*Catálogo de Violencia Doméstica – Librería Bosch: «El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer» – La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas, de la autora Roberta LÍDICE | Editorial J.M. Bosch – Barcelona | (Versión impresa y digital).

 

*Catálogo de Violencia Doméstica – Librería Bosch

Lanzamiento: marzo/2022

 

«El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer»La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas.

 

Autora: Roberta LÍDICE.

*Destacado de J.M. Bosch Editor – Barcelona.

(Versión impresa y digital).

 

 

 

 

*Disponible en la Librería Bosch (Barcelona), así como en las principales librerías de España, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.

 

*BOOK DETAILS

Book: El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer – La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas.

Author: Roberta LÍDICE

Publisher: J.M. Bosch Editor

Publication City/Country Barcelona, Spain

Language: Spanish

 Edition Year: 2022

ISBN paperback: 9788419045287

ISBN digital: 9788419045294

Prologue: Prof.ª Dra. María Mercedes Iglesias Bárez, Profesora de la Universidad de Salamanca (USAL).

 

*Sinopsis: Este libro pretende sensibilizar e invitar al lector a reflexionar sobre el crítico y complejo problema social que significa la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género, así como se enfatiza la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, juzgar y ofrecer reparación integral frente a los actos de violencia, abuso y discriminación practicados contra las mujeres en el seno de la familia, no solamente basado en género, sino también a múltiples factores que se sustentan en las persistentes desigualdades históricas y estructurales existentes en nuestra sociedad y en las comunidades.

Asimismo, se señala la importancia de implementar políticas públicas de protección adecuadas, dignas y efectivas, que respondan al reclamo de la población femenina, postulando así la urgencia de un cambio de conciencia social para hacer frente a este fenómeno persistente, generalizado e inaceptable, que aqueja diariamente a millares de hogares en todo el mundo, independientemente de la cultura, religión, etnias o razas, clases sociales, niveles de educación o edad.

En este contexto, vale recalcar el aumento exponencial de la violencia hacia las mujeres perpetrada en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto, debido a la pandemia de COVID-19. A este respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los países que adopten medidas contra el estremecedor repunte de la violencia doméstica a raíz del confinamiento y aislamiento global, con el fin de combatir la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la sociedad.

De ahí se infiere con mayor claridad que, la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género no se trata de un problema privado, pero, sí es eso, una cuestión de orden público y una grave violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que afecta de manera desproporcionada a este colectivo especialmente vulnerable. Además, conviene advertir que, incluso antes de instaurada la actual situación de pandemia, las cifras mundiales con relación a esta modalidad delictiva eran realmente muy alarmantes.

Es más, la violencia practicada contra las mujeres sigue siendo una gran amenaza para la salud pública mundial frente a la situación actual de pandemia, lo que ha incrementado los casos de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer perpetrada por compañeros íntimos. De eso se desprende la necesidad de poner en marcha medidas urgentes de lucha contra la violencia infligida hacia la mujer en tiempos de pandemia, incluyendo los planes de preparación y respuesta, para así proporcionar un acceso asequible e igualitario a los servicios esenciales en el sector de atención sanitaria, servicios sociales, y los sectores policial y judicial, los que pueden mitigar de manera significativa las consecuencias que tiene este tipo delictivo sobre la integridad física, psíquica y moral de las víctimas.

 

 

Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:

*Librería Bosch – (Barcelona,ES):  https://libreriabosch.com/Shop/Product/Details/49624_el-papel-del-estado-frente-a-la-lucha-contra-la-violencia-domestica-e-intrafamiliar-hacia-la-mujer?e=1

*Lea las primeras páginashttps://libreriabosch.com/media/public/doc/9788419045287.pdf

*Reseña: https://www.youtube.com/watch?v=BnU6gUTjNx4

 

¡Buena Lectura!/ Boa Leitura!/ Have a Good Reading!

 

© ROBERTA LÍDICE: Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España. Investigadora, Abogada y Consultora Jurídica, actuante en el ámbito preventivo y consultivo en las áreas de Derecho Penal, Gestión Pública y Empresarial, con énfasis en el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social, y en la Gestión de Procesos del Canal de Denuncias y Ética Corporativa. Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales.

 


 

 


 

 

 

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*Comentário Síntese: Penal. Revista Jurídica SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal – Edição 108. ISSN 2179-1627 | Texto: “Violência contra crianças e adolescentes: implicações jurídicas e psicológicas do crime” – Autora: Roberta LÍDICE

 

 

*Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal. Edição 108.  ISSN 2179-1627.

Comentário Síntese: Penal

Violência contra crianças e adolescentes

 

“A violência contra crianças e adolescentes se faz presente em muitos lares brasileiros, ocorrendo em qualquer dia e horário, principalmente nos fins de semana, quando o agressor encontra-se mais tempo em casa, sendo esta violência física, psicológica, sexual ou moral. Há casos em que as vítimas ou seus parentes não denunciam o crime; sendo assim, os praticantes da violência continuam agindo livremente, como se nada tivesse acontecido. O silêncio é motivado pelo constrangimento ou pelo trauma de relatar a ocorrência. Também pela certeza que muitas vítimas têm de que nada vai acontecer com o criminoso. Não são poucas as denúncias de abusos sexuais em casa, castigos corporais e, até mesmo, humilhações e discriminações na escola, cabendo às autoridades e à sociedade um posicionamento firme e combativo contra esses crimes”.

Assunto como esse, caro leitor, de autoria da Dra. Roberta LÍDICE, você poderá encontrar na Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal.

 

Desejamos a você uma ótima leitura!

Informações: http://www.sintese.com/penal.asp

Comentário Síntese Penal: http://www.iob.com.br/newsletters/conteudo.asp?produto=NEWSSINTESE&id_edicao=4379

 

*LÍDICE, Roberta. Violência contra crianças e adolescentes: implicações jurídicas e psicológicas do crime. In: Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual. Porto Alegre: Editorial SAGE – IOB, ed. 108, ano 2018, p. 206-211. ISSN 2179-1627.

 

 


 

 

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*Texto: “Da efetivação do contraditório da prova documental no processo administrativo disciplinar (PAD)” – Autora: Roberta LÍDICE | Revista Jus Navigandi – ISSN 1518-4862

 

*DRA. ROBERTA LÍDICE 

Researcher/Pesquisadora/Investigadora 

https://robertalidiceconsultoria.com/

 

 

*Revista Jus Navigandi ISSN 1518-4862

 

Texto: “Da efetivação do contraditório da prova documental no processo administrativo disciplinar (PAD)” – Autora: Roberta LÍDICE¹

 

É por meio do contraditório que se dá ciência ao acusado sobre a prova produzida, para que o mesmo possa exercitar seu direito de defesa, de forma livre e ampla. Entenda sobre os principais aspectos relacionados ao processo administrativo disciplinar (PAD) e a efetivação do contraditório quando da prova documental, como meio de auxiliar na avaliação da intencionalidade do servidor na prática da conduta.

INTRODUÇÃO

A Lei nº 8.112/90 estabeleceu que a apuração de infrações disciplinares ocorre por meio de dois tipos de procedimentos: o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a Sindicância.

Para que as condutas previstas na referida Lei sejam consideradas como infrações disciplinares, é preciso que elas tenham sido cometidas com dolo ou culpa por parte do servidor.

Cumpre salientar que a avaliação da intencionalidade do servidor é de responsabilidade da comissão processante e da autoridade julgadora, averiguada durante o processo e, principalmente, no relatório final.

Os principais aspectos disciplinados pelo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) serão tratados neste texto, objetivando a identificação do objeto no processo punitivo, estando o servidor amparado pelo contraditório e ampla defesa, conforme se percebe no texto a seguir.

DO PROCESSO DISCIPLINAR – CONCEITO

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é o instrumento de exercício do poder disciplinar, constituindo-se na justa aplicação do regime disciplinar para apuração e punição de infrações praticadas pelos servidores públicos no exercício de suas atribuições, sendo iniciado após a publicação da Portaria, a qual designa seus integrantes e indica, dentre eles, o presidente da respectiva comissão de inquérito.

De acordo com o artigo 116, inciso VI da Lei nº 8.112/90, é dever do servidor público federal representar contra suposta irregularidade de que tiver ciência, cometida por qualquer outro servidor,  exclusivamente em razão do cargo, bem como contra ato ilegal e abuso de autoridade, incorrendo em infração disciplinar, passível de responsabilização funcional, aquele que deixar de comunicar à autoridade hierárquica superior toda e qualquer ilegalidade de que tiver ciência.

O art. 18 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, impõe à Controladoria-Geral da União – CGU, encaminhar aos órgãos competentes as representações ou denúncias fundamentadas que receber, além de acompanhar e inspecionar as apurações.

A Representação refere-se à peça escrita apresentada por servidor, como cumprimento de dever legal, ao tomar conhecimento de suposta irregularidade cometida por qualquer servidor ou de ato ilegal omissivo ou abusivo por parte de autoridade, associados, ainda que, indiretamente, ao exercício de cargo.

Já a Denúncia, admite duas interpretações distintas, sendo: uma mais abrangente, que tem o sentido de todas as notícias de irregularidades, englobando a espécie das representações e outra, mais específica, distinta da representação, que se refere, exclusivamente, à peça apresentada por particular, noticiando à administração o suposto cometimento de irregularidade associada ao exercício de cargo.

A Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006, elenca que a atividade correcional utilizará como instrumentos a Investigação Preliminar, a Sindicância Investigativa, a Sindicância Patrimonial, a Sindicância Contraditória, o Processo Administrativo Disciplinar e a Inspeção.

O PAD busca disciplinar os seguintes preceitos:

.Esclarecer os fatos inicialmente caracterizados como infrações disciplinares;

.Inibir o descumprimento dos deveres e das obrigações a que se submetem os servidores públicos federais;

.Garantir aos servidores oportunidade para apresentarem justificativas antes da eventual aplicação de penalidade disciplinar.

 

DAS PROVAS E DO PROCESSO PUNITIVO

O Processo Administrativo Disciplinar – PAD não tem por finalidade somente apurar a culpabilidade do servidor acusado de infração, mas, também, oferecer-lhe a oportunidade de provar sua inocência (efetivação do contraditório e ampla defesa).

Nesse diapasãoa Advocacia-Geral da União (AGU), por meio do Parecer GQ 98, assim manifestou-se:

 

  “(…) à investigação [disciplinar] se procede com o objetivo exclusivo de precisar a verdade dos fatos, sem a preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor”.

 

 

Sobre o mesmo entendimento, o Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp) elaborou a Formulação 215:

 

“O inquérito administrativo não visa apenas a apurar infrações, mas também oferecer oportunidade de defesa”.

 

As infrações administrativas são caracterizadas por condutas – ações ou omissões – que possam ensejar a instauração de processos punitivos em face de servidor público federal, tais como:

.Inobservância de deveres previstos no artigo 116 da Lei nº 8.112/90;

.Afronta às proibições listadas no artigo 117 da mesma Lei;

.Realização das condutas descritas no artigo 132 do mesmo diploma legal, e;

.Inobservância de deveres e afronta a proibições, previstos em outros diplomas legais.

Com fulcro nos artigos supramencionados, as condutas serão consideradas como infrações disciplinares, quando cometidas com dolo ou culpa por parte do servidor, sendo de inteira responsabilidade da comissão e autoridade julgadora, a avaliação da intencionalidade da sua conduta, baseada em provas.

Ressalta-se que a infração do servidor deve ter ocorrido em função do cargo ou ter relação com as atribuições deste. Portanto, atos da vida privada não caracterizam infração disciplinar.

Como exemplos, serão citados dois casos:

1- Quando a conduta estiver indiretamente relacionada às atribuições do cargo: o servidor que exerce consultoria fora do horário de expediente ou durante suas férias, utilizando-se do prestígio do cargo que ocupa ou do acesso privilegiado a informações técnicas como diferenciais para auferir clientes.

2 – Servidor que cometeu crime de homicídio: mesmo que em face de outro servidor, mas em situação da vida privada, não terá cometido, também, infração disciplinar. O juiz, em processo criminal, pode determinar a perda do cargo pelo servidor, o que configura efeito acessório da pena criminal e não penalidade disciplinar.

A seguir, serão demonstradas condutas que podem caracterizar, simultaneamente, crimes e infrações disciplinares:

.Crimes contra a Licitação de que trata a  Lei n. 8.666/93;

.Crimes contra a Ordem Tributária, previstono artigo 3o. da Lei n. 8.137/90;

.Abuso de Autoridade, previstos na Lei n. 4.898/65;

.Crimes Resultantes de Discriminação e de Preconceito, com fundamento na Lei n. 7.716/89;

.Crimes contra a Administração Pública, previstos nos artigos 312 a 326 do Código Penal –CP;

.Crime de Tortura – Lei n. 9.455/97.

Vale ressaltar que, quando um mesmo fato configurar crime e irregularidade disciplinar, a penalidade disciplinar deverá ser apurada por Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância Punitiva e o crime será apurado por Ação Judicial, cabendo ao juiz determinar a medida cabível ao caso concreto.

As fases do Processo Disciplinar são:

.Instauração;

.Inquérito Administrativo;

.Julgamento.

Finalizada a instauração do processo, ocorrerá o indiciamento do acusado ou sindicado, caso a comissão entenda que reuniu provas de materialidade de autoria de infração disciplinar.

A comissão comunica-se com o acusado ou o sindicado com diferentes finalidades, as quais recebem diferentes denominações:

.Notificação prévia: comunica que o servidor é acusado em processo punitivo;

.Notificação: convoca acusado e advogado para participar de algum ato processual;

.Intimação: convoca testemunha para depoimento ou acusado para interrogatório;

.Citação: informa o acusado da abertura de prazo para apresentação de Defesa.

Contudo, frisa-se que em processos punitivos não são admitidas provas ilícitas, ou seja, que violem direitos fundamentais para sua produção.

Desta feita, não é permitido juntar ao processo gravação de conversa ao telefone obtida sem autorização judicial. Não obstante, sem autorização judicial, a comissão poderá obter dados telefônicos do ramal utilizado pelo servidor, ou seja, o registro dos números telefônicos contatados e a duração das chamadas, uma vez que tratam-se de dados não protegidos pelo sigilo, conforme preceitua o artigo 5º, inciso XII da Nossa Carta Magna de 1988.

A infração disciplinar realizada por servidor cedido deve ser apurada por comissão constituída por autoridade do órgão cessionário, e não por autoridade do órgão cedente, com fulcro no artigo 143 da Lei nº 8.112/90, o qual dispõe que a autoridade que tiver conhecimento do fato deve determinar sua apuração.

No que tange ao julgamento e à aplicação de penalidade disciplinar, devem ser realizados pela autoridade do órgão cedente, uma vez que o servidor está vinculado hierarquicamente a ele, nos termos da Nota-Decor/CGU/AGU :

 

Despacho-Decor/CGU/AGU nº 10/2008-JD: “10. De toda sorte, a competência para julgar processo administrativo disciplinar envolvendo servidor cedido a outro órgão ou instituição só pode ser da autoridade a que esse servidor esteja subordinado em razão do cargo efetivo que ocupa, ou seja, da autoridade competente no âmbito do órgão ou instituição cedente. 11. Essa competência decorre do princípio da hierarquia querege a Administração Pública, em razão do qual não se pode admitir que o servidor efetivo, integrante do quadro funcional de um órgão ou instituição, seja julgado por autoridade de outro órgão ou instituição a que esteja apenas temporariamente cedido. 12. É fato que o processo administrativo disciplinar é instaurado no âmbito do órgão ou instituição em que tenha sido praticado o ato antijurídico. Entretanto, tão logo concluído o relatório da comissão processante, deve-se encaminhá-lo ao titular do órgão ou instituição cedente para julgamento”.

 

 

Dos princípios orientadores de maior relevância no processo punitivo, para adequada produção de prova, destacam-se:

Verdade Material: Pode ser entendida como uma espécie de compromisso da comissão com a ampla e aprofundada apuração da irregularidade objeto do processo punitivo. Significa dizer que a comissão não pode apurar apenas uma parte da irregularidade, nem apurá-la superficialmente, devendo trazer para os autos todas as provas relevantes para o esclarecimento dos fatos, sejam favoráveis ou contrárias à aplicação de penalidade disciplinar.

Dessa forma, diferentemente de processos judiciais com interesse meramente privado – como ressarcimento em acidentes de veículos particulares -, em que cada parte alega o que quiser e o Estado não se preocupa se as alegações são suficientes ou não para representar a verdade, no processo administrativo disciplinar, o interesse público justifica a ampla produção de provas pela comissão, não importando se elas irão contribuir para a absolvição ou condenação, e sim importando se elas trazem a verdade para dentro do processo.

Assim, a aplicação do princípio da verdade material ao processo punitivo obriga a comissão a juntar aos autos provas de que tenha tido conhecimento ainda que depois de concluída a fase instrutória, mesmo que contrária à aplicação de penalidade disciplinar.

Ampla defesa: Realiza-se, no processo punitivo, por meio de atos que oportunizem ao acusado saber da existência do processo e nele atuar; dentre esses atos destacam-se:

.Direito de ser notificado da existência do processo;

.Direito de ter acesso aos autos;

.Direito de participar efetivamente da construção da prova e de que a mesma seja considerada pela comissão e pelo julgador;

.Direito de se manifestar antes da produção do Relatório Final;

.Direito a julgamento fundamentado e motivado;

.Direito de recorrer do julgamento.

Observar o princípio da ampla defesa significa, também, presumir inocente o servidor até a emissão do despacho de julgamento, sendo que, até o julgamento, a infração e a responsabilidade do servidor são supostas.

Contraditório: Este princípio orienta a comissão a dar oportunidade ao acusado para produzir e apresentar contraprova.

Como exemplo, pode ser citado:

Na produção de prova pericial, o contraditório ocorre antes de sua produção, uma vez que o acusado ou o sindicado pode apresentar quesitos.

O acesso aos autos é permitido ao acusado ou ao sindicado e ao seu advogado, a qualquer momento, preferencialmente, mediante agendamento prévio com a comissão.

Conforme as provas são produzidas, a comissão encaminhará as cópias dos documentos ao acusado ou ao sindicado, independentemente de solicitação.

No que tange às provas documentais, não é necessário dar conhecimento ao acusado assim que um documento for juntado aos autos, podem ser encaminhadas cópias dos documentos mais relevantes ou encaminhá-las em blocos, à medida que a comissão julgue conveniente dar conhecimento ao acusado.

De qualquer forma, o acusado ou o sindicado tem direito a uma cópia integral dos autos, a qual pode ser fornecida em papel ou em mídia eletrônica (CD ou DVD), na qual o processo, após escaneamento, é gravado. Não é obrigatório dar uma cópia ao advogado quando o acusado ou o sindicado já a detiver, e vice-versa.

Tratando-se de prova testemunhal, a comissão deve notificar o acusado da realização da oitiva, com 3 dias úteis de antecedência, conforme preceitua o artigo 26,  § 2º da Lei nº 9.784/99, a fim de que ele possa participar, acompanhado ou não de advogado.

Durante a realização da oitiva, deve ser permitido ao acusado fazer perguntas à testemunha por intermédio do presidente da comissão, bem como alegar eventual impedimento ou suspeição.

DA EFETIVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DA PROVA DOCUMENTAL

O contraditório e a ampla defesa são os princípios mais importantes dos processos disciplinares punitivos – PAD e Sindicância Punitiva. A inobservância deles pode gerar a nulidade do processo. Esses princípios estão intimamente ligados à produção da prova, a qual influenciará na forma como o fato tido como irregular foi praticado e a quem se deve ser atribuída a responsabilidade da conduta.

O conhecimento que se dá à defesa sobre a prova que foi produzida, para que o acusado possa, livre e amplamente, exercitar seu direito de se defender, é denominado: Contraditório.

A comissão tem o dever de levar ao conhecimento do acusado o que está sendo produzido no processo. Dependendo da natureza da prova, o acusado deve ser previamente comunicado para auxiliar na sua produção. Em outros, a comunicação ao acusado será feita após a produção da prova, devendo ocorrer apenas o contraditório posterior.

Nessa última hipótese, enquadra-se a prova documental. Como a mesma já existe, o contraditório será efetivado apenas após sua juntada aos autos. Dessa forma, a defesa deverá ser notificada de que os documentos foram juntados. É desnecessário notificá-la de que, por exemplo, a comissão enviará um Ofício ao Tribunal de Contas da União para que este lhe encaminhe cópia do processo que tramita naquela corte, relativo aos mesmos fatos investigados disciplinarmente. Por outro lado, é imprescindível que o acusado seja notificado da juntada da cópia solicitada ao processo disciplinar.

A Controladoria-Geral da União – CGU, firmou entendimento no Enunciado CGU n.º 14 de 31 de maio de 2016 (Publicado no DOU de 01/06/2016, Seção I, página 48), conforme segue:

 

RESTRIÇÃO DE ACESSO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

“Os procedimentos disciplinares têm acesso restrito para terceiros até o julgamento, nos termosdo art. 7º, parágrafo 3º, da Lei nº 12.527/2011, regulamentado pelo art. 20, caput, do Decreto nº 7.724/2012, sem prejuízo das demais hipóteses legais sobre informações sigilosas. A regra de publicidade para o acusado e seu procurador decorre da ampla defesa, mas comporta exceções. Isso porque, em um processo com vários acusados, podem ser juntados documentos sigilosos aos autos do processo, aos quais a defesa só terá acesso quando forem próprios do acusado a que se refere. Os mais comuns seriam as declarações fiscais e os extratos bancários. O sigilo fiscal e o sigilo bancário, a princípio, são invioláveis, mas podem ser compartilhados com a comissão de PAD se atendidos os requisitos legais, previstos, respectivamente, nas Leis Complementares nº 104 e nº 105, ambas de 10 de janeiro de 2001”.

 

Após o julgamento, desperta na sociedade o interesse em verificar se a apuração ocorreu de forma regular, quando então o PAD deixa de ser sigiloso. Todavia, as informações constantes dos anexos continuam sigilosas, pelo que deverão ser destacadas dos autos principais e arquivadas.

Em suma, é possível requerer a juntada desses documentos aos autos disciplinares, porém exige um rito próprio. Para o sigilo fiscal, deve ser instaurado o PAD/Sindicância, a fim de que a comissão encaminhe a solicitação dos dados à Receita Federal do Brasil, por autoridade instauradora.

Nos casos que envolvem sigilo bancário, a solicitação deverá ser realizada junto à comissão ao Poder Judiciário, por representante judicial – AGU, para que lhe possam ser repassados os dados sigilosos do acusado.

Se houver apenas um acusado no PAD, a juntada de documentos sigilosos não costuma gerar problemas, uma vez que este terá amplo acesso a toda a prova produzida no processo. Porém, quando há mais de um acusado no PAD e são juntados documentos sigilosos relativos a cada um deles, faz-se necessário maior atenção, para não gerar inconvenientes. Cabe à Comissão, o cuidado de juntar os documentos sigilosos em anexos individualizados (um anexo para cada acusado com dados sigilosos). Quando der vista ou tirar cópia dos autos para entregar à defesa, a comissão deverá fazê-lo apenas com os dados do solicitante.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA COMISSÃO PARA A JUNTADA DE PROVAS DOCUMENTAIS

Existem alguns procedimentos a serem adotados pela comissão para a juntada de provas documentais aos autos do processo administrativo disciplinar (PAD). Senão, veja-se:

.Ir ao órgão ou à unidade que detenha o processo com os documentos e selecionar aqueles cuja juntada ao PAD/Sindicância seja importante. Caso a comissão já saiba de antemão que documentos são necessários, esse passo pode não ocorrer;

.Encaminhar um ofício/memorando ao órgão ou à unidade que detenha o documento, solicitando o original ou a cópia, dependendo do que seja necessário provar (via de regra, a cópia basta);

.Juntar os documentos ao processo via termo de juntada ou despacho do presidente da comissão (“Junte-se”). Junte os documentos sigilosos em anexos individuais, caso haja mais de um acusado (um para cada acusado);

.Notificar a defesa acerca dos documentos que foram juntados. Não se esquecer de que essa notificação pode ser feita em bloco (vários documentos de uma vez só) ou mesmo não ser realizada, caso a defesa tenha tido vista dos documentos juntados. É importante, nesse caso, ter um termo de vista assinado pela defesa, registrando-se que foi aberto o devido contraditório.

 

 

CONCLUSÕES FINAIS

 

Este texto trouxe a importância do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, bem como o disposto na Lei nº 8.112/90, a qual trata da apuração de infrações disciplinares, cometidas com dolo ou culpa por parte do servidor.

Ressalta-se que a avaliação da intencionalidade do servidor é de responsabilidade da comissão processante e autoridade julgadora, realizada durante o processo e, principalmente, no Relatório Final.

No que tange à identificação do objeto no processo punitivo, cumpre observar os principais aspectos disciplinados pelo Processo Administrativo Disciplinar (PAD), abordados neste artigo, estando o servidor amparado pelo contraditório e ampla defesa, princípios orientadores de maior relevância no processo punitivo, para adequada produção de prova

Isto posto, conclui-se que a infração do servidor deve ter ocorrido em função do cargo ou ter relação com as atribuições deste, ou seja, atos da vida privada não caracterizam infração disciplinar. É por meio do princípio do contraditório que se dá ciência ao acusado sobre a prova produzida, valendo-se da oportunidade, livre e ampla, de exercitar o seu direito de defesa.

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, CGU. Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar. Brasília, 2016.

BRASIL. Constituição Federal 1988. Disponível em:                    <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm&gt;.

CARVALHO, Antônio Carlos Alencar de. Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância: à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da Administração Pública. 3ªed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

Fases do Procedimento Disciplinar – CGU. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-disciplinar/fases-do-procedimento-disciplinar-inquerito&gt;

Manual de Processo Administrativo Disciplinar – PAD CGU. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/atividade-disciplinar/arquivos/slides-curso-pad.ppt&gt;.

PLANALTO.GOV. LEI Nº 8.112-1990 – Regime jurídico dos servidores públicos federais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm&gt;.

Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006. Disponível em: <https://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/portarias/portaria_cgu_335_2006.pdf&gt;.

Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Disponível em: <https://www.prf.gov.br/portal/espaco-do-servidor/estatuto/parte-v-processo-administrativo-disciplinar/processo-administrativo-disciplinar-pad&gt;.

 

 

[1] LÍDICE, Roberta. “Da efetivação do contraditório da prova documental no processo administrativo disciplinar (PAD)”. In: Revista Jus Navigandi, ano 24, n. 5991. Teresina: 26 de novembro de 2019. ISSN 1518-4862. Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/77552&gt;.
*ROBERTA LÍDICE: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora jurídica, atuante no âmbito preventivo e consultivo nas áreas de Direito Penal, Gestão Pública e Empresarial, com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social e na Gestão de Processos do Canal de Denúncias e Ética Corporativa. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.

 

 

 

 

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*Véase las principales Bibliotecas Universitarias de España que han incorporado a sus catálogos los libros de la autora Roberta LÍDICE | CRUE – Universidades Españolas: Red de Bibliotecas REBIUN.

 

*CRUE – Universidades Españolas. Red de Bibliotecas REBIUN.

 

 

Estimados lectores:

Véase las principales Bibliotecas Universitarias de España que han incorporado a sus catálogos los libros de la autora Roberta LÍDICE:

 

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.El Papel de Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer – La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas; 

.O Contrato de Adesão como Instrumento Regulatório nas Relações Consumeristas e Empresariais (primera y segunda edición);

.La Función Social de la Defensoría del Pueblo y el Canal de Denuncias – Una cuestión de ciudadanía;

.Violencia Contra La Mujer y Maltrato Familiar;

.Políticas Públicas Para Enfrentar la Violencia Doméstica y Familiar: Un Deber del Estado; 

.Violencia Intrafamiliar: Rompiendo El Silencio;

.El Contrato de Adhesión – Latinoamérica.

 

 

*CRUE – Universidades Españolas. Red de Bibliotecas REBIUN:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad de Salamanca; Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad de Alcalá; Universidad de Almería; Universidad de Córdoba; Universidad de Granada; Universidad de Jaén; Universidad de León; Universidad de Málaga Universidad de Sevilla; Universidad de Valladolid; Universidad Pablo Olavide; Universidad Rey Juan Carlos; Universitat d’Alacant; Universitat Politècnica de València;  Biblioteca de Catalunya; Universidad del País Vasco; Universidad Francisco Vitoria; Universidad Politécnica de Madrid; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Universidad de Navarra; Universitat de Valencia; Universitat Rovira i Virgili; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Navarra; Universidad Europea Miguel de Cervantes; Universidad Politécnica de Cartagena; Universidad de La Rioja; Universidad de Granada; Universidad de Almería; Universidad de Murcia;  Universitat Jaume I; Universidad Carlos III de Madrid; Il·lustre Col·legi de l.Advocacia de Barcelona; Universidad de Murcia.

 

 

Si desea conocer más información puede consultar el siguiente enlace:

CRUE – Universidades Españolas: Red de Bibliotecas REBIUN:

https://rebiun.baratz.es/rebiun/search?q=Roberta+L%C3%ADdice+&start=0&rows=12&sort=score+desc&fq=msstored_mlt155&fv=*&fo=and&advanced_handler=advanced

 

¡Buena lectura! Have a good reading!

 

© ROBERTA LÍDICE: Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España. Investigadora y Consultora Jurídica, actuante en el ámbito preventivo y consultivo en las áreas de Derecho Penal, Derecho Administrativo, Gestión Pública y Empresarial, con énfasis en el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social, y en la gestión de procesos del Canal de Denuncias y Ética Corporativa. Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales.

 

 

“La acción es el camino para que pueda lograr sus metas. Así que, el reconocimiento de su esfuerzo y de la labor que se ha desarrollado, no tiene precio, pero sí valor…” (ROBERTA LÍDICE).


 

 

 

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*Bibliografias Temáticas TRF1: DIREITO À SAÚDE (2021) | Biblioteca Ministro Adhemar Maciel, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 

*Bibliografias Temáticas TRF1: DIREITO À SAÚDE (2021) | Biblioteca Ministro Adhemar Maciel, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 

 

Honrada e agradecida pela referência e indicação do artigo de minha autoria, intitulado: “Suicídio: uma questão de saúde pública e a necessidade de ações preventivas no Brasil”,  à  Bibliografia: Direito à Saúde¹, organizada pela Biblioteca Ministro Adhemar Maciel, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que compila documentos de doutrina, legislação e jurisprudência sobre o tema em questão, com o objetivo de atualizar e subsidiar desembargadores e juízes federais em suas análises processuais e tomadas de decisões (TRF1, 2021).

 

Texto selecionado e indicado à Bibliografia Temática – Direito à Saúde:

“Suicídio: uma questão de saúde pública e a necessidade de ações preventivas no Brasil”.

Autora: Roberta LÍDICE.

*LÍDICE, Roberta. “Suicídio: uma questão de saúde pública e a necessidade de ações preventivas no Brasil”. In: Revista jurídica SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal. Edição 116. Porto Alegre: Editorial IOB-SAGE, jun./jul. 2019, p. 13-14. ISSN 2179-1627.

 

*Bibliografias Temáticas – TRF1 – Direito à Saúde (2021), disponível em:<https://portal.trf1.jus.br/data/files/C7/B6/8B/DD/1CC67710E4C1C677833809C2/Bibliografia_Direito%20_%20sa_de_Final%20-%20Vermelho%20_1_.pdf&gt;

 

Boa leitura!

 

[1] BRASIL. Justiça Federal. Direito à Saúde. Organizado pelo TRF1, 1ª ed. Brasília: Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Biblioteca Ministro Adhemar Maciel, 2021, 21p. 

 

*ROBERTA LÍDICE: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora Consultora jurídica. Ouvidora/Ombudsman, com certificado profissional expedido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e Ouvidoria-Geral da União (OGU), para o exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social. Especialista de Case Management, com atuação end-to-end na gestão de processos do Canal de Denúncias e Ética Corporativa. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais. 

 


 

© ROBERTA LÍDICE | *AUTHOR

Author and co-author of books and legal and social articles.

Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.

Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales.

 


 

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*Artigo: “Suicídio: uma questão de saúde pública e a necessidade de ações preventivas no Brasil” – Por Roberta Lídice | Revista jurídica SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal. Edição 116.

 

Roberta LÍDICE: Autora Revista SÍNTESE – Editorial IOB-SAGE.

 

*LÍDICE, Roberta. “Suicídio: uma questão de saúde pública e a necessidade de ações preventivas no Brasil”. In: Revista jurídica SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal. Edição 116. Porto Alegre: Editorial IOB-SAGE, 2019, p. 13-14. ISSN 2179-1627.

 

 

Artigo: “Suicídio: uma questão de saúde pública e a necessidade de ações preventivas no Brasil”¹

Autora: Roberta LÍDICE²

 

O presente texto visa alertar sobre a necessidade de implementação de políticas públicas, eficientes, eficazes e efetivas, como uma atuação estratégica na prevenção e combate ao suicídio no Brasil.

Palavras-chave: Suicídio. Políticas Públicas. Prevenção. Combate.

 

 

Vivemos em tempos difíceis, principalmente, em razão da crise financeira instaurada no país, com forte impacto negativo para nossa população, atingindo todas as classes sociais, desencadeando situações imprevistas.

Nesse sentido, vislumbra-se um alto número de casos de suicídio no Brasil, sendo este um grave problema que deve ser enfrentado por meio de ações preventivas desenvolvidas pelo Estado. Não obstante, constata-se a necessidade de implementação de políticas públicas, eficientes, eficazes e efetivas, com uma atuação estratégica de prevenção e combate deste flagelo social.

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, sendo que, em 2015, foram registrados mais de 800 mil suicídios, com uma taxa 75% nos países de média e baixa renda.

Cumpre destacar que, nos dias atuais, o Brasil ocupa a 8ª posição no ranking de países com maior incidência de suicídios, ultrapassando 12 mil casos por ano. Assim, faz-se necessário um esforço conjunto do Poder Público e de toda a sociedade, a fim de que juntos possamos mudar esta situação.

Em novembro de 2016, a Comissão de Direitos Humanos – CDH, realizou audiência pública, reunindo especialistas e autoridades, para discutirem as políticas necessárias, objetivando a prevenção do suicídio, já sendo considerada uma “epidemia silenciosa” e com tendência de crescimento entre adolescentes e jovens brasileiros. Nos últimos 10 anos, a taxa de suicídio cresceu mais de 40% entre os cidadãos com idade entre 15 a 29 anos.

Diante de todo o exposto, pode-se concluir que o suicídio deve ser tratado como uma questão de saúde pública, cabendo ao Poder Público, ações e campanhas educativas e preventivas, bem como a qualificação constante de profissionais da área da saúde, com especial atenção as equipes dos Centros de Atenção Psicossociais – CAPS, sendo esta uma iniciativa da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, que visa reduzir os suicídios e os danos associados a estes casos. O suicídio não é a solução, busque ajuda para reverter qualquer situação.

Onde buscar ajuda:

 CVV-Centro de Valorização da Vida, atuando 53 anos na prevenção do suicídio, com atendimento pelo Disque 188, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Informações: CVV: https://www.cvv.org.br.

 

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção do Suicídio. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/Coletiva-suicidio-21-09.pdf>.

CVV. Centro de Valorização da Vida. Disponível em: <https://www.cvv.org.br/&gt;.

 

[1]LÍDICE, Roberta. “Suicídio: uma questão de saúde pública e a necessidade de ações preventivas no Brasil”. In: Revista jurídica SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal. Edição 116. Porto Alegre: Editorial IOB-SAGE, 2019, p. 13-14. ISSN 2179-1627.

 

[2] Roberta Lídice: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Professora-Pesquisadora e Consultora jurídica, atuante no âmbito preventivo e consultivo nas áreas de Direito Penal, Gestão Pública e Empresarial, com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social e na Gestão de Processos do Canal de Denúncias e Ética Corporativa. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais.

 


 

 

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*Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL) – Madrid: «El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer» – La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas, de la autora Roberta LÍDICE | Editorial J.M. Bosch – Barcelona | (Versión impresa y digital).

 

 

 

Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL) – Madrid

Lanzamiento: marzo/2022

 

«El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer»La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas.

 

Autora: Roberta LÍDICE.

*Destacado de J.M. Bosch Editor – Barcelona.

(Versión impresa y digital).

 

 

 

 

*Disponible en la Librería Bosch (Barcelona), así como en las principales librerías de España, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.

 

*BOOK DETAILS

Book: El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer – La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas.

Author: Roberta LÍDICE

Publisher: J.M. Bosch Editor

Publication City/Country Barcelona, Spain

Language: Spanish

 Edition Year: 2022

ISBN paperback: 9788419045287

ISBN digital: 9788419045294

Prologue: Prof.ª Dra. María Mercedes Iglesias Bárez, Profesora de la Universidad de Salamanca (USAL).

 

*Sinopsis: Este libro pretende sensibilizar e invitar al lector a reflexionar sobre el crítico y complejo problema social que significa la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género, así como se enfatiza la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, juzgar y ofrecer reparación integral frente a los actos de violencia, abuso y discriminación practicados contra las mujeres en el seno de la familia, no solamente basado en género, sino también a múltiples factores que se sustentan en las persistentes desigualdades históricas y estructurales existentes en nuestra sociedad y en las comunidades.

Asimismo, se señala la importancia de implementar políticas públicas de protección adecuadas, dignas y efectivas, que respondan al reclamo de la población femenina, postulando así la urgencia de un cambio de conciencia social para hacer frente a este fenómeno persistente, generalizado e inaceptable, que aqueja diariamente a millares de hogares en todo el mundo, independientemente de la cultura, religión, etnias o razas, clases sociales, niveles de educación o edad.

En este contexto, vale recalcar el aumento exponencial de la violencia hacia las mujeres perpetrada en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto, debido a la pandemia de COVID-19. A este respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los países que adopten medidas contra el estremecedor repunte de la violencia doméstica a raíz del confinamiento y aislamiento global, con el fin de combatir la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la sociedad.

De ahí se infiere con mayor claridad que, la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género no se trata de un problema privado, pero, sí es eso, una cuestión de orden público y una grave violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que afecta de manera desproporcionada a este colectivo especialmente vulnerable. Además, conviene advertir que, incluso antes de instaurada la actual situación de pandemia, las cifras mundiales con relación a esta modalidad delictiva eran realmente muy alarmantes.

Es más, la violencia practicada contra las mujeres sigue siendo una gran amenaza para la salud pública mundial frente a la situación actual de pandemia, lo que ha incrementado los casos de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer perpetrada por compañeros íntimos. De eso se desprende la necesidad de poner en marcha medidas urgentes de lucha contra la violencia infligida hacia la mujer en tiempos de pandemia, incluyendo los planes de preparación y respuesta, para así proporcionar un acceso asequible e igualitario a los servicios esenciales en el sector de atención sanitaria, servicios sociales, y los sectores policial y judicial, los que pueden mitigar de manera significativa las consecuencias que tiene este tipo delictivo sobre la integridad física, psíquica y moral de las víctimas.

 

 

Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:

*CEGAL (Madrid): https://www.todostuslibros.com/libros/el-papel-del-estado-frente-a-la-lucha-contra-la-violencia-domestica-e-intrafamiliar-hacia-la-mujer_978-84-19045-28-7

*Librería Bosch – (Barcelona,ES):  https://libreriabosch.com/Shop/Product/Details/49624_el-papel-del-estado-frente-a-la-lucha-contra-la-violencia-domestica-e-intrafamiliar-hacia-la-mujer?e=1

*Lea las primeras páginashttps://libreriabosch.com/media/public/doc/9788419045287.pdf

*Reseña: https://www.youtube.com/watch?v=BnU6gUTjNx4

 

¡Buena Lectura!/ Boa Leitura!/ Have a Good Reading!

 

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*La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial del Perú (OCMA) otorga el certificado de reconocimiento a la Dra. Roberta Lídice, por su aportación al evento denominado “Ciclo de Conferencias Virtuales En Materia De Violencia Hacia La Mujer”, en el que disertó el tema: “Violencia contra la mujer y el maltrato familiar en tiempos de pandemia: el impacto real de esta lacra social”.

 

*La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial del Perú (OCMA) otorga el certificado de reconocimiento a la Dra. Roberta Lídice, por su aportación al evento denominado “Ciclo de Conferencias Virtuales En Materia De Violencia Hacia La Mujer”, en el que disertó el tema: “Violencia contra la mujer y el maltrato familiar en tiempos de pandemia: el impacto real de esta lacra social”. 

 

 

 

Mis más sinceros agradecimientos por el reconocimiento que la OCMA (Poder Judicial del Perú) ha otorgado a mi aporte, y de manera especial a la Ilustre Dra. Mariem De La Rosa Bedriñana, Jueza Suprema Titular y jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, por haberme hecho llegar dicho certificado, lo que es un motivo de gran honor para mí.

 

 

© ROBERTA LÍDICE:  Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España.Profesora-Investigadora y Consultora Jurídica, actuante en el ámbito preventivo y consultivo en las áreas de Derecho Penal, Derecho Administrativo, Gestión Pública y Empresarial, con énfasis en el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social, y en la Gestión de Procesos del Canal de Denuncias y Ética Corporativa. Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales.  

 

 


 

 

*La Doctora Roberta Lídice, consultora jurídica de Brasil brindó su disertación sobre “Violencia contra la mujer y el maltrato familiar en tiempos de pandemia: el impacto real de esta lacra social”, ante un auditorio virtual integrado por jueces y juezas, funcionarios (as) y servidores (as) del Poder Judicial, OCMA y Odecma.

 

 

 

OCMA – Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial del Perú

“Ciclo de Conferencias Virtuales En Materia De Violencia Hacia La Mujer”

Del 12 al 15 de octubre de 2021, Lima – Perú.

           

Organizado por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y dirigido por la Dra. Mariem De La Rosa Bedriñana, Jefa de la OCMA.

Ponencia: “Violencia contra la mujer y el maltrato familiar en tiempos de pandemia: el impacto real de esta lacra social en Brasil”.

Expositora: Dra. Roberta LÍDICE.

Lima: el 12.10.2021, a las 10:00h.

 

 

*Se transmitió en vivo el 12 de octubre de 2021: Roberta Lídice (Brasil) https://meet.google.com/ovg-bisq-mnz

*Canal Youtube – Poder Judicial del Perú: https://youtu.be/eTlTYXX14LY

*Canal Youtube – Oficina de Control de la Magistratura (OCMA): https://youtu.be/J-xduAxfvY4

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

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*Texto: “Violencia intrafamiliar: un flagelo social en Brasil” – Autora: Dra. Roberta LÍDICE | Biblioteca Digital Jurídica – BDJur | Repositório mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)

 

 

*Biblioteca Digital Jurídica – BDJur. Repositório mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Violencia intrafamiliar: un flagelo social en Brasil” – Autora: Dra. Roberta Lídice.

 

A BDJur é um repositório mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que possibilita acesso a diversos conteúdos da área jurídica, disponíveis nas coleções: Atos Administrativos, Doutrina e Repositório Institucional.

Texto disponibilizado: “Violencia intrafamiliar: un flagelo social en Brasil”= Violência intrafamiliar: um flagelo social no Brasil = Domestic violence: a social flagelo in Brazil.[¹]

Autora: Dra. Roberta LÍDICE[²]

BDJur: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/158746

 

“El presente artículo tiene como objetivo concienciar de la importancia de enfrentar el grave problema de la violencia intrafamiliar y de género por medio de la implementación de políticas públicas eficientes, efectivas y eficaces, con la finalidad de promoción y defensa de los derechos humanos, una vez que el pueblo latinoamericano sigue atado a este flagelo social.

Es urgente un cambio de comportamiento y cultura en nuestros países, a fin de que se pueda establecer un respeto mutuo entre todas las personas, independientemente de raza, color, credo o clase social, pudiendo ser reconocidos como pertenecientes a un continente que lucha por la igualdad y equidad social. Por medio de políticas públicas es posible concienciar para prevenir y erradicar la violencia de género y el maltrato familiar, teniendo en cuenta el escenario actual en América Latina, siendo imprescindible un esfuerzo conjunto entre autoridades y toda la sociedad.

Así pues, la Ley 11.340/2006, conocida como Ley Maria da Penha, dictada en Brasil, es un gran avance en lo que se refiere a su eficacia y reconocimiento ante la Comisión Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos, tratándose de un grave problema que está presente en muchos hogares, siendo este analizado desde una perspectiva global.

Por medio de la diseminación del conocimiento, basado en los tratados y convenciones firmados entre los países Estados miembros, es posible lucharmos por la concientización, prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia, evitando así las violaciones de los derechos humanos. Todos tenemos el derecho de vivir con dignidad y sin violencia, de acuerdo con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.” (LÍDICE, 2021, p. 190-210).

 

 

Acesso restrito aos Ministros, Magistrados Convocados e Servidores do STJ. Os usuários externos poderão acessar todos os documentos que não exijam login.

Para mais informações, acesse: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/158746

Boa leitura!

 

[¹] LÍDICE, Roberta. “Violencia intrafamiliar: un flagelo social en Brasil”= Violência intrafamiliar: um flagelo social no Brasil = Domestic violence: a social flagelo in Brazil. In: Revista Síntese: Direito Penal e Processual Penal, v.22, n. 130. Porto Alegre: Editorial IOB-SAGE, out./nov. 2021, p. 190-210. ISSN 2179-1627.

[2] ROBERTA LÍDICE: Doutora em Direito pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Pesquisadora, Advogada e Consultora jurídica, atuante no âmbito preventivo e consultivo nas áreas de Direito Penal, Direito Administrativo, Gestão Pública e Empresarial, com ênfase no exercício da atividade de Ouvidoria e Participação Social e na Gestão de Processos do Canal de Denúncias e Ética Corporativa. Autora e coautora de livros e artigos jurídicos e sociais. 


 

 

 

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*Catálogo de Derecho Penal – Librería Bosch: «El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer» – La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas, de la autora Roberta LÍDICE | Editorial J.M. Bosch – Barcelona | (Versión impresa y digital).

 

*Catálogo de Derecho Penal – Librería Bosch

Lanzamiento: marzo/2022

 

«El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer»La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas.

 

Autora: Roberta LÍDICE.

*Destacado de J.M. Bosch Editor – Barcelona.

(Versión impresa y digital).

 

 

 

*Disponible en la Librería Bosch (Barcelona), así como en las principales librerías de España, entre otros países, con envíos a todo el Extranjero.

 

*BOOK DETAILS

Book: El Papel del Estado frente a la Lucha Contra la Violencia Doméstica e Intrafamiliar Hacia la Mujer – La importancia de la aplicación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas.

Author: Roberta LÍDICE

Publisher: J.M. Bosch Editor

Publication City/Country Barcelona, Spain

Language: Spanish

 Edition Year: 2022

ISBN paperback: 9788419045287

ISBN digital: 9788419045294

Prologue: Prof.ª Dra. María Mercedes Iglesias Bárez, Profesora de la Universidad de Salamanca (USAL).

 

*Sinopsis: Este libro pretende sensibilizar e invitar al lector a reflexionar sobre el crítico y complejo problema social que significa la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género, así como se enfatiza la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, juzgar y ofrecer reparación integral frente a los actos de violencia, abuso y discriminación practicados contra las mujeres en el seno de la familia, no solamente basado en género, sino también a múltiples factores que se sustentan en las persistentes desigualdades históricas y estructurales existentes en nuestra sociedad y en las comunidades.

Asimismo, se señala la importancia de implementar políticas públicas de protección adecuadas, dignas y efectivas, que respondan al reclamo de la población femenina, postulando así la urgencia de un cambio de conciencia social para hacer frente a este fenómeno persistente, generalizado e inaceptable, que aqueja diariamente a millares de hogares en todo el mundo, independientemente de la cultura, religión, etnias o razas, clases sociales, niveles de educación o edad.

En este contexto, vale recalcar el aumento exponencial de la violencia hacia las mujeres perpetrada en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto, debido a la pandemia de COVID-19. A este respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los países que adopten medidas contra el estremecedor repunte de la violencia doméstica a raíz del confinamiento y aislamiento global, con el fin de combatir la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la sociedad.

De ahí se infiere con mayor claridad que, la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de género no se trata de un problema privado, pero, sí es eso, una cuestión de orden público y una grave violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que afecta de manera desproporcionada a este colectivo especialmente vulnerable. Además, conviene advertir que, incluso antes de instaurada la actual situación de pandemia, las cifras mundiales con relación a esta modalidad delictiva eran realmente muy alarmantes.

Es más, la violencia practicada contra las mujeres sigue siendo una gran amenaza para la salud pública mundial frente a la situación actual de pandemia, lo que ha incrementado los casos de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer perpetrada por compañeros íntimos. De eso se desprende la necesidad de poner en marcha medidas urgentes de lucha contra la violencia infligida hacia la mujer en tiempos de pandemia, incluyendo los planes de preparación y respuesta, para así proporcionar un acceso asequible e igualitario a los servicios esenciales en el sector de atención sanitaria, servicios sociales, y los sectores policial y judicial, los que pueden mitigar de manera significativa las consecuencias que tiene este tipo delictivo sobre la integridad física, psíquica y moral de las víctimas.

 

Para obtener más información, por favor consulte los siguientes enlaces:

*Librería Bosch – (Barcelona,ES):  https://libreriabosch.com/Shop/Product/Details/49624_el-papel-del-estado-frente-a-la-lucha-contra-la-violencia-domestica-e-intrafamiliar-hacia-la-mujer?e=1

*Lea las primeras páginashttps://libreriabosch.com/media/public/doc/9788419045287.pdf

*Reseña: https://www.youtube.com/watch?v=BnU6gUTjNx4

 

¡Buena Lectura!/ Boa Leitura!/ Have a Good Reading!

 

© ROBERTA LÍDICE: Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) – España. Investigadora, Abogada y Consultora Jurídica, actuante en el ámbito preventivo y consultivo en las áreas de Derecho Penal, Gestión Pública y Empresarial, con énfasis en el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social, y en la Gestión de Procesos del Canal de Denuncias y Ética Corporativa. Autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales.

 


 


 

 

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