LATIN-IURIS – Ensayo: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: UNA VISIÓN LATINOAMERICANA Autora: LÍDICE, Roberta.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA

EL ENFRENTAMIENTO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:

UNA VISIÓN LATINOAMERICANA

 

Autora: LÍDICE, Roberta.

 

 

Resumen

 

El presente trabajo se plantea el objetivo de demostrar la importancia de la implementación de políticas públicas para el enfrentamiento de la violencia intrafamiliar y la defensa de los Derechos Humanos.

 

Es urgente un cambio de comportamiento y cultura en nuestro país, a fin de que pueda establecerse un respeto mutuo entre todas las personas, independientemente de raza, color, credo o clase social, pudiendo ser reconocida como una sociedad que lucha por la igualdad, a fin de que el Brasil deje la vejatoria 5ª posición en el ranking del mapa violencia (2015). Por medio de Políticas Públicas es posible concientizarse para erradicar la violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta, el escenario actual brasileño, en un esfuerzo conjunto entre autoridades y la sociedad.

La Ley 11.340/2006, conocida como Ley Maria de La Peña, dictada en Brasil, es un gran avance en lo que se refiere a su eficacia y reconocimiento ante la Comisión Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos, tratándose de una cuestión de perspectiva global, una vez que la violencia doméstica y familiar se hace presente en muchos hogares en América Latina.  Por medio de la diseminación del conocimiento, basado en los tratados y convenciones firmados entre los países Estados miembros, es posible lucharmos por la concientización y erradicación de cualquier violación de los Derechos Humanos. Todos tenemos el derecho de vivir con dignidad y sin violencia, siendo éste un Derecho Fundamental, ratificado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

 

Palabras clave: Políticas Públicas. Violencia Intrafamiliar.  Comisión Interamericana. Convención Americana. Derecho Fundamental. Derechos Humanos.

 

 

 

Abstract

 

This work presents the objective of demonstrating the importance of the implementation of public policies for confronting intrafamily violence and the defense of human rights. There is an urgent need for a change of behavior and culture in our country, so that mutual respect can be established among all people, regardless of race, color, creed or social class, and can be recognized as a society that fights for equality, so that Brazil leaves the vexation 5th position in the ranking of the map violence (2015). Through Public Policies, it is possible to raise awareness about domestic violence, taking into account the current Brazilian scenario, in a joint effort between authorities and society. Law 11.340 / 2006, known as the Maria de La Peña Law, issued in Brazil, is a great step forward in terms of its effectiveness and recognition before the Inter-American Commission and the American Convention on Human Rights, in a matter of perspective global, once domestic and family violence is present in many homes in Latin America. Through the dissemination of knowledge, based on treaties and conventions signed between member states, it is possible to fight for the awareness and eradication of any violation of human rights. We all have the right to live with dignity and without violence, this being a Fundamental Right, ratified by the Universal Declaration of Human Rights of 1948. Keywords: Public Policies. Intrafamiliar violence. Inter-American Commission. American Convention. Fundamental right. Human rights.

 

 

Sumario

 

 

INTRODUCCIÓN. 1 POLÍTICAS PÚBLICAS – CONCEPTO. 2 CONQUISTA DE LA CIUDADANÍA POR MEDIO DE LA LUCHA. 3 LEY 11.340 / 2006 – LEY MARÍA DE LA PEÑA: ANÁLISIS DESDE UNA ÓPTICA GLOBAL. 3.1 Estadísticas. 3.2 El Princípio de la Dignidad Humana. 4 DEL FEMINICIDIO. 5 LEY 13.239 / 2015 – DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA REPARADORA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 6 SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMIENTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 6.1 Central de la Mujer y el Dispositivo Haz Clic 180. 7  DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DEL PARÁ – 1994. 8 LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). CONCLUSIÓN. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

 

INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende demostrar la importancia del amparo en Brasil, basado en la defensa de los Derechos Humanos en casos de violencia intrafamiliar, así como la Ley 11.340/ 2006, conocida como Ley Maria de La Peña, dictada en Brasil, en lo que se refiere a su eficacia y reconocimiento ante la Comisión Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos, tratándose de una cuestión de perspectiva global. La violencia doméstica y familiar se hace presente en muchos hogares en América Latina.                Se hacen necesarias acciones de diseminación del conocimiento, basado en los tratados y convenciones firmados entre los países Estados miembros, con el objetivo de lucharmos por la concientización y erradicación de cualquier violación de los Derechos Humanos. Todos tenemos el derecho de vivir con dignidad y sin violencia, siendo éste un Derecho Fundamental, ratificado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.                     Se trata de un tema de extrema relevancia, ya que urge una actuación efectiva y eficaz por parte de las autoridades de todo el mundo, a fin de promover el combate a la violencia intrafamiliar, bajo una óptica globalizada.1 POLÍTICAS PÚBLICAS – CONCEPTO

Las Políticas Públicas son acciones desarrolladas por el Estado, directa o indirectamente, en favor de los ciudadanos, sea para un grupo específico de personas o la sociedad como todo.

Se trata de acciones del Gobierno en torno a una gran cuestión pública, con el objetivo de una posible solución.

Estas acciones pueden ocurrir en las siguientes áreas: Social, Económica, Infraestructura y Gestión Pública.

Estas acciones pueden ocurrir en las siguientes áreas: Social, Económica, Infraestructura y Gestión Pública. No existe un concepto único que pueda definir lo que son políticas públicas.

Algunos conceptos fueron traídos por grandes pensadores, en lo que se refiere a la definición de políticas públicas:

Conjunto de Acciones del Gobierno. (LYNN, 1980).

Cualquier cosa que el gobierno opte por hacer o no hacer. (DYE1984).

Suma de todas las actividades desarrolladas por un gobierno, directa o indirectamente. (PETTERS 1986).

Análisis de los gobiernos, especialmente en lo que se refiere a los principales problemas públicos ya su solución. (MEAD 1995).

Se puede entonces resumir Política Pública como el campo del conocimiento que busca, al mismo tiempo, “poner el gobierno en acción” y / o analizar esa acción (…) y, cuando sea necesario, proponer cambios en el rumbo o curso De estas acciones. (SOUZA, 2003).

Entre las fases del ciclo de la Política Pública, podemos citar:

.La identificación y definición de problemas;

.La formulación de políticas;

. La adopción de la decisión;

.    la implantación;

. la evaluación.

.Extinción.

Los actores sociales son de suma importancia, siendo éstos: gubernamentales o no gubernamentales.

En lo que concierne a los actores sociales gubernamentales tenemos: políticos, burócratas, jueces.

Los actores no gubernamentales son definidos por: grupos de interés, partidos políticos, medios de comunicación, beneficiarios, tercer sector, otros stakeholders.

Las políticas públicas corresponden a los derechos asegurados en nuestra Carta Magna, reconocidos por la sociedad y por los poderes públicos. Estas pueden ser propuestas por iniciativa de los poderes ejecutivo y legislativo, en conjunto o por

separado, de acuerdo con las demandas de la sociedad, principalmente, en favor de las minorías y menos favorecidos.

A partir de la década de 1990 se realizaron intentos para crear políticas públicas universales y estables. Se han propuesto e implementado leyes como:

Ley Maria de La Peña – 11.340/2006;

Estatuto del Niño y del Adolescente  – Lei 8.069/1990;

Estatuto del Anciano – Lei 10.471/2003

Los programas sociales también fueron implementados, como beneficio para la población carente, siendo estos de gran relevancia social, pudiendo ser citados a ejemplos: “El Programa Bolsa Familia” y “Bolsa Escuela”.

Estos logros son el resultado de un esfuerzo conjunto entre sociedad, organizaciones y autoridades, que luchan para que todos vivan con dignidad.

El Estado desarrollando un papel de mayor cercanía con la sociedad, hace la administración de la política pública más democrática.

La realización de una política menos centralizada, donde la población tiene una actuación participativa, hace posible el avance de políticas públicas efectivas, que serán fundamentales para la solución de un problema de orden público, sea para un determinado sector o grupo, reflejando para el bien De toda la sociedad brasileña.

 

2 CONQUISTA DE LA CIUDADANÍA POR MEDIO DE LA LUCHA

 

Ciudadano es el individuo que tiene conciencia de sus derechos y deberes y participa activamente en todas las cuestiones de la sociedad. Todo lo que sucede en el mundo, sucede conmigo. Entonces necesito participar en las decisiones que interfieren en mi vida. Un ciudadano con un sentimiento ético fuerte y conciencia de ciudadanía no deja pasar nada, no renuncia a ese poder de participación (…). La idea de ciudadanía activa es ser alguien que cobra, propone y presiona todo el tiempo. El ciudadano necesita tener conciencia de su poder – Betinho – Sociólogo y importante luchador de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía en Brasil.

 

 

La conquista de los derechos humanos, ocurre a lo largo de los años, con el objetivo de consolidar los derechos civiles y sociales, así como las garantías constitucionales.

 

Tenemos como ejemplo a las mujeres, que sólo consiguieron votar mediante muchas luchas. En 1932, por primera vez en la historia de Brasil, tuvieron el derecho al voto. A partir de un decreto del entonces presidente Getúlio Vargas, se concedió tal derecho a las mujeres, pero con muchas restricciones. Sólo en 1946, que el voto femenino pasó a ser obligatorio quedando así en total igualdad con el voto masculino. En ese período, la abogada Mietta Santiago, una minera que había estudiado en Europa, tuvo un papel preponderante en ese proceso. Después de volver de Europa, profundamente influenciada por los ideales de ciudadanía modernos, Mietta descubrió que el veto al voto femenino contrariaba un artículo de la Constitución Brasileña de 1891, así, después de mucha lucha y presión social consiguió tal derecho, votando en sí misma para diputada federal.

 

Otra conquista importante, son los Derechos de los Trabajadores, adquiridos a partir de muchas huelgas y movilizaciones sociales. La jornada de trabajo de 8 horas diarias sólo fue conquistada por primera vez en 1919, en Francia. El símbolo de esta lucha, históricamente, se ubica en las manifestaciones del primero de mayo en todo el mundo. En 1886, en Chicago, se celebró por primera vez una gran manifestación de trabajadores en esa fecha, acompañada de una huelga general en todo Estados Unidos. A partir de entonces, todas las manifestaciones laborales de reivindicaciones de derechos eran convocadas en esa misma fecha. En 1919, el senado francés adoptó la jornada de trabajo de 8 horas y proclamó el día 1 de mayo como feriado nacional. En 1920, Rusia también adopta la misma fecha como feriado nacional, a partir de entonces, en los años que siguieron, varios otros países siguieron ese mismo ejemplo.               Los derechos sociales fueron el resultado de muchas luchas y conquistas a lo largo de la historia. Sin embargo, la plena igualdad entre todos los ciudadanos, sólo fue garantizada en el siglo XX. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, en Francia, garantizaba en la constitución el derecho a todos, pero en la práctica, así como en la democracia griega, excluía gran parte de la población.

En este sentido, el Dr. Martim de Almeida Sampaio, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OAB-SP, así lo concienció acerca de los Derechos Sociales:

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 objetiva un orden público mundial basado en valores universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes consagrando el respeto a la dignidad humana. Así, sin la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales los derechos humanos serán reducidos a mera categoría formal y colocará al mundo en un estado Hobbesiano (estado de la naturaleza).

La política como acción reguladora y transformadora de la sociedad transmutó su papel para la defensa de intereses de grupos privados. La lucha entre las diversas representaciones sociales en la búsqueda del bien común cedió espacio para la fisiología y el pragmatismo.

_________________________________________________________________________________SAMPAIO, Martin de Almeida. Globalização Sociedade e Barbárie. Refugiados Imigrantes e Igualdade dos Povos. Estudos em Homenagem a António Guterres. Lisboa/Portugal. São Paulo/Brasil. Editora Quartier Latin, 2016. P. 1050-1051.

 

El pensador Jaime Pinsky, así definió: “La ciudadanía es la expresión concreta del ejercicio de la democracia”.

 

La construcción de la ciudadanía se refiere a la relación de las personas con el Estado, o sea, ser ciudadano es tener una identidad nacional. Sin embargo, la noción de ciudadanía pasa por intensas contradicciones, en lo que se refiere a la esfera pública. No siempre lo que está previsto en la Constitución y en las leyes se cumple de forma amplia a todos los ciudadanos.

 

En ese diapasón, se verifica que existe cierto desfase entre lo que está previsto en la ciudadanía legal y lo que se realiza efectivamente en la vida de los habitantes.

 

En esta contradicción inherente al desarrollo de los derechos sociales, políticos y civiles, tal vez la más intensa esté en el desfase del papel de la ciudadanía entre aquellos que son considerados ciudadanos y de los que no son en una determinada sociedad. Como ejemplo, la ciudadanía griega, que estaba condicionada al sistema de trabajo esclavista para su existencia, y, sin embargo, esos propios esclavos mantenedores del sistema productivo de la democracia estaban absolutamente excluidos de cualquier ejercicio libre y de ciudadanía.

 

Los Derechos Sociales están vinculados al Principio de la Dignidad de la Persona humana, con fulcro en la Carta Magna de 1988, siendo que no hay que proteger sólo la dignidad de una determinada persona, sino la dignidad de toda persona, de forma isonómica, cohibiendo cualquier tipo de discriminación.

Esto puesto, podemos tener como concepto de ciudadanía, la voluntad de participación política en las decisiones sociales para la obtención y garantía de derechos civiles, sociales y políticos de una sociedad.

 

¡Luchemos por nuestros derechos y por el pleno ejercicio de la ciudadanía!

 

3 LEY 11.340/2006 – LEY MARIA DE LA PEÑA: ANÁLISIS DESDE UMA ÓPTICA GLOBAL.

 

Maria de La Peña fue la protagonista de un caso simbólico de violencia doméstica y familiar contra la mujer. En 1983, por dos veces, su marido intentó asesinarla. La primera vez por arma de fuego y en la segunda por electrocución y ahogamiento. Los intentos de homicidio resultaron en lesiones irreversibles para su salud, como paraplejia y otras secuelas. Maria de La Peña transformó el dolor en lucha, la tragedia en solidaridad. A su lucha y la de tantas otras le debemos los avances que pudimos obtener en estos últimos veinte años.

 

En vigor desde el 22 de septiembre de 2006, la Ley Maria de La Peña cumple finalmente la Convención para Prevenir, Punir, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la OEA (Convención de Belém do Pará), ratificada por el Estado brasileño, así como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la ONU.

 

El 07 de agosto de 2006 el Presidente de la República sancionó la Ley 11.340/06 – la Ley Maria de La Peña.

 

En los artículos 1 y 2 de la referida ley, así disponen:

 

Artículo 1. Esta Ley crea mecanismos para cohibir y prevenir la violencia doméstica y familiar contra la mujer, en los términos del § 8 del Artículo 226 de la Constitución Federal, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, de la Convención Interamericana para Prevenir, Punir y Erradicar a Violencia contra la Mujer y de otros tratados internacionales ratificados por la República Federativa de Brasil; dispone sobre la creación de los Juzgados de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, y establece medidas de asistencia y protección a las mujeres en situación de violencia doméstica y familiar.

 

Articulo 2. Toda mujer, independientemente de clase, raza, grupo étnico, orientación sexual, ingresos, cultura, nivel educacional, edad y religión, goza de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, siéndole aseguradas las oportunidades y facilidades para vivir sin violencia, preservar su salud física y mental y su perfeccionamiento moral, intelectual y social.

 

Han sido muchos años de lucha para que las mujeres pudieran disponer de este instrumento legal y para que el Estado brasileño pasara a ver la violencia doméstica y familiar contra la mujer.

 

No son pocos los cambios que la Ley Maria de la Peña establece, tanto en la definición de los crímenes de violencia contra la mujer, como en los procedimientos judiciales y de la autoridad policíaca. La violencia doméstica es una de las formas de violación de los derechos humanos.

 

La referia Ley cambia el Código Penal y permite que agresores sean presos en flagrante, o tengan su prisión preventiva decretada, cuando amenacen la integridad física de la mujer. Prevé, además, inéditas medidas de protección para la mujer que corre riesgo de vida, como el alejamiento del agresor del domicilio y la prohibición de su aproximación física a la mujer agredida y a los hijos.

 

Todos los seres humanos tienen el derecho a una vida libre de violencia.

 

 

3.1 Estadísticas

 

De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que evaluó 83 países, Brasil es el quinto, con una tasa de 4,8 homicidios por cada 100.000 mujeres.

 

En la última década, 43.500 mujeres fueron asesinadas en el país, 4.500 por año.

Estadísticas de violencia. Jornal do Senado. Edición del 04 de julio de 2013. En línea: http://www12.senado.leg.br/jornal/edicoes/especiais/2013/07/04, Brasília: Senado Federal, 2013, p 2.

 

 

Ley 11.340, de 7 de agosto de 2006, Ley Maria de La Peña crea mecanismos para frenar la violencia doméstica y familiar contra la mujer.

 

 

3.2 El Princípio de la Dignidad Humana

 

El Principio de la Dignidad Humana es uno de los fundamentos del Estado Democrático de Derecho, con punto de apoyo en el artículo 1, sección III de la Constitución Federal. Con ello se pretende, como principio fundamental, garantizar los derechos individuales que deben ser respetados por la sociedad y el gobierno con el fin de preservar el valor del ser humano.

 

En este sentido, así dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948:

 

Artículo I: Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Son dotadas de razón y conciencia y deben actuar en relación unas con otras con espíritu de fraternidad.

 

Artículo II: Toda persona tiene capacidad para gozar de los derechos y libertades establecidos en esta Declaración, sin distinción de ninguna clase, ya sea de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen nacional o social, riqueza, el nacimiento, o cualquier otra condición.

Es inaceptable cualquier forma de violación de los derechos humanos, así como cualquier forma de violencia contra las mujeres, siendo ésta: física, psicológica, sexual, patrimonial o moral.

 

La señora Maria de La Peña así conceptuó:

 

“Lo que cambia el comportamiento de la sociedad es la educación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos desde una edad temprana en la escuela, que la mujer merece respeto. Antes, nadie llevaba el cinturón de seguridad. Hoy en día, lo primero que el niño va a entrar en el coche es para advertir a su padre que él tiene que poner el cinturón. Cuando crezca, ella ni siquiera pasar por su cabeza no usar el cinturón. En la violencia contra las mujeres, la lógica es la misma. Tengo fe en que más delante, los hombres aceptarán a las mujeres como iguales. En ese momento, la Ley Maria de la Peña será innecesária.”

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FERNANDES, Maria de La Peña Maia. Jornal do Senado. Edición del 04 de julio de 2013. En línea: http://www12.senado.leg.br/jornal/edicoes/especiais/2013/07/04, Brasília: Senado Federal, 2013, pp. 2-3.

 

4 DEL FEMINICIDIO.

Sancionada el día 9 de marzo de 2015, por la Presidente de la República la época, la Ley 13.104/15 modifica el código penal para incluir otra modalidad de homicidio calificado: el Feminicidio.

 

Se trata de un crimen practicado contra la mujer, por razones de la condición de género.

 

El inciso I del artículo 2 bis del art. Del Código Penal, fue añadido como norma explicativa del término “razones de la condición de sexo femenino”, aclarando que ocurrirá en dos hipótesis:

 

  1. a) violencia doméstica y intrafamiliar;
  2. b) menoscabo o discriminación a la condición de mujer.

 

La Ley añadió el artículo 7 al art. 121 del CP, estableciendo causas de aumento de pena para el crimen de Feminicidio.

 

La pena se incrementará de 1/3 a la mitad si se practica:

 

  1. a) durante el embarazo o en los 3 meses posteriores al parto;
  2. b) contra persona menor de 14 años, mayor de 60 años o con discapacidad;
  3. c) en presencia de ascendente o descendente de la víctima.

 

Se destaca que si el Feminicidio ocurre con base en el inciso I del § 2º-A del art. 121, es decir, si involucra violencia doméstica, la competencia para procesar este crimen será del Tribunal del Jurado.

La referida Ley modificó el art. De la Ley 809/90 – Ley de Crímenes Hediondos – para incluir la alteración, dejando claro que el Feminicidio es nueva modalidad de homicidio calificado, entrando, por lo tanto, en el rol de los crímenes hediondos.

 

La violencia doméstica es considerada una violencia de género, porque está basada en una relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Los derechos entre hombres y mujeres deben ser iguales.

 

En ese sentido, veamos algunos ejemplos de casos reales:

 

.Compañero que mata a su compañera porque, cuando llegó a casa, la cena no estaba listo.

 

.Marido que mata a la mujer porque cree que ella no tiene “derecho” de separarse de él.

 

.Funcionario de una empresa que mata a su compañera de trabajo en virtud de haber logrado la promoción en detrimento de él, ya que, en su visión, ella, por ser mujer, no estaría capacitada para la función.

 

Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que evaluó 83 países, Brasil ocupa la 5ª posición, con una tasa de 4,8 homicidios por 100 mil mujeres, evidenciando la violencia gritante que existe en el país.

 

En los números presentados en el ranking de la violencia (OMS), Brasil sólo está detrás de tres países latinoamericanos: El Salvador, Colombia, Guatemala y la Federación Rusa, que evidencian tasas superiores a las de nuestro país.

 

Sin embargo, se verifica que esta modalidad de homicidio ha sido muy practicada en Brasil, causando gran preocupación, principalmente, a las mujeres, ya que ya no se sabe qué esperar, incluso de un compañero de trabajo, que no sepa respetar O aceptar la condición de género femenino como igual, convirtiéndose en víctima del odio de su semejante.

 

Bajo la óptica de la pericia criminal, el Feminicidio sigue un patrón en la escena del crimen, con la utilización de armas blancas – como utensilios domésticos diversos – y armas de fuego, siendo dados muchos golpes y disparos contra la víctima, incluyendo agresiones en la cara, partes Íntima y mutilación de senos.

 

Es importante resaltar que, por tratarse de un crimen de odio, el lugar donde se produjo la práctica delictiva debe ser totalmente preservado, a fin de que todas las pruebas posibles sean cosechadas, auxiliando en la investigación por parte de la autoridad policial, para ratificar el crimen, llevando al criminal al Tribunal del Jurado y posterior condenación.

 

Aún en este sentido, la pericia técnica tiene un importante papel, a fin de que se observe si hubo la alteración de la escena del crimen, con el fin de descaracterizar el delito y ofrecer a las autoridades una idea de crimen de suicidio.

 

Por ejemplo, se puede citar:

Estrangulamento da vítima: o criminoso altera a cena do crime, deixando parecer que a vítima atentou contra a própria vida, por enforcamento.

El experto Judicial en el Tribunal de Justicia de San Pablo, Sr. Sérgio Andrés Hernández Saldías, assim define:

Es muy importante realizar una correcta pericia técnica, en todos los casos de ámbito criminal, aún más si se trata de muertes sospechosas de mujeres, pues muchas veces, la autoridad policial, concluye la investigación como crimen de suicidio, por ejemplo, cuando en la verdad, se trató de un homicidio con simulación de suicidio, por parte del compañero de la mujer, recayendo en la impunidad.

 

En este caso, se verifica la importancia de la Pericia Criminal para los casos de Feminicidio, como uno de los elementos probatorios de este crimen, siendo exigida para la tipificación, la prueba incontestable de que éste fue cometido contra la mujer, por razones de la condición de sexo femenino.

 

El Estado tiene el deber de promover la Seguridad Pública y los Derechos Humanos. Se hace necesario un posicionamiento firme y combativo, para que la violencia por razón de género sea erradicada.

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LÍDICE, RobertaFeminícidio: a importância da perícia criminal para a tipificação do crime . Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 21n. 469711 maio 2016. Disponíble en: <https://jus.com.br/artigos/48682&gt;. Acesso em: 12 out. 2016.

 

 

5 LEY 13.239 / 2015 – DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA REPARADORA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

La Ley nº 13.239, sancionada el 30 de diciembre de 2015, dispone sobre la oferta y la realización, en el marco del Sistema Único de Salud – SUS, de cirugía plástica reparadora de secuelas de lesiones causadas por actos de violencia contra la mujer.

Para tener acceso gratuito a la cirugía plástica, la víctima debe registrar boletín de ocurrencia, conforme al artículo 3, párrafo 1 de la Ley nº 13.239 / 15.

Es importante señalar que la ley no abarca sólo las situaciones de violencia doméstica, sino también los daños provocados por desconocidos, como por ejemplo: robo, violación y otros.

En ese diapasón, se vislumbra que la referida Ley nº 13.239 / 2015 amplió las atribuciones del Delegado de Policía.

Sin embargo, al condicionar la prestación de un servicio público al registro de boletín, el legislador exige un análisis preliminar del Delegado de Policía, ya que corresponde a las Policías Judiciales determinar los casos de violencia contra la mujer.

La exigencia legal es simple, es decir, basta con el registro de boletines. No es necesario tener una investigación policial instaurada, tampoco un proceso criminal en curso.

Cabe resaltar que, dependiendo del caso concreto, la naturaleza del boletín, elegida por el Delegado, puede actuar como obstáculo a la cirugía.

Como ejemplo se puede citar:

Al evaluar una determinada ocurrencia, el Delegado entiende que se trata de autolesión. La mujer, tras una discusión con el compañero, rompió un móvil con la mano, generando en sí misma una lesión que necesitará cirugía plástica.

En el ejemplo anterior, la presunta víctima no será beneficiada por el servicio gratuito, ya que la Ley nº 13.239 / 2015 exige “actos de violencia contra la mujer”, algo que presupone la existencia de un agresor, con fulcro en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley nº 13.239 / 2015.

 

6 SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMIENTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Medida Provisional nº 726, publicada en el Diario Oficial de la Unión – DOU, el día 12 de mayo de 2016, estableció la nueva estructura organizativa de la Presidencia de la República, así como de sus Ministerios, que componen el Gobierno Federal.

Con la referida MP, ocurrió la extinción del Ministerio de las Mujeres, de la Igualdad Racial, de la Juventud y de los Derechos Humanos, que fue creado el 13 de octubre de 2015 por la MP 696 con la unión de la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial , Secretaría de Políticas para las Mujeres, Secretaría de Derechos Humanos y Secretaría Nacional de Juventud.

Ante la reforma administrativa propuesta, la SEPM permanece en la condición de Secretaría de Políticas para las Mujeres, pasando a ser vinculada al Ministerio de Justicia y Ciudadanía.

La Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres – SEPM, tiene como foco promover la igualdad de género y combatir todas las formas de prejuicio y discriminación, provenientes de una sociedad patriarcal y que aún ve a la mujer como un ser inferior al hombre.

Desde su creación en 2003, por el Presidente la época, Luiz Inácio Lula da Silva, la SEPM está comprometida en la lucha por la construcción de un Brasil más justo e igualitario, levantando la bandera de la valorización de la mujer y de su inclusión en la sociedad e importancia en lo que se refiere al desarrollo del país, en todas sus esferas.

La Defensoría de la Mujer, implementada a la SEPM, tiene el objetivo de establecer canales de comunicación con la sociedad, llevando la información volcada a los derechos de las mujeres, siendo su principal defensa contra la violación de derechos y garantías constitucionales, asociadas a la cuestión de género.

Esta Defensoría recibe elogios, sugerencias y reclamos, así como denuncias de crímenes y solicitudes de apoyo a las mujeres en situación de violencia.

Toda mujer debe tener conciencia de sus derechos y deberes, así como tener coraje para denunciar cualquier forma de violencia por razón de género. Se calla ante la agresión sufrida y una manera de propagar la desigualdad e impunidad.

La Defensoría de SEPM es un canal de diálogo entre el Poder Público y la mujer (e-mail: ovidoria@spm.gov.br).

Entre tantas acciones de la SEPM, no puede dejar de mencionarse el Plan Nacional de Políticas para las Mujeres – PNPM.

El PNPM es un trabajo del Gobierno Federal, orientado a la sociedad brasileña, con el tema versado sobre la igualdad de género y la efectiva transversalidad en las políticas interministeriales.

La construcción del PNPM tuvo la participación de la sociedad civil, movimiento de mujeres de diversos sectores, a través de conferencias municipales, estatales y nacionales. Es la consolidación de los derechos humanos de las mujeres en todas las esferas.

Como principios rectores del PNPM 2013-2015 pueden mencionarse:

.Autonomía de las mujeres en todas las dimensiones de la vida;

.Busca por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos;

.Respeto de la diversidad y lucha contra todas las formas de discriminación;

.Caráter laico del Estado;

.Universalidad de los servicios y beneficios ofrecidos por el Estado;

.Participación activa de las mujeres en todas las fases de las políticas públicas;

.Transversalidad como principio rector de todas las políticas públicas.

La aplicación de políticas públicas específicas de género propuestas por el PNPM, busca dialogar con todas las esferas gubernamentales e institucionales, así como con toda la sociedad.

Este importante Plan es el resultado de una gran lucha por las mujeres que se han movilizado desde el principio del siglo XXI, contra todas las situaciones de opresión y discriminación, exigiendo el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, ya sea individualmente o para el grupo.

Las acciones firmadas en el PNPM, para el enfrentamiento de todas las formas de violencia contra la mujer, son:

  1. Garantizar y proteger los derechos de las mujeres en situación de violencia considerando las cuestiones étnicas, raciales, de genero de orientación sexual, de discapacidad y de inserción social, económica y regional.
  2. Garantizar la aplicabilidad de la Ley Maria de La Peña, mediante la difusión de la ley y el fortalecimiento de los instrumentos de protección de los derechos de las mujeres en situación de violencia.

III. Ampliar y fortalecer los servicios especializados, integrar y articular los servicios y instituciones de atención a las mujeres en situación de violencia, especialmente las mujeres del campo.

  1. Proporcionar a las mujeres en situación de violencia una atención humanizada, integral y cualificada en los servicios especializados y en la red de atención.
  2. Deconstruir mitos y prejuicios en relación a la violencia contra la mujer, promoviendo un cambio cultural a partir de la diseminación de actitudes igualitarias y valores éticos de irrestricto respeto a las diversidades y de valorización de la paz.
  3. Identificar y responsabilizar a los agresores de las mujeres que sufren violencia doméstica y sexual.

VII. Prestar atención a las mujeres que tienen sus derechos humanos y sexuales violados, garantizando los derechos sexuales y los derechos reproducidos en la perspectiva de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su sexualidad.

VIII. Garantizar la inserción de las mujeres en situación de violencia en los programas sociales en las tres esferas de gobierno, para fomentar su independencia y autonomía.

En lo que se refiere a las Metas del PNPM, pueden ser citadas:

.En el 30% el número de servicios especializados en atención a la mujer en situación de violencia (Delegaciones Especializadas de la Mujer, Centros Especializados de las Mujeres en Situación de Violencia, Servicios de Abrigamiento, Juzgados Especializados en Atención a la Mujer en situación de violencia, Fiscalías Especializadas de la Mujer, Defensoría Especializada de la Mujer, Servicios de Salud dirigidos a la Atención a las mujeres y adolescentes en situación de violencia doméstica y sexual).

Estimular que al menos el 10% de los municipios tengan algún tipo de servicio especializado de atención a la mujer en situación de violencia, contemplando los municipios polos, territorios de la ciudadanía y fronteras secas.

.Ampliar y perfeccionar el Ligue 180 para que se convierta en un Disque Denuncia, expandiendo su atención a mujeres brasileñas en el exterior.

.Asegurar, en las 27 Unidades de la Federación, la existencia de establecimientos penales femeninos de acuerdo con los patrones físicos y funcionales que garanticen la salud y dignidad de las mujeres en situación de prisión.

. Asegurar, en todos los municipios brasileños, la existencia de por lo menos un Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS).

Líneas de acción:

.Ampliación y fortalecimiento de la red de servicios especializados de atención a las mujeres en situación de violencia.

.Promoción de la implementación de la Ley nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Ley Maria da Penha.

.Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y acceso a la justicia a las mujeres en situación de violencia.

.Enfrentamiento a la explotación sexual y la trata de mujeres.

.Promoción de la autonomía de las mujeres en situación de violencia y la ampliación de sus derechos.

En ese sentido, los consejos dirigidos a la defensa de los derechos de las mujeres que también están presentes en las esferas Municipales, Estatales y Distrital, a pesar de que aún no están generalizados en el país, deben considerar que el monitoreo de las políticas para las mujeres debe ser realizado en esos tres niveles, como estrategia fundamental para la real implementación de esas políticas, considerando que hay diferentes atribuciones entre esos entes federados. El movimiento femenino, como parte de su acción en pro de las políticas para las mujeres, ha mostrado que este es un camino a seguir.

            El Plan Nacional de Políticas para las mujeres contempla, como política pública, el esfuerzo de las mujeres brasileñas en su búsqueda incesante por la igualdad de género, resaltando las especificidades raciales, étnicas, generacionales, regionales y de orientación sexual y la importancia que cada uno de estos temas tienen para la configuración de las políticas públicas para las mujeres, con el fin de hacerlas igualmente beneficiarias de los avances a ser conquistados por la lucha colectiva y empoderamiento femenino.

 

 

6.1 Central de la Mujer y el Dispositivo Haz Clic 180.

La Central de Atención a la Mujer – Ligue 180 – es una importante herramienta colaborativa y de utilidad pública, dirigida al combate de la violencia contra las mujeres.

Desde marzo de 2014, el Ligue 180 actúa como disque-denuncia, con capacidad de envío de denuncias a la Seguridad Pública, con copia al Ministerio Público de cada estado.

Se trata de un servicio gratuito, con funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el cual puede ser accionado desde cualquier lugar de Brasil y de más de 16 países como: Argentina, España, Bélgica, EE.UU. (San Francisco), Francia, Guyana Francesa, Holanda, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Noruega, Paraguay, Portugal, Suiza, Uruguay y Venezuela.

El objetivo principal de este canal es recibir las denuncias de violencia, quejas de servicios de la red de atención al Ligue 180 y de orientar a las mujeres sobre sus derechos y legislación vigente, orientando y encaminando hacia otras asistencias, cuando sea necesario.

En resumen, el Ligue 180 es la puerta principal de acceso a los servicios integrados a la Red Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra la Mujer.

La Ley Maria da Penha, siendo imprescindible para la formulación de políticas públicas por parte del Gobierno Federal, en esa área de actuación.

Otro importante servicio, en lo que se refiere al combate a la violencia contra la mujer, es la aplicación: Haga clic en 180, siendo éste, un importante dispositivo, el cual ofrece informaciones sobre qué hacer en caso de violencia contra las mujeres.

Desarrollado por la ONU Mujeres – entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres-, en asociación con la Secretaría de Políticas para las Mujeres de la Presidencia de la República y apoyo de la Embajada Británica, el Clic de 180 atiende tanto a mujeres en situación de género violencia, como personas que no comprimen y quieran ayudar denunciando las agresiones.

Se trata de una herramienta colaborativa que, además del acceso a la central de la SPM – * LIGUE 180, recibe denuncias y proporciona orientaciones.

Los siguientes servicios están disponibles en la aplicación Haga clic en 180:

.Información sobre los tipos de violencia contra las mujeres.

.La ubicación de los servicios de la Red de Atención y la ruta física para llegar a ellos.

.La detallada información sobre cómo actuar y qué tipo de servicio busca en cada caso de violencia contra las mujeres.

.Un botón para conectar directamente al 180 – Centro de Atención a la Mujer para informaciones y denuncias.

.La Ley Maria da Penha – 11.340 / 2006.

Una herramienta colaborativa para mapear los lugares de la ciudad que ofrecen riesgos a las mujeres.

Esta aplicación es permanente y está disponible para los sistemas IOS de Iphone y Android de los demás smartphones. Se puede descargar en el Apple Store o en Google Play. Para ello basta con teclear 180 y seguir los pasos de instalación.

¡Vivir sin violencia es un Derecho de la Mujer!

¡Vivir sin violencia es un Derecho Humano!

 

7 DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ – 1994.

 

El deber de los Estados de promulgar y aplicar leyes que prohíben y penalizan la violencia contra las mujeres está claramente establecido en numerosas convenciones, declaraciones y tratados internacionales.                La Convención de Belém do Pará, adoptada en Brasil el 9 de junio de 1994, entiende por violencia contra la mujer cualquier conducta basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.                 En el artículo 1 de la Declaración para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en la Vigésima Quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer permea a todos los sectores de la sociedad, independientemente de clase, grupo étnico, renta, cultura, nivel educativo, edad o religión, y afecta a sus propias bases.                Cualquier tipo de violencia contra la mujer constituye una ofensa contra la dignidad humana y la erradicación de la violencia en razón de género es imprescindible para el desarrollo de la sociedad, a fin de que ésta pueda evolucionar de forma igualitaria, fraterna y democrática.                Para la adopción de las medidas para la eliminación de la violencia por razón de género, los Estados miembros tendrán especialmente en cuenta la situación de la mujer vulnerable a la violencia por su raza, origen étnico o condición de migrante, de refugiada o de desplazada, entre otros motivos. También se considerará sometida la violencia a la gestante, deficiente, menor, anciana o en una situación socioeconómica desfavorable, afectada por situaciones de conflicto armado o de privación de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 9, Capítulo III – Deberes del Estado – Convención de Belém del Estado – Pará -1994.                Se trata de una relevante Convención, la cual es fundamental para Brasil para prevenir, castigar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, en el marco de la Organización de los Estados Americanos – OEA, constituyendo un importante papel, en lo que se refiere a la protección De los Derechos de la Mujer y la lucha contra la violencia en razón de sexo femenino.                Mujeres latinoamericanas que viven en Brasil: la Ley Maria de La Peña también es para ustedes.                La violencia no se rompe sola. Denuncie.

 

 

8 LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH).

 

En el mes de abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de derechos humanos y deberes en Bogotá, Colombia, el primer documento internacional de carácter general. La CIDH fue creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960.

 

En 1961, la CIDH comenzó a realizar visitas in situ para observar la situación general de los derechos humanos en un país o para investigar una situación particular. Desde entonces, 69 visitas se han llevado a cabo a 23 países miembros. En relación con sus observaciones generales sobre la situación de cada país, la CIDH publica informes especiales, habiendo publicado hasta esta fecha 44.

 

La CIDH ha sido expresamente autorizada para recibir y enjuiciar quejas o peticiones sobre casos individuales desde 1960. Las alegaciones se referían a violaciones de derechos humanos.

 

En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre derechos humanos, que entró en vigor en 1978 y que fue ratificada en septiembre de 1997 por 25 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, el Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. La Convención define los derechos humanos que los Estados de ratificación emprenden internacionalmente para respetar y proporcionar garantías de cumplimiento. En el mismo documento se creó la Corte Interamericana de derechos humanos, definiendo las asignaciones y procedimientos tanto para la corte como para la CIDH. La CIDH mantiene competencias adicionales antes de la Convención y no se deriva directamente de ella, entre ellas, para enjuiciar las peticiones individuales de los Estados que aún no forman parte de la Convención.

 

La función principal de la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) es promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato:

 

  1. Recibir, analizar e investigar las peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos, de conformidad con los artículos 44 a 51 de la Convención;

 

  1. Observar el cumplimiento general de los derechos humanos en los Estados miembros, y cuando considere oportuno publicar información especial sobre la situación en un determinado Estado.

 

  1. Realizar visitas in situ a países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar una situación particular. Estas visitas suelen resultar en la preparación de un informe respectivo, que se publica y se envía a la Asamblea General.

 

  1. Estimular la sensibilización de los derechos humanos en los países de América. Además, la realización y publicación de estudios sobre temas concretos tales como: medidas para garantizar una mayor independencia del poder judicial; Actividades de grupos armados irregulares; La situación de los derechos humanos de los menores, las mujeres y los pueblos indígenas.

 

  1. Emprender y participar en conferencias y encuentros con diversos tipos de representantes gubernamentales, universidades, organizaciones no gubernamentales. Difundir y analizar temas relacionados con el Sistema Interamericano de derechos humanos.

 

  1. Formular recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a la promoción y garantía de los derechos humanos.

 

  1. Exigir a los Estados miembros que adopten medidas de protección específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. También puede solicitar que la Corte Interamericana exija “medidas provisionales” de los gobiernos en casos urgentes de grave peligro para las personas, aun cuando el caso no haya sido sometido a juicio.

 

  1. Remitir los casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actuar contra el Tribunal en determinadas controversias.

 

  1. Solicitar “dictámenes consultivos” a la Corte Interamericana sobre aspectos de interpretación de la Convención Americana.

 

El juez brasileño Dr. Roberto Caldas, Presidente de la CIDH, tiene como objetivo priorizar la divulgación de sentencias judiciales entre los operadores de Justicia de los países que han ratificado el mencionado Convenio, ya que el texto aprobado es poco conocido y aplicado por los Estados miembros, entre los cuales Brasil.

 

En la actualidad, más de la mitad de los recursos de la corte se obtienen a través de la cooperación y las donaciones de los países europeos,

 

Uno de los mayores retos, es convencer a los países americanos de que amplíen sus contribuciones para que los proyectos importantes no sean cancelados o aplazados.

 

Las estadísticas muestran que sólo el 1% de las quejas presentadas a la Comisión Interamericana están llegando a juicio judicial. La mayor visibilidad de la CIDH es urgente, haciéndola más accesible.

 

Después de ser ratificado por cualquier país, las normas internacionales tienen el mismo rigor que las leyes locales del país. La Convención Americana, conocida como el Pacto de San José, trae principios fundamentales para la protección y promoción de los derechos humanos. Al equiparar las constituciones nacionales, es obligatorio y todos los operadores de justicia están obligados a aplicarlo. La no aplicación de la norma puede conducir a un país que la haya ratificado, a ser condenado en la Corte Interamericana.

 

 

CONCLUSIÓN

 

Este ensayo fue elaborado con el objetivo de demostrar la importancia del amparo en Brasil, basado en la defensa de los Derechos Humanos en casos de violencia intrafamiliar y la urgencia al que se refiere la implementación de políticas públicas, como un instrumento fundamental en el combate a la violencia doméstica y familiar y sus implicaciones en el escenario actual brasileño.

Urge la necesidad de romper el silencio y denunciar a los agresores. Se hace necesario un esfuerzo conjunto del Estado, autoridades y sociedad para combatir cualquier tipo de violencia por razón de género.

La violencia doméstica es un gran mal que asola a las familias brasileñas, pero para combatirla es necesario que una sociedad tenga conciencia crítica, ciencia de sus derechos y deberes, así como el sentido de justicia, a fin de no perjudicar a otro, con el fin de hacer prevalecer intereses ilícitos.

Tanto hombres como mujeres son importantes para la construcción de una sociedad y la lucha por la igualdad de género, no requiere la exaltación de uno en detrimento de otro, ya que sería un tanto contradictorio, siendo la defensa de la causa por isonomía de derechos, ya garantizados por nuestra Carta Magna.

Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que evaluó 83 países, el Brasil ocupa la 5ª posición, con una tasa de 4,8 homicidios por 100 mil mujeres, evidenciando la gran violencia que existe en el país. En los números presentados en el mapa del ranking de la violencia (OMS), el Brasil sólo está detrás de tres países latinoamericanos: El Salvador, Colombia, Guatemala y la Federación Rusa, que evidencian tasas superiores a las de nuestro país.                La mayor visibilidad de la CIDH es urgente, haciéndola más accesible. Las estadísticas muestran que sólo el 1% de las quejas presentadas a la Comisión Interamericana están llegando a juicio judicial.                 Los derechos sociales fueron el resultado de muchas luchas y conquistas a lo largo de la historia. Sin embargo, la plena igualdad entre todos los ciudadanos, sólo fue garantizada en el siglo XX. En un mundo globalizado, tanto hombres como mujeres son importantes para la construcción de una sociedad digna y justa, con igualdad de derechos.

 

Las mujeres de hoy estudian, trabajan en vários sectores, asumiendo muchos papeles en su cotidiano, como hijas, esposas y madres, incluso las amas de casa, que ejercen la dirección del hogar, poniéndolas en posición de igualdad con sus compañeros.

 

Es inaceptable cualquier forma de violación de los Derechos Humanos, así como cualquier forma de violencia, siendo ésta: física, psicológica, sexual, patrimonial o moral.

 

Que la dignidad y la justicia, formen parte de nuestras vidas y que seamos valientes para denunciar y reivindicar nuestros derechos previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en la defensa de los Derechos Constitucional y Fundamental, actuando como agentes de cambios juntamente con las autoridades de la Comisión Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos. Cualquier persona – grupo de personas u organización – por sí misma o en representación de otra, puede presentar una petición para denunciar una violación a los derechos humanos en contra de uno o más Estados de la OEA.

En este sentido, se concluye que debe prevalecer la justicia en la protección y defensa de los Derechos Humanos, contra toda y cualquier tipo, basado en la defensa de los Derechos Humanos y el amparo en Brasil en los casos de violencia intrafamiliar.

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos: https://cidh.oas.org

2 OEA – Comisión Interamericana de Derechos Humanos: http://www.oas.org/es/cidh/

3 Estadísticas de violencia. Jornal do Senado. Edición del 04 de julio de 2013. En línea: http://www12.senado.leg.br/jornal/edicoes/especiais/2013/07/04, Brasília: Senado Federal, 2013, p 2.4 FERNANDES, Maria de La Peña Maia. Jornal do Senado. Edición del 04 de julio de 2013. En línea: http://www12.senado.leg.br/jornal/edicoes/especiais/2013/07/04, Brasília: Senado Federal, 2013, pp 2-3.

5 http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/02/juiz-brasileiro-assume-presidencia-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos-9508.html

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10 http://www.onumulheres.org.br/

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29 HERKENHOFF, J.B., Abc da cidadania, Editado pela Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória.

30 SAMPAIO, Martin de Almeida. Globalização Sociedade e Barbárie. Refugiados Imigrantes e Igualdade dos Povos. Estudos em Homenagem a António Guterres. Local. Editora Quartier Latin, Ano 2016. P. 1050-1051.

31 PINSK, J – História da cidadania, Editora contexto, 2003.

32 LÍDICE, Roberta. Feminícidio: a importância da perícia criminal para a tipificação do crime Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 21n. 469711 maio 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/48682&gt;. Acesso em: 13 maio 2016.

33 https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria

34 http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/violenciacontramulher/

35 http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/13076Biblioteca Digital.

36 Dicionário de políticas públicas / Organizadores: Carmem Lúcia Freitas de Castro, Cynthia Rúbia Braga Gontijo, Antônio Eduardo de Noronha Amabile. Barbacena: EdUEMG, 2012. 242f.

37 Curso de Formação em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça | GPP-GER. Módulo 4, Unidade 3. Texto 2.

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