os mesmos individuais, homogêneos.

É que, submetidos a discussão estão direitos a respeito dos quais podem os interessados transigir, o que, aliás, já aconteceu, em relação a diversos prejudicados que, como é notório, celebram acordo com os réus para o recebimento de indenizações, em alguns casos, aliás já pagas.

Assim sendo, falecendo ao Ministério Público, à luz do estatuído nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, legitimatio para propositura da presente ação, pode e deve tal ilegitimatio, nesta fase processual ser reconhecida.

Aderiu a Câmara, assim, à tese de que o Ministério Público apenas poderá pugnar por interesses individuais homogêneos indisponíveis. Como é natural, a Relatora, cujo voto foi acompanhado pelos demais membros do órgão colegiado, não atentou para os termos do art. 129, IX, nem para as cláusulas restantes do art. 127. Caso o fizesse, dificilmente teria como sustentar a ilegitimidade do parquet.

Embora sua jurisprudência, até pouco tempo, se pautasse por uma certa vacilação, hoje em dia o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado reiteradamente em favor da legitimidade do Ministério Público:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE INTERESSES E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

A Lei nº 7.345, de 1985, é de natureza essencialmente processual, limitando-se a disciplinar o procedimento da ação coletiva e não se entremostra incompatível com qualquer norma inserida no Título III do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

É princípio de hermenêutica que, quando uma lei faz remissão a dispositivos de outra lei de mesma hierarquia, estes se incluem na compreensão daquela, passando a constituir parte integrante de seu contexto.

O artigo 21 da Lei nº 7.347, de 1985 (inserido pelo art. 117 da Lei nº 8.078/90) estendeu, de forma expressa, o alcance da ação civil pública à defesa dos interesses e “direitos individuais homogêneos”, legitimando o Ministério Público, extraordinariamente e como substituto processual, para exercitá-lo (artigo 81, parágrafo único, III, da Lei nº 8.078/90).

Os interesses individuais, in casu (suspensão do indevido pagamento de taxa de iluminação pública), embora pertinentes a pessoas naturais, se visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcendem a esfera de interesses puramente individuais e passam a constituir interesses da coletividade como um todo, impondo-se a proteção por via de um instrumento processual único e de eficácia imediata – “a ação coletiva”.

O incabimento de ação direta de inconstitucionalidade, eis que, as leis municipais nºs 25/77 e 272/85 são anteriores à Constituição do Estado, justifica, também, o uso da ação civil pública, para evitar as inumeráveis demandas judiciais (economia processual) e evitar decisões incongruentes sobre idênticas questões jurídicas.

Recurso conhecido e provido para afastar a inadequação, no caso, da ação civil pública e determinar a baixa dos autos ao Tribunal de origem para o julgamento do mérito da causa. Decisão unânime.

Em 06/05/99, em Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (REsp 168.859-RJ), o Min. Ruy Rosado de Aguiar relatou acórdão reconhecendo a legitimidade do parquet para propor ação civil pública contra empresa de engenharia que, em seu contrato de adesão para aquisição de imóveis, estipulava cláusulas para correção monetária que desrespeitavam a legislação do Plano Real, impondo o pagamento de resíduo inflacionário.

Em seu voto, o Eminente Ministro ressalta que a 3ª e a 4ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que integram sua Seção de Direito Privado:

(…) têm se inclinado por aceitar a legitimidade do Ministério Público para promover a ação coletiva de defesa de direitos individuais homogêneos, quando configurado interesse público relevante.

Do aresto em tela – em que o universo de beneficiários nem era tão grande, e onde os direitos em jogo eram fracamente disponíveis -, conclui-se que a compreensão do STJ acerca da relevância social é bem mais elástica do que aquela admitida pelos doutrinadores avessos à legitimidade ministerial.

Resta abordar, por fim, a produção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Em acórdão unânime da 2ª Turma, da lavra do Min. Maurício Corrêa, a Corte posicionou-se claramente em favor da legitimidade do Ministério Público para tutela dos interesses individuais homogêneos, compreendidos como consectários lógicos dos interesses coletivos:

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 81, inciso III, considera os chamados interesses ou direitos individuais homogêneos assim entendidos os decorrentes de origem comum. A mensalidade escolar se constitui em interesse nitidamente homogêneo porquanto nasce de uma mesma origem e é aplicada a todos os usuários da escola. Como os interesses individuais homogêneos são uma subespécie dos interesses coletivos, o Ministério Público com amparo no art. 129, II da Constituição Federal de 1988 tem legítima capacidade postulatória ativa para propor a ação civil pública, na defesa de um grupo lesado pela estipulação abusiva de anuidades escolares.

  1. Evidencia-se, quantum satis, que os interesses defendidos neste recurso são nitidamente homogêneos porquanto nascidos de uma mesma origem, ou seja, mensalidades escolares cobradas abusivamente, com um mesmo índice de aumento, aplicado a todos os usuários da escola; por conseguinte homogêneos, porque na verdade todos da mesma natureza; e como homogêneos são também uma subespéciede interesses coletivos, como antes abordei, legítima é a capacidade postulatória do recorrente.
  2. Ao mencionar a norma do art. 129, III, da CF, que o MP está credenciado para propor a ação civil pública, relacionada a “outros interesses difusos e coletivos”, outorgou-se-lhe a prerrogativa para agir na defesa de um grupo lesado com a ilegalidade praticada. Não se trata de intromissão da iniciativa ministerial na área específica reservada à atuação de advogados, senão a de defender, em nome coletivo, pessoas vítimas de arbitrariedade praticada com aumento abusivo de mensalidades escolares. Dentre os atingidos, muitos dos pais não teriam condições de arcar com despesas judiciais e honorários, como é o caso daqueles que procuraram o MP indignados e revoltados com o aumento perpetrado; e por mal terem condições de pagar os estudos de seus filhos, não possuíam condições de suportar despesas extras. Ademais, estava o Parquetmais do que impelido a promover a ação, pelo dever de ofício, quanto mais quando se trata de interesses que se elevam à categoria de bens ligados à educação, amparados, como se sabe, constitucionalmente, como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 205).”

Saliente-se que a Primeira Turma deste Egrégio Tribunal, em acórdão da lavra do eminente Min. Ilmar Galvão (RE-190976/SP), invocou as mesmas razões de decidir expostas pelo Min. Maurício Corrêa para fundamentar sua posição, favorável à legitimidade ministerial.

 

CONCLUSÕES FINAIS

Diante o exposto, verificou-se que a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil coletiva depende da indisponibilidade do direito versado.

A Constituição Federal em seu art. 5º, XXXV, enuncia o princípio da inafastabilidade – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” -, está objetivando não apenas uma regra negativa- a de que a legislador não pode, através de um ato normativo, excluir certo litígio da apreciação da Justiça -, mas também uma regra positiva: o legislador está obrigado a estabelecer procedimentos destinados a assegurar eficientemente todos os direitos. Por ausência de instrumento processual, um direito material não pode ser simplesmente convertido em letra-morta.

A interpretação restritiva dos poderes do parquet poderia ter cabida em outras épocas, quando sua atuação era eminentemente repressora; atualmente, a atuação da instituição na implementação dos direitos transindividuais, dado seu conteúdo promocional da liberdade e da dignidade dos cidadãos, deve ser compreendida de modo diverso, e interpretadas extensivamente as normas que a regulam.

Embora a tutela coletiva seja indisponível, a satisfação pessoal do crédito nunca o será. A legitimidade do Ministério Público se extingue, efetivamente, a partir do momento em que o direito, antes tratado indivisamente, passa a ser objeto de quantificação individual.

 

 

Referências Bibliográficas

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Tendências Contemporâneas do Direito Processual Civil”. In: Temas de Direito Processual, 3ª série. São Paulo: Saraiva, pp. 1 a 13. 1984.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas Tendências do Direito Processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. 451p.

IDEC. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Disponível em: https://idec.org.br/

LÍDICE, Roberta. “Legitimidade do Ministério Público para ingressar em juízo com ação pública: Na defesa de interesses individuais homogêneos”. Revista Lex Magister: Doutrinas Jurídicas, Porto Alegre, out. 2016. (ISSN 1981-1489).

NERY JUNIOR, Nelson. O Ministério Público e sua Legitimação para a Defesa do Consumidor em Juízo. In: Justitia, 54 (160). São Paulo, 1992. pp. 244 e ss.

NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 1997. p. 1029.

Revista de Direito do Consumidor: “A Ação Civil Pública e a    Defesa dos Interesses Individuais Homogêneos”. In: Revista de Direito do Consumidor, v. 5. São Paulo: RT, 1993. pp. 206 e ss.

*Disponível em:<http://www.lex.com.br/doutrina_27204955_LEGITIMIDADE_DO_MINISTERIO_PUBLICO_PARA_INGRESSAR_EM_JUIZO_COM_ACAO_PUBLICA_NA_DEFESA_DE_INTERESSES_INDIVIDUAIS_HOMOGENEOS.aspx&gt;

 

[1] ROBERTA LÍDICE. Professora Conferencista, Advogada e Consultora jurídica, atuante no âmbito preventivo e consultivo nas áreas de Direito Penal, Gestão Pública e Empresarial, com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social e na Gestão de Processos do Canal de Denúncias e Ética Corporativa. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais. Doutoranda em Estudos Interdisciplinares de Gênero e Políticas de Igualdade pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha.


7 Roberta Lídice Consultoria 2020 (1)

 

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*Véase los libros de la autora Roberta Lídice que han sido incorporados a la Biblioteca “Víctor Andrés Belaunde” de la Unviversidad Católica San Pablo – Perú.

 

*Véase los libros de la autora Roberta Lídice que han sido incorporados a la Biblioteca “Víctor Andrés Belaunde” de la Unviversidad Católica San Pablo – Perú.

 

 

Estimados lectores:

Les informamos los libros de la autora Roberta Lídice que han sido incorporados a la Biblioteca “Víctor Andrés Belaunde “ de la Unviversidad Católica San Pablo – Perú:

 

.Políticas Públicas para Enfrentar la Violencia Doméstica y Familiar: Un Deber del Estado

Autora: Roberta LÍDICE.

Editorial: Ediciones Olejnik Publicaciones Jurídicas.

Año de Edición: 2019.

Idioma: Español.

ISBN: 978-956-392-517-3

Biblioteca de Derecho, Género y Violencia.

 

.Violencia Intrafamiliar Rompiendo El Silencio

Autora: Roberta LÍDICE.

Editorial: Ediciones Olejnik Publicaciones Jurídicas.

Año de Edición: 2018.

Idioma: Español.

ISBN: 978-956-392-062-8

Biblioteca de Derecho, Género y Violencia.

 

*Acerca de la Biblioteca “Víctor Andrés Belaunde “de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) – Perú:

La Biblioteca “Víctor Andrés Belaunde “de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) – Perú, se presenta como un servicio clave de apoyo a las funciones que constituyen la razón de ser de la Universidad: La investigación, la enseñanza y el aprendizaje. Así pues, su misión es facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento.

 

Si desea obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:

.Biblioteca Víctor Andrés Belaunde “de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) – Perú: https://biblioteca.ucsp.edu.pe/biblioteca/catalogo/ver.php?id=99910&idx=1071836 https://biblioteca.ucsp.edu.pe/biblioteca/catalogo/ver.php?id=99909&idx=1071835

.Librería Bosch – Barcelona: http://libreriabosch.com/Shop/Product/Details/41509_violencia-contra-la-mujer-y-maltrato-familiar

 

¡Les deseamos una buena lectura!

 

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“Violência contra crianças e adolescentes: implicações jurídicas e psicológicas do crime” – Autora: Roberta LÍDICE | Comentário Síntese: Penal. Revista Jurídica SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal – Edição 108. ISSN 2179-1627.

 

*Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal. Edição 108.  ISSN 2179-1627.

Comentário Síntese: Penal

Violência contra crianças e adolescentes

 

“A violência contra crianças e adolescentes se faz presente em muitos lares brasileiros, ocorrendo em qualquer dia e horário, principalmente nos fins de semana, quando o agressor encontra-se mais tempo em casa, sendo esta violência física, psicológica, sexual ou moral. Há casos em que as vítimas ou seus parentes não denunciam o crime; sendo assim, os praticantes da violência continuam agindo livremente, como se nada tivesse acontecido. O silêncio é motivado pelo constrangimento ou pelo trauma de relatar a ocorrência. Também pela certeza que muitas vítimas têm de que nada vai acontecer com o criminoso. Não são poucas as denúncias de abusos sexuais em casa, castigos corporais e, até mesmo, humilhações e discriminações na escola, cabendo às autoridades e à sociedade um posicionamento firme e combativo contra esses crimes”.

Assunto como esse, caro leitor, de autoria da Dra. Roberta Lídice, você poderá encontrar na Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal.

 

Desejamos a você uma ótima leitura!

Informações: http://www.sintese.com/penal.asp

Comentário Síntese Penal: http://www.iob.com.br/newsletters/conteudo.asp?produto=NEWSSINTESE&id_edicao=4379

 

*ISSN 2179-1627. LÍDICE, Roberta. Violência contra crianças e adolescentes: implicações jurídicas e psicológicas do crime. Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual: Porto Alegre, Ed. 108, pp. 206-211, Ano 2018.

 

 

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*Université de Fribourg  (Suiza) | Portal de “Derecho Penal”. Artículo: “Visión Latinoamericana de la Violencia Intrafamiliar y de Género”, de la autora Roberta Lídice.

 

 

*Université de Fribourg  (Suiza)

Portal de “Derecho Penal”

 

VISIÓN LATINOAMERICANA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO

LATIN AMERICAN VIEW OF VIOLENCE INTRAFAMILY AND GENDER

AUTORA: ROBERTA LÍDICE.

 

 

 

Estimados lectores:

Les informo que está disponible en el portal de Derecho Penal”, perteneciente a la Université de Fribourg (Suiza), el texto de mi autoría, titulado:

 

VISIÓN LATINOAMERICANA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO” ¹

“LATIN AMERICAN VIEW OF VIOLENCE INTRAFAMILY AND GENDER”

 

Véase en la sección “Artículos”, disponible en línea:

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20190908_02.pdf

 

Acerca del Portal de “Derecho Penal” de la UF:

El referido portal constituye una fuente de información sobre cuestiones relativas al sistema penal de control social. En ese sentido, su orientación es plural y multidisciplinaria con la finalidad de promover los derechos humanos y el Estado de derecho. Así que, su contenido comprende obras jurídicas, artículos de revistas, leyes y sentencias; así como informaciones sobre otros portales, publicaciones recientes y revistas electrónicas, estando su coordinación a cargo del ilustre Prof. Dr. José Hurtado Pozo, Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Université de Fribourg (Suiza).

Para obtener más información, por favor consulte el siguiente enlace:

http://perso.unifr.ch/derechopenal/documentos/articulos#L

 

¡Buena lectura!

Roberta Lídice.

[1] LÍDICE, Roberta. “Visión Latinoamericana de la Violencia Intrafamiliar y de Género”. Portal de “Derecho Penal”, sección: artículos.  Université de Fribourg, Suiza, septiembre 2019, p. 1-24. Disponible en: <http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20190908_02.pdf>.

 

 

*ROBERTA LÍDICE

Profesora Conferenciante, Abogada y Consultora Jurídica, actuante en el ámbito preventivo y consultivo en las áreas de Derecho Penal, Gestión Pública y Empresarial, con énfasis en el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social, y en la Gestión de Procesos del Canal de Denuncias y Ética Corporativa. Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales.

*Educación: Doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad por la Universidad de Salamanca (USAL) – España; MBA/Máster en Géstion Pública: Políticas y Gestión de Gobierno y Especialización en Derecho Empresarial.

*Certificación en Defensoría del PuebloDefensora del Pueblo/Ombudsman, con certificado de profesionalidad  expedido por la Ouvidoria-Geral da União (OGU) y Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), para el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social.

*Scientific Publications/Publicações/Publicaciones | ©Author/Autora Roberta Lídice: https://robertalidiceconsultoria.com/publicacoes-de-roberta-lidice/

 *Currículum Lattes:  http://lattes.cnpq.br/8669712164923769

*Roberta Lídice Consultoría Jurídica:  https://robertalidiceconsultoria.com/

*Distinciones:

.Medalla al Mérito – Comenda Emérita Constitucionalista, Sociedad 32/MMDC: Reconocimiento de los importantes servicios sociales prestados. Ubicación de la Solemnidad: Câmara Municipal de São Paulo. Noviembre/2015.

.Medalla al Mérito por la Secretaria Municipal de Deportes (SME) y Ayuntamiento de São Paulo: Reconocimiento de los importantes servicios sociales realizados junto al Foro de Enfrentamiento a la Violencia Doméstica y Intrafamiliar. Ubicación de la Solemnidad: Subprefectura Santana/Tucuruvi. Abril/2016.

.Medalla al Mérito por la Secretaria Municipal de Deportes (SME) ) y Ayuntamiento de São Paulo: Reconocimiento de los importantes servicios sociales realizados junto al Foro del Ciudadano Senior. Ubicación de la Solemnidad: Subprefectura Santana/Tucuruvi. Septiembre/2015.

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*Decretos do Governo de São Paulo com medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19) | Governo do Estado de São Paulo.

 

Decretos do Governo de São Paulo com

medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus:

 

Textos apresentam ações relacionadas aos órgãos públicos do Estado e orientações para evitar contágio e avanço do Covid-19.

 

*Ter, 17/03/2020 – 12h25 | Do Portal do Governo – Atualizado às 17h28, de 20 de março.

 

Como parte das ações do Governo de São Paulo para combater o avanço do novo coronavírus no Estado, o governador João Doria assinou decretos com medidas e orientações das autoridades de Saúde.

– Decreto nº 64.865, de 18/03/2020
Acrescenta dispositivo ao Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, com recomendações ao setor privado estadual (shoppings e academias).

– Decreto n° 64.864, de 16/03/2020
Medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo novo coronavírus e outras providências.

– Decreto n° 64.862, de 13/03/2020
Medidas temporárias e emergenciais adotadas no âmbito da Administração Pública direta e indireta, além de recomendações ao setor privado estadual.

 

Resoluções

– Resolução SS nº 29, de 19/03/20
Estabelece a obrigatoriedade, a todos os hospitais do Estado de São Paulo, de remessa diária dos dados, que especifica, referentes Covid-19 (novo coronavírus), e dá providências correlatas.

– Resolução SS-CGOF nº 28, de 17/03/20
Estabelece as diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do Estado de São Paulo para enfrentamento da pandemia do Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus), e dá providências correlatas.

Para mais informações, acesse: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/

 

Governo do Estado de São Paulo.

 

 

 

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